El Gobierno se prepara para atender a familias con vulnerabilidad alimentaria.
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El Gobierno prepara una primera compra de aproximadamente 600 mil raciones de alimentos para atender a las familias que resulten afectadas por la sequía prolongada, informó el ministro de Desarrollo Social Abelardo Pinto, durante una citación desarrollada en el Congreso de la República.
El funcionario explicó que ya se inició la coordinación entre el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) para poner en marcha el mecanismo de atención.
Presupuesto
Además, el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) trasladó Q500 millones a Conred, recursos que serán utilizados para la compra de alimentos.
Pinto detalló que estos fondos no corresponden al presupuesto ordinario del Mides, sino a saldos o economías del presupuesto nacional que estaban disponibles para atender emergencias.
La distribución de las raciones se realizará conforme los municipios reporten la situación y activen las alertas correspondientes.
Las autoridades también elaborarán listados nominales de las familias afectadas para dirigir la ayuda a las poblaciones que requieran atención.
Pinto indicó que la estrategia comenzará a implementarse a partir de noviembre, pero antes se tendrá una reunión con gobernadores departamentales la próxima semana.
Afectación progresiva
También explicó que la afectación por la sequía ha sido progresiva y las autoridades buscan adelantarse a un posible agravamiento de la situación.
En ese sentido, también esperan las proyecciones del Insivumeh sobre un posible fenómeno de El Niño, que podría generar mayores dificultades para la producción de alimentos, principalmente en el área rural.
Pinto también hizo un llamado a las municipalidades y otros actores locales para que se sumen a la atención de las familias afectadas.
Señaló que la respuesta requiere coordinación entre el Gobierno central, las autoridades departamentales y los gobiernos municipales.
