Por resolución de la CC, el presidente Bernardo Arévalo debe garantizar la continuidad de operaciones en el vertedero ubicado en el kilómetro 22 de la Ruta CA-9 al pacífico.
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La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al presidente Bernardo Arévalo no cerrar el vertedero de basura localizado en el kilómetro 22 de la Ruta CA-9 al Pacífico, en jurisdicción del municipio de Villa Nueva.
Según la parte resolutiva, deberá abstenerse de disponer o ejecutar el cierre del citado vertedero, mientras no se haya emitido la sentencia definitiva. Además, de garantizar el adecuado manejo y el resguardo de los desechos sólidos que permanezcan en el lugar.
Con ello, también se exhorta a las municipalidades que utilizan dicho vertedero que coordinan políticas y planes para la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos.
También, se fijó un plazo de 48 horas para que la directora ejecutiva de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el Lago de Amatitlán (AMSA) emita un informe circunstancia en el que se detalle la totalidad de las municipalidades que hacen uso del citado vertedero.
Cierre programado
Esta resolución fue emitida con un poco más de 15 días de anticipación a la fecha en la que se había anunciado el cierre definitivo de dicha área, luego de que el pasado 16 de febreros, autoridades de AMSA habían contemplado el 31 de agosto como última fecha en que el vertedero autorizado reciba los desechos sólidos provenientes de más de 30 municipios que actualmente depositan su basura en este lugar.
La decisión había sido tomada con el argumento de que el vertedero alcanzó su vida útil operativa y llegó a su capacidad máxima de almacenamiento.
Según estimaciones, al vertedero ingresan alrededor de 480 camiones diarios, que trasladan unas 1,800 toneladas de desechos provenientes de 32 municipios, situación que evidencia el agotamiento del espacio disponible.
Se estima que más de 150 personas laboran en el vertedero y se retiran más de 65 mil metros cúbicos de desechos sólidos y material orgánico cada año, residuos que provienen principalmente del río Villalobos.
Solo en 2025, se retiraron más de 33 mil metros cúbicos de desechos y fueron recibidas 619 mil 100 toneladas de residuos.
El terreno
De acuerdo con autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), tras el cierre, el terreno sería sellado y aislado para iniciar un proceso de control y monitoreo ambiental.
También se informó que el área contará con aplicaciones de arcilla y suelo orgánico, monitoreo de revegetación, sistemas de drenaje y manejo de gases durante los próximos diez años, hasta lograr la estabilidad del sitio.
Posteriormente, el terreno podría destinarse a un uso urbano o productivo.
Inspección del PDH
Con la intención de conocer las condiciones del manejo de desechos, el pasado 14 de abril, el procurador de Derechos Humanos, José Alejandro Córdova Herrera, efectuó una inspección técnica en el vertedero.
En su visita, el magistrado de consciencia resaltó la importancia que este lugar tiene a nivel nacional, puesto que además de recibir desechos de al menos 132 municipalidades, también son depositados residuos hospitalarios.
En su momento, el procurador manifestó su preocupación por el impacto social en las familias que dependen de las actividades de reciclaje dentro del vertedero, quienes podrían ver afectados sus ingresos y medios de subsistencia.
Al consultado si existe algún pronunciamiento oficial al respecto en el MARN, la Unidad de Comunicación Social respondió que aún no han sido notificados al respecto y ofreció dar declaraciones más adelante, mismas que serán consignadas en esta nota al obtenerlas.
En cuanto a la versión de AMSA, la persona que atendió la llamada dijo que la jornada laboral concluía a las 15:30 horas, por lo que estaría pasando la información mañana por la mañana.
