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"La Ley la obliga": la reacción de Bernardo Arévalo tras desplante de Consuelo Porras

  • Por Jessica Gramajo
24 de enero de 2024, 16:25
Bernardo Arévalo
El presidente Bernardo Arévalo ofreció una conferencia de prensa para responder a la fiscal general, Consuelo Porras. (Foto: Wilder López/Soy502)

El presidente Bernardo Arévalo ofreció una conferencia de prensa para responder a la fiscal general, Consuelo Porras. (Foto: Wilder López/Soy502)

El presidente Bernardo Arévalo reaccionó al informe que presentó la fiscal general, Consuelo Porras.

EN CONTEXTO: Esto dice el informe presentado por Consuelo Porras a Bernardo Arévalo

Luego que la fiscal general, Consuelo Porras, no se presentara a la reunión convocada por el Ejecutivo, el presidente Bernardo Arévalo anunció que la citará a Consejo de Ministros.

La cita será en el próximo Gabinete de Gobierno, que se llevará a cabo el próximo 29 de enero en Casa Presidencial. "La Ley la obliga y si no asiste estaría cayendo en incumplimiento de deberes", dijo Arévalo.

Según la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), el Presidente podrá "invitar" a la Fiscal General para que participe en cualquier Junta del Gabinete de Gobierno.

"En este supuesto el Fiscal General está obligado a concurrir a la Junta, con voz pero sin voto", se lee en el artículo 4 de la referida ley.

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(Fuente: Ley Orgánica del Ministerio Público)

Antes de recurrir a esta normativa, el presidente Arévalo invitó a Porras a una reunión en su despacho este miércoles a las 10 de la mañana.

La fiscal no acudió al llamado y en su lugar publicó un video en las redes sociales del MP, donde habló de la "no subordinación" de poderes y aclaró que no renunciaría al cargo, ante las diversas declaraciones del presidente al respecto.

Además, entregó un informe en el que, prácticamente, envió al presidente Arévalo a consultar la página web del MP para enterarse de las acciones que éste realiza y le indicó que tienen "autonomía", que el ente investigador emite una memoria de labores y que a las investigaciones son "reservadas" y que no puede revelarse más que al imputado y a las personas procesales.

"Es una carta firmada por un empleado del MP no por la fiscal. Es un empleado que no tiene la representación de la fiscal", manifestó Arévalo.

Además, indicó que el gobierno no le está pidiendo información sobre temas procesales, sino relacionado con las políticas que el MP tiene la materia.

Persona sancionada

El presidente Arévalo también recordó que Consuelo Porras es una "persona sancionada internacionalmente por participar en temas de corrupción" y aseguró que se sabe que las actuaciones de la fiscal general se han empañado en la "utilización espuria de la legislación y la persecución política".

Además, indicó que varios sectores han manifestado su molestia en contra de la jefa del MP y la única intención es que, en el marco de la ley, se pueda tener un diálogo abierto y en su lugar ella envió una carta que ni siquiera firmó ella.

Por otro lado, también habló de la iniciativa de ley para reformar la Ley Orgánica del MP y que permitiría la remoción de la fiscal, hecho al que respondió que le corresponde al Congreso definir el rumbo de la propuesta.

¿Y la renuncia?

Aunque hasta el momento el presidente Arévalo no ha pedido de manera directa la renuncia a Porras, esta aclaró que no dejará el cargo y que cumplirá los cuatro años por los que fue electa.

"Para hacerles saber de forma categórica que soy respetuosa de las leyes del país y que cumplirá con el mandato constitucional por el que fue electa por cuatro años, por lo tanto no voy a renunciar", dijo la Fiscal General.

¿Qué pidió Arévalo?

En la carta enviada por la presidencia se solicitaba a la Fiscal General un informe sobre cuatro puntos específicos:

  1. Avances de Procesos penales vinculados a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): información sobre el progreso de los procesos penales investigados por el Ministerio Público en cumplimiento de las órdenes de la CIDH.
  2. Criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa: se requiere un análisis detallado de la política de persecución penal relacionada con el derecho humano a la libertad de expresión y prensa.
  3. Investigación sobre la compra de vacunas Covid-19: información sobre la existencia de una investigación penal relacionada con el proceso de adquisición de vacunas contra el Covid-19 como pagos de sobornos con fondos del erario, la falta de planificación para la campaña de vacunación y los retrasos en la entrega del producto, vulnerado así el derecho a la vida.
  4. Protocolo de actuación ante medidas cautelares de la CIDH: detalles respecto del protocolo de actuación del Ministerio Público al recibir notificaciones de medidas cautelares decretadas por la CIDH para personas consideradas víctimas de la afectación de sus derechos fundamentales.
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