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Ley de Arbitraje en Guatemala: proponen reformas para evitar procesos penales

  • Por Susana Manai
24 de septiembre de 2026, 01:00
La Ley de Arbitraje vigente en Guatemala data de 1995. (Foto ilustrativa: Shutterstock) 

La Ley de Arbitraje vigente en Guatemala data de 1995. (Foto ilustrativa: Shutterstock) 

La Comisión de Economía conoció la iniciativa 6798, que plantea reformar aproximadamente el 80 % de la Ley de Arbitraje para fortalecer este mecanismo y evitar que disputas entre privados lleguen a los tribunales.

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La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso conoció este miércoles 23 de septiembre la iniciativa 6798, que propone una reforma amplia a la Ley de Arbitraje, vigente en Guatemala desde 1995.

El diputado Jorge Ayala, presidente de esa comisió, explicó que la propuesta busca fortalecer el arbitraje como mecanismo para resolver conflictos mercantiles entre particulares sin recurrir a procesos judiciales.

Según datos del Legislativo, la iniciativa plantea modificar cerca del 80 % de la Ley de Arbitraje.  

El diputado Jorge Ayala explicó que el arbitraje permite resolver voluntariamente conflictos entre particulares. (Foto: Organismo Legislativo)
El diputado Jorge Ayala explicó que el arbitraje permite resolver voluntariamente conflictos entre particulares. (Foto: Organismo Legislativo)

Además, la propuesta busca actualizar la normativa y modificar disposiciones del funcionamiento del arbitraje y los mecanismos para resolver controversias entre las partes.

Ayala señaló que la legislación vigente fue desarrollada tomando como referencia la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional que establece mecanismos para la resolución de controversias en comercio internacional.

Según el diputado, el arbitraje permite que personas individuales o jurídicas privadas acuerden voluntariamente recurrir a árbitros para resolver disputas relacionadas con sus contratos mercantiles.

El legislador indicó que uno de los objetivos de la reforma es evitar la judicialización de estos procesos.

También explicó que actualmente existe la posibilidad de presentar recursos de revisión que pueden dejar sin efecto las resoluciones emitidas por los tribunales arbitrales.

Según Ayala, esto puede afectar el propósito del arbitraje, debido a que las partes contratan árbitros precisamente para resolver sus diferencias mediante un mecanismo no judicial.

"Lo que buscamos es evitar que esa figura permita botar todo el esfuerzo de árbitros contratados por las partes", indicó. 

El diputado agregó que la reforma también busca contribuir a reducir la carga de los tribunales competentes, al permitir que determinadas controversias entre particulares sean resueltas mediante mecanismos acordados por las propias partes.

Análisis de iniciativa

Ayala mencionó que este miércoles la comisión solo presentó la iniciativa para que los diputados conocieran su contenido con la asistencia de representantes de Fundación 2020, quienes han brindado apoyo técnico a la Comisión de Economía en otras propuestas legislativas.

De acuerdo con Ayala, los especialistas compartieron sus valoraciones sobre la importancia de que Guatemala cuente con instrumentos legales actualizados.

Asimismo, adelantó que ahora se trabajará en una propuesta de dictamen. La intención es que el borrador pueda ser conocido por los diputados de la comisión en las próximas semanas y continuar con el proceso legislativo que corresponde. 

¿Qué busca la reforma?

De acuerdo con lo explicado por Ayala, la iniciativa plantea:

  • Actualizar la Ley de Arbitraje, vigente desde 1995.
  • Fortalecer el arbitraje como mecanismo voluntario para resolver disputas entre particulares.
  • Evitar la judicialización de conflictos derivados de contratos mercantiles.
  • Revisar la figura de los recursos de revisión que pueden afectar las resoluciones de los tribunales arbitrales.
  • Proteger el propósito del arbitraje, al permitir que las partes resuelvan sus controversias mediante árbitros contratados para ese fin.
  • Reducir la sobrecarga de los tribunales, al mantener determinadas disputas dentro de mecanismos de resolución acordados entre privados.

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