La cartera de Comunicaciones señala que los daños que sufre la infraestructura existente por distintos motivos es un desafío.
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Mientras el Gobierno busca reactivar obras abandonadas y poner en marcha corredores estratégicos, debe destinar capacidad técnica, maquinaria y recursos a atender una red afectada por el paso del tiempo, la falta de mantenimiento acumulado, lluvias y accidentes de tránsito.
Durante 2026, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ha anunciado el reinicio o la ejecución de obras que buscan ampliar la conectividad.
Entre ellas figura el Viaducto Norte, antes denominado Puente Belice II, cuya construcción fue reactivada el 26 de agosto tras permanecer detenida durante dos años.
El proyecto contempla un puente de 270 metros y tramos de dos niveles, con una proyección para integrar el paso del MetroRiel.
También está la ampliación a cuatro carriles de la CA-9 Norte entre El Rancho, El Progreso, y Teculután, Zacapa, adjudicada en agosto por Q990.5 millones.
La obra forma parte del corredor hacia el Atlántico, por donde se moviliza una parte importante de la carga de exportación e importación del país.
En el occidente, el CIV reportó el inicio del tramo Calel-Pologuá, entre San Carlos Sija, Quetzaltenango, y Momostenango, Totonicapán, una carretera rural de unos 11 kilómetros.
En Huehuetenango, se reactivó el 15 de mayo el tramo entre Piedras de Captzin y San Pedro Soloma, que había permanecido suspendido por más de dos años y medio.
Asimismo, se firmaron contratos para la pavimentación de la ruta entre San Mateo Ixtatán y Yalambojoch, Nentón, y se anunció el asfaltado de la conexión entre Cuilco, Huehuetenango, y Concepción Tutuapa, San Marcos.
A estas intervenciones se suma el paso a desnivel de la calzada Roosevelt, cuya obra fue inaugurada el pasado 19 de agosto, luego de varios años paralizada.
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El conjunto de proyectos refleja la apuesta oficial por recuperar contratos paralizados, ampliar corredores y resolver cuellos de botella que afectan la movilidad y la economía.
Sin embargo, esa agenda se desarrolla mientras la infraestructura ya existente continúa presentando daños.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó que, desde el inicio de la época lluviosa hasta el 27 de agosto, se contabilizaban 354 carreteras y 25 puentes afectados, para un total de 379 infraestructuras viales impactadas.
Los casos registrados este año muestran que el problema no se limita al clima, pues en enero, un hundimiento en el kilómetro 281.3 de la CA-13, entre el puente Río Dulce y la aldea La Libertad, Izabal, obligó a restringir el paso.
Covial atribuyó el daño a deficiencias en drenajes privados, el taponamiento de una tubería transversal y la antigüedad de esa estructura.
En marzo, las lluvias arrastraron un tramo de la ruta Cito-Zarco, entre Quetzaltenango y Retalhuleu, en los kilómetros 189 y 189.5.
La emergencia también destruyó un paso provisional y volvió a interrumpir una conexión clave entre el occidente y la costa sur.
En junio, un socavamiento en el kilómetro 38 de la CA-9 Norte, en San Antonio La Paz, El Progreso, dejó un carril sin soporte, con grietas, hundimientos y desprendimientos de concreto.
En el área metropolitana, el puente del Anillo Periférico sobre la calzada Aguilar Batres presentó daño estructural severo en una unión de concreto.
La evaluación visual identificó pérdida de recubrimiento, acero expuesto, corrosión, filtraciones, grietas y fisuras, el caso obligó a realizar estudios especializados para determinar la condición interna de la estructura y definir las intervenciones necesarias.
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El puente Enrique Tejada Wyld, en el kilómetro 15.5 de la CA-9 Sur, en Villa Nueva, también quedó bajo revisión luego de detectarse una deflexión o bache en el pavimento ubicado debajo de la estructura.
Las autoridades realizaron pruebas de resistencia y compactación para establecer si el daño se relaciona con problemas en el soporte de la carretera o con los hundimientos registrados en años anteriores en ese sector.
A ello se añadió el colapso del puente Güijó, en el kilómetro 111 de la CA-9 Norte, en Usumatlán, Zacapa, donde la estructura resultó inutilizable luego de una triple colisión en la que un vehículo pesado impactó el puente.
Estructura dañada es una dificultad
El viceministro de Infraestructura, Pedro Roberto Martínez, reconoció que la atención de esa red deteriorada representa una dificultad acumulada durante años.
Explicó que el CIV debe priorizar los proyectos en ejecución y verificar que los avances físicos correspondan con las erogaciones financieras, además de revisar obras heredadas con problemas administrativos, jurídicos o contractuales.
"Es un tanto complicado porque vienen de muchos años y esos problemas son acumulativos", afirmó el funcionario
Agregó que durante los meses de su gestión se han reactivado al menos 19 proyectos en la Dirección General de Caminos, sin contar las intervenciones de Covial y del Fondo Social de Solidaridad.
Martínez sostuvo que las emergencias son un riesgo inherente a la gestión vial y que la magnitud de cada caso determina la respuesta que debe adoptarse.
Sobre el puente Güijó, señaló que el CIV tuvo que diseñar y habilitar con rapidez un badén para recuperar la circulación, mientras prepara el montaje de un puente modular.
La meta, dijo, es mantener cuatro vías de circulación y concluir una estructura definitiva acorde con el diseño de la nueva ruta.
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El viceministro indicó que, para responder a emergencias, el Ministerio procura "hacer readecuaciones dentro de contratos de obras que ya están en ejecución, sin trasladar de forma directa los recursos asignados a proyectos nuevos".
Explicó que la legislación permite ampliar intervenciones mediante documentos de cambio hasta por un 20% y, en ciertos casos, mediante contratos modificatorios que pueden llegar al 40%.
Además, señaló que "Covial cuenta con 22 proyectos de obra civil, uno por departamento, que permiten atender de forma más flexible distintos tipos de intervención".
No obstante, aclaró que esos mecanismos no representan una disponibilidad ilimitada de fondos, sino partidas planificadas dentro del Plan Operativo Anual.
Martínez indicó que no se tiene una cifra consolidada sobre cuánto se ha destinado en 2026 a atender emergencias viales.
Sin embargo, consideró que ese análisis debe formar parte de los informes de transparencia del CIV.
Sobre el puente del Periférico y Aguilar Batres, precisó que la responsabilidad principal corresponde a la Municipalidad de Guatemala, pero afirmó que el Ministerio aporta estudios y asistencia técnica dentro de sus competencias.
Por último, funcionario concordó que cada socavamiento, falla estructural o accidente grave obliga a recuperar la transitabilidad de corredores ya existentes, mientras el Gobierno intenta ejecutar proyectos de largo plazo.
Por lo tanto, el desafío para la cartera de Comunicaciones es avanzar en ambas tareas sin que la atención de las emergencias desplace, retrase o encarezca las obras destinadas a ampliar la red vial.
