Para este 2026 están programadas las denominadas elecciones de "segundo grado", que incluyen funcionarios y magistrados cuya responsabilidad recae en otras instituciones, pero con grandes repercusiones para el país.
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Para varios sectores, el 2026 es visto como una oportunidad para renovar el sistema, debido a las elecciones de segundo grado que renovarán a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Corte de Constitucionalidad (CC) y Ministerio Público (MP), entre otras, algo que según constitucionalistas se ve cada 40 años.
De hecho, desde 2025, empezaron los procesos para la integración de comisiones de postulación, pues actores como Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y Rectores de Universidades se tienen que preparar para elegir a representantes.
Se espera que de enero a mayo, la agenda esté marcada por la elección de estas autoridades, primero del TSE, luego CC y por último MP. El Tribunal será electo por diputados de una lista de 20 aspirantes que envíe la comisión de postulación, los magistrados de la Corte serán designados por otras instituciones y el fiscal general será nombrado por el presidente de la República de una nómina de seis aspirantes que le traslade la postuladora.
La incidencia en el proceso electoral
Estas elecciones de segundo grado, que se desarrollarán en los primeros seis meses de 2026, tendrán incidencia en los próximos comicios generales, principalmente la del TSE, pues los magistrados electos deberán conocer todo lo relacionado con las Elecciones Generales de 2027, desde asambleas de partidos, convocatoria, inscripción de candidatos, y serán los árbitros de esa contienda.
Los magistrados del TSE, serán electos por los diputados, y posteriormente los diputados podrían buscar su reelección, es por ello que la fiscalización ciudadana es importante para evitar favoritismo, pago de favores o compadrazgos, coinciden expertos.
Luego, se viene la integración de los magistrados de la CC, quienes no tienen decisión primaria en las Elecciones Generales, pero sí la última palabra en relación con amparos, inconstitucionalidades y acciones legales. Estos magistrados serán designados por: Organismo Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Consejo Superior Universitario y Colegio de Abogados y podrían tener en sus manos la decisión de aceptar o no candidaturas, por ejemplo.
Mientras que el próximo Fiscal General, que deberá ser nombrado por el presidente, saldrá de una lista que envíe la postuladora, y entre sus atribuciones estará investigar procesos penales contra candidatos, políticos, funcionarios y más.
Adicional, entre junio y octubre, también está contemplada la elección del Contralor General de Cuentas, un funcionario con incidencia en los candidatos, pues todos deben presentar un finiquito, que es extendido por esta entidad.
Procesos vitales para la democracia
Para Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, una organización que acompaña y fiscaliza todos estos procesos, la elección de estos funcionarios es vital para la democracia del país. "Se trata de la renovación de autoridades para ejercer los controles democráticos, los controles constitucionales y otro tipo de controles políticos y administrativos relacionados con el respeto de los derechos humanos en términos generales", explicó.
Agregó que cada cuatro, cinco o seis años, hay renovación de estas autoridades, "pero en este 2026 la importancia radica en que estamos frente a una coyuntura que ha sometido a estas instituciones, el TSE, el MP y la CC, a vaivenes políticos, los ha orillado a las autoridades a participar en una ruta antidemocrática del respeto de los derechos humanos en términos generales de pérdida de Estado de derecho", comentó.
Por aparte, Virginia Pinto, analista política, refirió que estas elecciones están relacionadas con el sistema de pesos y contra pesos de una democracia. "Son importantes porque se vienen recambios de autoridades de instituciones que sirven como contrapesos en un sistema democrático y republicano", adelantó
La experta citó que las instituciones en mención le dan balance al poder que puedan tener las personas que son electas de forma popular y por ello, enfatizó en que estos procesos tienen otro mecanismo de elección y no a través de comicios populares.
Para Guatemala Visible, otra organización que fiscaliza estos procesos y el actuar de autoridades, es una oportunidad para que nuevos perfiles lleguen y se pueda hacer cambios en las instituciones. "Con este cambio de autoridades, se abre la puerta a la participación de más profesionales que deseen optar por estos cargos", afirmó Mynor Lorenzo, representante de la entidad.
El entrevistado citó que se busca un proceso público y participativo que permita la selección de los mejores, basados en evaluaciones técnicas que tomen en cuenta la meritocracia, la idoneidad y la reconocida honorabilidad, entre otras cualidades que deben ser consideradas para la elección final.
"Estas elecciones fortalecerían el ámbito político nacional, pues se daría sentido a la democracia, con la alternancia de autoridades, el cumplimiento de la legislación y la confianza ante la sociedad, lo cual reforzaría la credibilidad de las autoridades electas y en consecuencia, de la institucionalidad", apuntó Lorenzo.
¿Y la ciudadanía?
En estas elecciones de segundo grado no participan los ciudadanos como tal, sí lo hacen indirectamente cuando eligen autoridades en las Elecciones Generales, según los procesos establecidos. Esto parte de la elección del Presidente y diputados, el Congreso que elige a otros magistrados, y posteriormente, estos participan en otras elecciones.
"Cuando se trata de elecciones de primer grado, el ciudadano es el gran protagonista porque es el que va a votar directamente. Entonces las elecciones de primer grado son las que devienen de un mandato popular. Después esas personas electas van a protagonizar las elecciones de segundo grado, pues el presidente elige al fiscal, los diputados eligen al contralor, magistrados de la CC, magistrados del TSE, de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, Procurador de Derechos Humanos, entre más", detalló Ibarra.
"La ciudadanía puede promover información, acompañar los procesos, fiscalizar la toma de decisiones, aportar insumos valiosos, tales como información sobre aquellos ciudadanos que optan a los cargos. En la justa medida que la sociedad se involucre, habrá una mayor exigencia por procesos transparentes, elecciones que valoren la meritocracia y un respaldo social a los electores, con el objetivo de fortalecer a las instituciones del país, concluyó Lorenzo.
