Fiscalía argumenta que cobro de una deuda no justifica la privación de libertad de una persona ni las exigencias económicas para liberarla.
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El juez Eduardo Orozco, del Juzgado de Mayor Riesgo B, aceptó la solicitud del Ministerio Público (MP) para modificar la calificación jurídica de detenciones ilegales al delito de plagio o secuestro contra tres personas señaladas de participar en el secuestro de un hombre ocurrido en julio de 2024, en Izabal.
La resolución judicial afecta a Johao Carlos Martínez Nolasco, de 31 años, señalado como presunto cabecilla de la estructura criminal; Williams René Lucero González, de 28 años, identificado como supuesto segundo al mando y Jeferson Alexander Rodríguez Zapata, de 30 años.
Los sindicados fueron enviados a prisión, luego de que el juzgador aceptara los argumentos presentados por la Fiscalía contra Secuestros, que cuestionó la calificación jurídica que anteriormente se había otorgado a los hechos investigados.
Durante la audiencia, la representación del MP sostuvo que existen suficientes elementos para considerar que las acciones atribuidas a los sindicados corresponden al delito de plagio o secuestro, debido a la privación de libertad de la víctima y las exigencias económicas realizadas a sus familiares.
Uno de los principales argumentos de la Fiscalía fue que el supuesto cobro de una deuda, señalado anteriormente por la defensa, no constituye una justificación legal para mantener a una persona privada de libertad y exigir dinero o bienes a cambio de su liberación.
La Fiscalía contra Secuestros argumentó que el supuesto cobro de una deuda no justifica la privación de libertad de una persona.
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Según la investigación, los presuntos responsables exigieron US$200 mil (Q1.53 millones) y otros bienes para liberar a la víctima, identificada como Hélder Orlando Chacón Huelches, conocido como "Don Orlando".
El MP indicó que durante las diligencias no logró establecer que efectivamente existiera la deuda mencionada por la defensa. Además, sostuvo que, incluso si hubiera existido una obligación económica, esta debía reclamarse mediante los mecanismos legales correspondientes.
La Fiscalía argumentó que ninguna disposición legal permite utilizar la privación de libertad como mecanismo para exigir el cumplimiento de una obligación económica.
Asimismo, señaló que la entrega de dinero o bienes por parte de la víctima o sus familiares no elimina la posible responsabilidad penal de quienes participaron en los hechos.
Durante su intervención, el Ministerio Público también expuso elementos relacionados con la presunta organización de los implicados y la distribución de funciones dentro de la estructura criminal.
Según la Fiscalía, las investigaciones documentaron actividades de planificación, coordinación y participación de más de tres personas, mediante escuchas telefónicas, seguimientos policiales y otros procedimientos de investigación.
La representación fiscal señaló que Martínez Nolasco y Lucero González habrían desempeñado funciones de coordinación y dirección, mientras que otros integrantes presuntamente participaron en labores de vigilancia y custodia de la víctima.
Con estos argumentos, el MP también solicitó que se considerara el delito de asociación ilícita, al sostener que existían indicios de una estructura organizada para cometer actividades delictivas.
No obstante, la información proporcionada sobre la resolución judicial confirma la modificación de la calificación jurídica a plagio o secuestro, sin precisar si el juzgador también aceptó la petición relacionada con asociación ilícita.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el 7 de julio de 2024, varios hombres que utilizaban pasamontañas ingresaron a la vivienda de la víctima, de aproximadamente 50 años, y la privaron de libertad.
Posteriormente, fue trasladada a Río Dulce, Izabal, donde permaneció cautiva durante seis días.
Las investigaciones establecieron que el lugar utilizado para mantenerla retenida era una finca vinculada al presunto cabecilla de la estructura criminal, en la cual también funcionaban actividades comerciales relacionadas con la venta de cerdos y una discoteca.
*Con información de Wilder López
