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Esto dice el informe presentado por Consuelo Porras a Bernardo Arévalo

  • Por Jessica Gramajo
24 de enero de 2024, 12:12
Bernardo Arévalo
La Fiscal General Consuelo Porras no acudió a la cita con Bernardo Arévalo. (Foto: Archivo/Soy502)

La Fiscal General Consuelo Porras no acudió a la cita con Bernardo Arévalo. (Foto: Archivo/Soy502)

La Fiscal General Consuelo Porras se negó a acudir a la cita con el presidente Bernardo Arévalo y en su lugar envió un informe.

EN CONTEXTO: Presidencia recibe informe de Consuelo Porras y aún guardan silencio

La Fiscal General Consuelo Porras no sólo se negó a asistir a la cita solicitada por el presidente Bernardo Arévalo, sino que envió un informe el cual fue firmado por el Secretario General del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, y no por ella; y por si fuera poco, no respondió a sus preguntas, sino que lo envió a revisar el portal web del ente investigador.

La cita había sido programada para este miércoles 24 de enero a las 10 horas, en su lugar la Fiscal General publicó un video en donde no sólo rechazó la invitación argumentando la división de poderes, sino que adelantó que "no renunciará" a su cargo, tal como lo ha solicitado públicamente Arévalo.

En su informe la Fiscal General aclara que "previamente a dar respuesta a los aspectos relacionados en el oficio" del mandatario, resalta que "cualquier interacción del MP con el resto de las entidades estatales, debe estar basada y contenida en" la Ley Orgánica de esa institución y en la Constitución "atendiendo el principio de legalidad".

Además, recuerda en varios puntos que el MP tiene "autonomía" de acción y que está establecido en la Constitución y en "términos expresados por la Corte de Constitucionalidad en diferentes resoluciones".

"En consecuencia, y al tenor de la normativa y jurisprudencia... es imperativo señalar que, de conformidad con la Ley Orgánica del MP, el Fiscal General, únicamente, deberá informar anualmente a los ciudadanos sobre el resultado de su gestión, y para el efecto deberá publicar una memoria de labores y además, remitir un ejemplar al Presidente de la República, hecho que ha cumplido a cabalidad", refiere el oficio.

Al mismo tiempo, hace referencia que según el Código Penal "todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños, las actuaciones, en consecuencia sólo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les haya dado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios legales; el incumplimiento de esta obligación será considerada como falta grave".

Y finalmente, envía a consultar la página web del MP para conocer los temas relacionados con el actuar del ente investigador y recita varios de los puntos contenidos en el último informe presentado por esa institución.

Incluso, exhorta a Arévalo a acudir al MP para presentar denuncias si "cuenta con información de anomalías", pues de esa forma, se pondrá en "conocimiento a los fiscales que corresponda".

¿Qué pidió Arévalo?

En la carta enviada por la presidencia se solicitaba a la Fiscal General un informe sobre cuatro puntos específicos:

  1. Avances de Procesos penales vinculados a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): información sobre el progreso de los procesos penales investigados por el Ministerio Público en cumplimiento de las órdenes de la CIDH.
  2. Criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa: se requiere un análisis detallado de la política de persecución penal relacionada con el derecho humano a la libertad de expresión y prensa.
  3. Investigación sobre la compra de vacunas Covid-19: información sobre la existencia de una investigación penal relacionad con el proceso de adquisición de vacunas contra el Covid-19 como pagos de sobornos con fondos del erario, la falta de planificación para la campaña de vacunación y los retrasos en la entrega del producto, vulnerado así el derecho a la vida.
  4. Protocolo de actuación ante medidas cautelares de la CIDH: detalles respecto del protocolo de actuación del Ministerio Público al recibir notificaciones de medidas cautelares decretadas por la CIDH para personas consideradas víctimas de la afectación de sus derechos fundamentales.
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