Una iniciativa de ley propone sustituir las multas de condenados sin recursos económicos por trabajo comunitario para reducir la sobrepoblación en las cárceles.
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Una iniciativa de ley busca permitir que las personas condenadas que no tengan capacidad económica para pagar una multa puedan sustituirla por trabajo comunitario.
La propuesta plantea reformas al Decreto 17-73 del Código Penal y el Decreto 51-92 del Código Procesal Penal.
La medida se aplicaría únicamente cuando un juez de Ejecución Penal determine que la persona no cuenta con recursos para cumplir con el pago impuesto en una sentencia.
La iniciativa también busca reducir la sobrepoblación sobre el Sistema Penitenciario (SP), debido a los casos de personas que permanecen privadas de libertad pese a haber cumplido su condena de prisión solo porque no pueden pagar las multas establecidas.
Trabajo comunitario
El trabajo comunitario tendría jornadas de entre dos y cuatro horas diarias, con un mínimo de 10 y un máximo de 20 horas semanales y el período de cumplimiento no podría superar los cinco años.
Entre las opciones se contemplan trabajos de construcción, mantenimiento y remozamiento de infraestructura pública.
Los ministerios de Comunicaciones, Salud y Educación deberán elaborar un catálogo de actividades para quienes accedan a la medida.
Además, el SP estaría a cargo de supervisar y registrar las horas realizadas. Asimismo, un comité integrado por un médico, un psicólogo y un trabajador social determinaría la cantidad de horas que deberá cumplir cada persona, según su situación.
Perfiles
La propuesta excluye a personas consideradas de alta peligrosidad social, con antecedentes de fuga o intentos de evasión, mala conducta o vinculadas con otros hechos delictivos.
También plantea que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cree al menos cinco juzgados de Ejecución Penal adicionales para atender las solicitudes relacionadas con la conversión de multas en trabajo comunitario.
La iniciativa surgió de mesas técnicas en las que participaron instituciones como el Ministerio de Gobernación (Mingob), el SP, el Ministerio Público (MP), el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Organismo Judicial (OJ) y organizaciones de la sociedad civil.
La propuesta fue presentada por la diputada oficialista Alma Luz Guerrero junto a otros integrantes del bloque oficial.
