El Congreso analiza el Presupuesto 2027 por Q192 mil millones, mientras la Comisión de Finanzas continúa las audiencias con las instituciones que defienden los recursos solicitados.
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El Congreso se encuentra en una etapa decisiva para definir el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027.
El proyecto presentado por el Ejecutivo asciende a Q192,045.1 millones, un incremento de 13.8% respecto al presupuesto vigente de 2026 y equivalente al 17.6% del Producto Interno Bruto. La propuesta debe ser aprobada, modificada o improbada antes del 30 de noviembre.
La discusión comenzó con las audiencias de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, donde las instituciones han presentado sus necesidades para el próximo año. El análisis también busca contrastar las solicitudes con la ejecución presupuestaria de los últimos años y determinar si existe capacidad para utilizar los recursos adicionales.
En este proceso el diputado Guillermo Ralda asumió la presidencia de la Comisión de Finanzas, luego de que el diputado Julio Héctor Estrada solicitara ausentarse temporalmente del Legislativo. El relevo ocurrió mientras la comisión avanzaba en la revisión del proyecto de Q192 mil millones.
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Endeudamiento
El diputado Byron Rodríguez, integrante de la comisión, señaló que las audiencias han dejado como primeros hallazgos que las instituciones solicitan incrementos importantes. Indicó que el proyecto no puede aprobarse sin una revisión de las necesidades de cada entidad y de los posibles excedentes.
Al ser consultado sobre el análisis del endeudamiento que representa el Presupuesto 2027, consideró elevado el endeudamiento planteado y anticipó que la comisión deberá analizar posibles reducciones. La meta es concluir las audiencias y avanzar hacia una definición que permita cumplir con el plazo constitucional.
Este proyecto de presupuesto contempla un déficit fiscal de 4.4% del PIB y un fuerte incremento de la deuda bonificada.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) calcula que los bonos del Tesoro pasarían de Q23,278 millones en el presupuesto vigente de 2026 a Q42,750 millones en 2027, un aumento de 83.6%.
Según Icefi más de la mitad de la deuda bonificada, unos Q22,915 millones, se utilizaría para rubros de funcionamiento. Por esta razón recomienda al Ejecutivo explicar la solicitud para exceptuar nuevamente la prohibición de financiar gasto de funcionamiento con deuda bonificada, asimismo, solicita al Congreso revisar esta disposición.
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Principales Asignaciones
Icefi señala que las principales asignaciones se encuentran Q4,800 millones para la ampliación de Puerto Quetzal, Q3,015.4 millones para el programa Mano a Mano, Q1,000 millones para el Fondo para la Adquisición de Primera Vivienda, Q1,400 millones para estudios y proyectos de agua y saneamiento y Q2,000 millones para financiar las elecciones generales de 2027.
Sin embargo, también pone atención en los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), pues su baja ejecución y la posibilidad de acumular saldos de años anteriores podrían elevar considerablemente los recursos disponibles en 2027, un escenario que considera delicado por tratarse de un año electoral y recomienda no aprobar nuevos aportes extraordinarios para estas entidades.
Estructura del gasto público
Por su parte, Sigfrido Lee, director de la Unidad Económica de CACIF, señaló que más del 80% del presupuesto estaría destinado al funcionamiento y menos del 20% a inversión.
En su análisis, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) prevé que el crecimiento del presupuesto debe acompañarse de una revisión sobre los resultados obtenidos con los recursos que ya fueron asignados.
También ubica la distribución del gasto en 67.1% para funcionamiento, 20.1% para inversión y 12.8% para servicio de la deuda. Asimismo, estima un requerimiento de endeudamiento de alrededor de Q45 mil millones y un déficit de 4.4% del PIB.
Disciplina fiscal y transparencia
El analista económico de ASIES, Erick Coyoy, considera que el proyecto de Presupuesto 2027 fue diseñado para permitir una mayor expansión del gasto durante un año electoral. Como principal preocupación menciona que el incremento del gasto no estaría acompañado por un crecimiento similar de los ingresos.
Y mientras el Gobierno plantea aumentar de forma considerable el financiamiento mediante deuda, Coyoy señala que los bonos del Tesoro autorizados pasarían al doble.
También se suma el crecimiento de aproximadamente 14% del presupuesto frente al año vigente. Desde su perspectiva, si previamente se aprobaron medidas que reducen el crecimiento de los ingresos tributarios, con varias exoneraciones de impuestos en el Congreso, el gasto también debió ajustarse para mantener una mayor disciplina fiscal.
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Coyoy advierte que el endeudamiento no representa recursos adicionales sin costos, pues la deuda deberá pagarse en el futuro. Agrega que los gobiernos son temporales, pero las obligaciones permanecen para el Estado y, por tanto, para la sociedad.
Además, considera que Guatemala ha mantenido históricamente niveles moderados de endeudamiento mediante disciplina fiscal y que esa trayectoria no debería ponerse en riesgo con un aumento acelerado de la deuda.
También cuestiona la calidad del gasto en un año electoral, pues no existe garantía de que una expansión importante del presupuesto produzca mejores resultados para la población y plantea el riesgo de que el aumento de recursos responda a la necesidad de movilizar más fondos durante el proceso electoral.
Una misma negociación
Coyoy también vincula el escenario presupuestario con la elección de la Junta Directiva del Congreso para 2027-2028, encabezada nuevamente por Luis Contreras.
Según su percepción, los acuerdos alcanzados recientemente en el Legislativo con más de 120 diputados que respaldaron el permiso para el retorno del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, y una cantidad similar que votó por la nueva Junta Directiva, forma parte de la misma negociación.
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Agrega que estos resultados muestran que existe una capacidad de negociación entre las bancadas que puede trasladarse al Presupuesto 2027 y considera probable que el proyecto consiga los votos necesarios antes del 30 de noviembre.
Últimos detalles
Hasta el momento la Comisión de Finanzas en el legislativo todavía desarrolla las audiencias en las que las instituciones defienden sus solicitudes y los diputados pueden modificar los montos antes de que el proyecto llegue al pleno.
Mientras el presupuesto avanza hacia su etapa final, el recien reelecto presidente del Congreso, Luis Contreras, afirmó que mantendrá abiertas las puertas de la Junta Directiva y que buscará construir consensos entre las bancadas para la aprobación de los temas prioritarios para el país, en este se incluye el Proyecto de Presupuesto 2027, como los que hubo para la aprobación de la Ley Antilavado y la Ley Portuaria.
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Según el diputado Rodríguez, la elección de la nueva Junta Directiva representa una disposición para buscar acuerdos que también será necesaria para el Presupuesto 2027.
Por su parte, Coyoy considera que los diputados tendrán una responsabilidad directa en esa decisión y plantea que la ciudadanía debe exigir transparencia, fiscalización y seguimiento a la ejecución de los recursos.
También advierte que financiar de manera recurrente el gasto público con deuda creciente puede generar mayores presiones fiscales en el futuro.
Mientras tanto, el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre de 2026 para definir el presupuesto. Si no se aprueba uno nuevo, continuará vigente el presupuesto anterior.
