Es simbólico que el libro que escribió Juan Alberto Fuentes Knight, el ex ministro de finanzas del gobierno de la UNE, se titule “Rendición de Cuentas”.
Fuentes Knight, detenido ayer en el caso Transurbano junto al expresidente Alvaro Colom y al menos otros ocho ministros de esa administración, publicó esa obra para dejar un registro histórico de su gestión: sus esfuerzos por lograr una reforma fiscal de largo plazo y los obstáculos y trampas que encontró en el ejercicio real del poder.
El libro no menciona ni una sola vez, en sus 383 páginas, el proyecto del Transurbano.
Eso sí, habla de forma extensa, en más de 45 ocasiones, de la primera dama de entonces, Sandra Torres: la figura central y más polémica de ese gobierno.
Fuentes Knight explica que Torres fungió como una especie de “primera ministra” de facto: gobernaba desde la cúspide del poder pero sin estar sujeta a obligación legal alguna porque oficialmente no era funcionaria.
A diferencia de Colom, de los ministros y secretarios que en reiteradas ocasiones siguieron sus órdenes --varios de los cuales están detenidos hoy-- Sandra Torres no rendía cuentas.
Buena parte de la crítica que hace Fuentes Knight a la ex primera dama en ese libro gira en torno a ese hecho concreto: ella jugó un papel clave en el diseño de la política social de la UNE, la condujo de forma implacable y se encargó de dotarla de recursos, todo ello sin ser responsable de sus decisiones o sus actos.
¿Fue el caso Transurbano uno de los proyectos que Torres empujó con una energía sin parangón, como lo hizo con el programa de transferencias “Mi Familia Progresa”? ¿O acaso fue el Transurbano un proyecto de otros actores, como el gran operador de negocios de esa administración, Gustavo Alejos?
A medida que avance el proceso, veremos qué actores del gobierno de la UNE participaron en el proyecto y qué responsabilidad le compete a cada uno.
Entre las personas detenidas ayer, hay varios funcionarios de carrera, como el propio Fuentes Knight o los ex ministros Luis Ferraté y Ana de Molina, que no van por la vida como grandes potentados, derrochando fortunas.
La investigación y el proceso tienen el reto de identificar –y de probar— si en este proyecto hubo malversaciones, fraudes, sobornos, enriquecimiento ilícito, etcétera y quién hizo qué.
Al final, todos los habitantes de esta ciudad sufrimos por la pésima calidad del transporte público. No es posible, ni tolerable, que con el aspaviento de ofrecer una solución que nunca se concretó y nos salió carísima, unos cuantos funcionarios se hayan embolsado millones.
Desde ayer sabemos quiénes firmaron el acuerdo de Tansurbano, ¿pero quiénes robaron y cómo? Esperamos respuestas de la Justicia. Es hora de rendir cuentas.
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