La iniciativa 6816 propone en el Congreso la Ley de Aguas de Guatemala para regular, proteger y administrar descentralizadamente el recurso, garantizando el consumo humano.
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La iniciativa 6816, presentada en el Congreso, propone una nueva Ley de Aguas para regular el uso, aprovechamiento, protección y administración del recurso hídrico en el país.
El proyecto se ampara el artículo 127 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que todas las aguas son bienes de dominio público y que una ley debe definir las reglas para su gestión.
Sin embargo, señala que pese a ese mandato constitucional, Guatemala aún no cuenta con una legislación integral sobre el agua.
La propuesta sostiene que esta ausencia ha limitado la capacidad del Estado para enfrentar problemas como la contaminación de ríos y lagos, la sobreexplotación de mantos acuíferos, los conflictos por el acceso al recurso y los efectos del cambio climático.
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La prioridad del acceso al agua
Uno de los principales objetivos de la iniciativa es garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento.
El proyecto establece que el Estado deberá asegurar el acceso a agua suficiente, segura, accesible y asequible para toda la población, además de promover servicios adecuados de saneamiento.
La propuesta también incorpora principios como la sostenibilidad, la equidad, la participación ciudadana, la transparencia y la interculturalidad para orientar la gestión del recurso.
Asimismo, plantea crear sistemas nacionales de información e inventarios que permitan conocer la disponibilidad, calidad y usos del agua en el territorio nacional.
Ente regulador
El proyecto plantea crear una institución encargada de administrar el recurso hídrico a nivel nacional. Entre sus funciones estaría otorgar licencias para el aprovechamiento del agua, coordinar la planificación del recurso y mantener un registro nacional sobre los derechos de uso.
La iniciativa crea un registro de derechos de aprovechamiento de agua, donde quedarían inscritos los permisos, modificaciones y transferencias relacionadas con el uso del recurso con el fin de brindar mayor certeza jurídica y mejorar el control sobre su aprovechamiento.
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¿Cuándo se necesitará una licencia?
El uso común comprende el consumo personal y familiar, como beber, cocinar, la higiene, pequeños cultivos de subsistencia o la captación de agua de lluvia. Estos usos no requerirían autorización ni el pago de cánones.
En cambio, las actividades productivas o económicas sí estarían sujetas a una licencia otorgada por la autoridad competente.
La iniciativa incorpora procedimientos de consulta para proyectos que puedan afectar significativamente a pueblos indígenas y los recursos naturales que utilizan tradicionalmente.
Esto aplicaría a determinadas obras de infraestructura hídrica vinculadas con el aprovechamiento del agua.
Esta iniciativa prioriza en tres nivel el uso del agua:
- Garantiza el derecho humano al agua y las necesidades de subsistencia y agricultura familiar.
- Prioriza el abastecimiento para los sistemas municipales de agua potable y los sistemas comunitarios.
- Solo después de esos dos puntos podrían autorizarse otros aprovechamientos especiales.
Esta iniciativa reconoce los sistemas comunitarios de gestión del agua y las formas tradicionales de administración desarrolladas por comunidades indígenas y rurales, con el propósito de otorgarles reconocimiento dentro del marco legal.
También regula las condiciones para obtenerla, renovarla, transferirla o extinguirla, además de establecer obligaciones para proteger las fuentes de agua durante su aprovechamiento
La iniciativa incorpora medidas para conservar los ecosistemas relacionados con el agua como la creación de zonas de protección hídrica, zonas de veda y la definición de caudales ecológicos para preservar ríos, lagos y acuíferos.
Además, promueve la restauración de cuencas, el tratamiento de aguas residuales y otras acciones orientadas a mejorar la calidad del recurso.
Financiamiento e infraestructura
Además, contempla la creación de un Plan Nacional de Infraestructura Hidráulica Pública, que serviría para desarrollar obras de almacenamiento, tratamiento de aguas residuales, restauración de cuencas y otras acciones destinadas a fortalecer la seguridad hídrica del país.
Los recursos recaudados integrarían un Fondo del Agua para financiar proyectos de conservación, investigación, monitoreo y fortalecimiento institucional, además de crear incentivos para quienes desarrollen acciones de protección ambiental.
Voluntad Política
La diputada Mercedes Monzón, ponente de la iniciativa e integrante de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso mencionó que el contexto preelectoral podría dificultar la discusión de iniciativas de gran alcance.
Sin embargo, considera que dentro del Congreso existe voluntad política de varios diputados distritales que han manifestado interés en atender problemas relacionados con el acceso al agua.
Además, explicó que la aprobación de la iniciativa sobre Ley de Aguas requerirá amplios consensos en el Congreso para lograr los 107 votos necesarios pues se trata de una normativa con implicaciones para diversos sectores económicos y sociales.
Asimismo, hizo mención de que el objetivo de esta iniciativa no es frenar la actividad económica ni al sector privado, sino establecer reglas para proteger un recurso que es indispensable para la población.
"La normativa se dedicará específicamente al resguardo del agua para consumo humano... para el sector privado tampoco va a ser algo que afecte directamente, porque lo que menos se busca es frenar la economía del país", expresó.
