El Congreso conoció en primer debate la iniciativa 6614, que busca crear una Ley contra la Usura para limitar intereses y regular los cobros.
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El pleno del Congreso conoció este martes 18 de agosto en primer debate la iniciativa 6614, que propone crear una Ley contra la Usura y de Protección en el Proceso de Cobro de Deudas.
La propuesta busca establecer límites a los intereses, comisiones y otros cargos que pueden aplicarse en operaciones de préstamo, así como ampliar la protección para las personas que enfrentan procesos de cobro.
La propuesta parte de la preocupación por los cobros excesivos que pueden afectar a personas que recurren a préstamos formales o informales y terminan enfrentando condiciones que agravan su situación económica.
Uno de los principales planteamientos es establecer como usura el cobro de intereses, comisiones o recargos que superen el doble de la tasa de interés promedio establecida por el Banco de Guatemala para las operaciones de crédito del sistema financiero.
La misma referencia se utilizaría para fijar una tasa máxima legal para los préstamos otorgados por particulares.
Esta iniciativa también establece límites para los gastos relacionados con el cobro.
Las costas procesales y las comisiones por recuperación extrajudicial no podrían superar el 10% del monto adeudado, de acuerdo con las condiciones planteadas en la iniciativa.
Además, se declararían nulas algunas cláusulas consideradas abusivas, como las que establezcan capitalización de intereses o penalidades desproporcionadas.
Sobre las empresas de recuperación de cartera, antes de iniciar un proceso judicial, estas tendrían que convocar al deudor a una audiencia de conciliación ante el Centro de Mediación del Organismo Judicial.
La iniciativa también plantea reglas para evitar prácticas de hostigamiento durante las cobranzas, entre ellas limitar las llamadas a un máximo de dos al día y prohibir el contacto con terceros para exigir el pago.
Sanciones
La propuesta contempla multas de entre Q20 mil y Q30 mil para las empresas de cobro que incumplan las disposiciones, además de permitir que las personas denuncien prácticas usureras ante el Ministerio Público (MP), la DIACO o la Superintendencia de Bancos, según corresponda.
La iniciativa también plantea reformar el Código Penal para establecer penas de dos a seis años de prisión por el delito de usura, además de una multa de hasta cinco veces el monto prestado, con un límite de Q200 mil.
