Las controversias por nombramientos, gestión de recursos y procesos judiciales han marcado la historia reciente de la cúpula bancaria.
OTRAS NOTICIAS: CC anula nombramiento de Jonathan Menkos como presidente del Banco de Guatemala
La decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de suspender provisionalmente el nombramiento de Jonathan Menkos como presidente del Banco de Guatemala (Banguat), dictada en octubre de 2026, volvió a colocar la banca central en el centro del debate político y jurídico nacional.
El exministro de Finanzas, juramentado el 1 de octubre de 2026 por el presidente Bernardo Arévalo, vio frenada su gestión ocho días después debido a impugnaciones legales que señalaron una supuesta incompatibilidad de funciones por conservar su condición de diputado electo al Congreso.
La resolución constitucional dejó sin efecto sus actuaciones al frente del banco y derivó en la presentación de denuncias penales ante el Ministerio Público por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Gasto bajo escrutinio
El debate sobre la austeridad y el uso del presupuesto institucional cobró fuerza en la banca central durante la administración de Álvaro González Ricci.
En 2024, la adquisición y renovación de una flotilla de vehículos de lujo destinados a directivos de la Junta Monetaria y altos mandos desató duras críticas públicas respecto a las políticas de gasto del sector público frente a la realidad socioeconómica del país.
El conflicto escaló al plano legal cuando se reveló que en la subasta de las unidades sustituidas, dos vehículos fueron adjudicados a una empresa vinculada a José Estuardo González Ricci, hermano del entonces presidente del Banguat, lo que llevó a diputados de oposición a señalar presuntos conflictos de interés.
González Ricci defendió las compras por necesidades de seguridad institucional y argumentó que el remate fue un proceso abierto e imprevisto de anomalías, caso que finalmente se diluyó en el Congreso sin derivar en sanciones administrativas ni penales antes de la conclusión de su período formal en septiembre de 2026.
Polémica por reservas internacionales
A mediados de 2022, el Banguat atravesó un período de cuestionamientos técnicos por la administración de sus activos monetarios externos en un contexto de presiones inflacionarias globales.
Analistas locales señalaron supuestas pérdidas no realizadas derivadas de la venta obligada de Bonos del Tesoro de Estados Unidos para contener la devaluación de la moneda nacional, señalamientos que fueron rebatidos por la autoridad monetaria interina, encabezada por Sergio Recinos, al argumentar que se trataba de fluctuaciones contables de mercado sin impacto patrimonial irreversible para la nación.
Condena por tráfico de influencias
Las investigaciones del Ministerio Público y de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) alcanzaron a expresidentes del banco central por hechos ocurridos en la década pasada.
Edgar Barquín, quien dejó la presidencia de la institución para competir como candidato vicepresidencial en las elecciones de 2015, fue vinculado a una estructura de lavado de dinero en Jutiapa.
Aunque enfrentó el proceso penal tras dejar el cargo, en septiembre de 2016 aceptó los cargos en procedimiento abreviado y admitió que las ilicitudes ocurrieron durante su gestión en el Banguat, siendo condenado a dos años y seis meses de prisión por tráfico de influencias al comprobarse que usó su cargo para frenar e interceptar auditorías de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Captura por el caso IGSS-PISA
En mayo de 2015, el entonces presidente en funciones de la cúpula monetaria, Julio Suárez, fue capturado e involucrado en un expediente penal abierto contra la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
La acusación no respondió a irregularidades financieras dentro de la banca central, sino a su voto como representante directivo en el Seguro Social para adjudicar un contrato a la droguería PISA para la atención de pacientes renales.
Suárez recibió una sentencia por fraude en 2018, aunque años más tarde las condenas del caso fueron anuladas en instancias de apelación.
Prueba de fuego al sistema
Durante la quiebra de entidades como el Banco del Café (Bancafé) y el Banco de Comercio (2001-2006), el Banguat fue presidido por Lizardo Sosa López, enfrentando la mayor prueba de fuego para la credibilidad de la autoridad monetaria.
Aunque la institución ejecutó los mecanismos legales para transferir activos y proteger a más de un millón de usuarios, el colapso desató una severa ola de desconfianza pública.
La población percibió que la banca central reaccionó tarde frente al fraude, cuestionando el alto costo político y los millonarios salvatajes financieros inyectados para contener el descalabro.
Pese al fuerte impacto reputacional, la rigurosa aplicación de las reformas financieras de 2002 impidió un efecto dominó que hubiera destruido la moneda nacional.
Sosa logró mantener la estabilidad del sistema bancario y defendió con firmeza la autonomía de la institución frente a las presiones del Ejecutivo para removerlo.
