La brecha de conectividad en el país ya no es de cobertura, sino de uso. La GSMA advierte sobre los desafíos económicos, regulatorios y la importancia de mantener la certidumbre jurídica hacia 2030.
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El Global System for Mobile Communications Association (GSMA) presentó el estudio "Guatemala 2030: Políticas para la (r)evolución digital", un informe que analiza la década de avances en conectividad del país y propone diez recomendaciones de política pública para acelerar la inclusión digital.
En entrevista con Soy502, Lucas Gallitto, director regional para América Latina y el Caribe de GSMA, abordó los hallazgos de esta hoja de ruta, destacando la urgencia de superar las trabas municipales de infraestructura y definiendo el espectro radioeléctrico como un insumo estratégico que requiere certeza jurídica para atraer inversiones hacia el año 2030.
¿Qué radiografía arroja este informe sobre el estado actual del internet móvil en Guatemala?
La brecha de cobertura es de apenas 5%, lo que significa que casi toda la población tiene señal. Sin embargo, el verdadero reto es la brecha de uso: el 49% de los guatemaltecos vive en zonas con cobertura, pero no utiliza el servicio. Actualmente, solo un 46% de la población está efectivamente conectada.
¿Qué factores económicos impiden esa conexión y cómo influye el 5G en la economía?
La principal barrera económica es el costo de los dispositivos móviles, encarecidos por la escasez global de microchips y una alta carga impositiva que aún los considera bienes suntuosos, a diferencia de las tarifas del servicio, que hoy son accesibles.
En cuanto al 5G, representa un activo estratégico para la competitividad y la eficiencia de los procesos productivos, aunque su adopción industrial sigue siendo un desafío en la región.
¿Cómo afectan los permisos municipales al despliegue de redes y qué incentivos se necesitan?
La falta de criterios homogéneos entre municipalidades es uno de los mayores obstáculos para ampliar la conectividad. Más que sanciones, se requieren incentivos positivos para que las autoridades locales comprendan que la conectividad de calidad es un motor de desarrollo indispensable, similar a las carreteras, la energía o la educación.
¿Cómo debe fijarse el precio del espectro radioeléctrico si no busca recaudación fiscal?
El espectro es el oxígeno de los servicios móviles, pero no tiene un valor en sí mismo ni cotiza en un mercado internacional como el café o el oro. Su valoración debe estar alineada con las políticas públicas de conectividad del país.
Si el objetivo es conectar a más ciudadanos, más rápido y con mejor tecnología, el precio del espectro debe ser compatible con esa visión para no restar capital a la inversión en redes de telecomunicaciones.
¿Qué impacto tendría revisar las subastas de espectro de 2023 en la inversión extranjera?
Cuestionar adjudicaciones previas que cumplieron con el marco legal genera una incertidumbre jurídica dañina para una industria de capital intensivo. Los precios pagados en Guatemala en 2023 estuvieron dentro de los rangos típicos regionales, e incluso por encima de referentes como Brasil y Chile.
Para garantizar la estabilidad hacia 2030, el país necesita certidumbre, simplificación de permisos y una hoja de ruta clara para nuevas frecuencias.
