La Digessp ha hecho alrededor de 838 supervisiones anuales a empresas de seguridad, pero sus autoridades reconocen limitaciones.
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Jornadas laborales extenuantes, falta de espacios adecuados para descansar, incumplimientos salariales y prestaciones pendientes figuran entre las dificultades que enfrentan guardias de seguridad privada que trabajan en residenciales, comercios y otras instalaciones del país.
Estas condiciones han motivado quejas ante la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), institución que reconoce limitaciones operativas y legales para supervisar de manera sistemática los puestos donde laboran los agentes.
De 2024 a la fecha, la dependencia ha recibido 168 quejas, de las cuales aproximadamente el 50 % proviene de los propios guardias. Las principales inconformidades están relacionadas con salarios pendientes, incumplimiento en el pago de prestaciones laborales e indemnizaciones.
Otras recabadas por este medio, hablan de jornadas extenuantes, ya que hay guardias que cubren 12 horas (por ejemplo, de 6:00 a 18:00 horas.) y descansan las siguientes 12 horas, pero algunos aseguran que trabajan 24 horas continuas y tienen libres las siguientes 24 horas.
Según los registros de la Digessp, hasta el 30 de septiembre había 32,974 guardias de seguridad privada activos en todo el país, mientras otros 19,828 se encontraban en proceso de acreditación.
Sin embargo, la cantidad de puestos donde estos trabajadores prestan sus servicios supera la capacidad de supervisión de la institución, según reconoció su director, Jorge Santizo.
Supervisión limitada
Santizo explicó que, entre enero y octubre, la Digessp efectuó aproximadamente 838 supervisiones de oficio, principalmente en sedes y centros de operaciones de empresas autorizadas.
No obstante, estas diligencias no incluyen de manera sistemática los puestos donde los agentes desarrollan sus labores, como residenciales, comercios y otras instalaciones privadas.
El funcionario reconoció que la cantidad de lugares donde se prestan estos servicios rebasa la capacidad operativa de la institución y que sería necesario incrementar considerablemente su personal para ampliar la cobertura.
"No nos daríamos abasto", afirmó al referirse a la posibilidad de supervisar todos los puestos de seguridad privada.
Limitaciones para exigir condiciones laborales
Otra dificultad que enfrenta la Digessp está relacionada con sus facultades legales para exigir condiciones adecuadas en los lugares donde trabajan los guardias.
De acuerdo con Santizo, la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada y su reglamento no otorgan a la institución atribuciones específicas para exigir que los puestos cuenten con espacios apropiados para descansar o asientos para los trabajadores.
Aunque la dependencia puede solicitar información sobre estas condiciones, carece de facultades específicas para exigir su cumplimiento.
El director aclaró que los guardias están protegidos por la legislación laboral, pero que la vigilancia de esas disposiciones corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).
Por ello, mientras la Digessp supervisa el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a las empresas de seguridad privada, las denuncias relacionadas con derechos laborales deben ser atendidas por las autoridades de Trabajo.
Quejas por incumplimientos laborales
Santizo señaló que las principales denuncias presentadas por los guardias están relacionadas con salarios pendientes, prestaciones laborales e indemnizaciones.
En contraste, las quejas por condiciones físicas inadecuadas en los puestos de servicio son poco frecuentes.
El funcionario consideró que una posible explicación podría ser el temor de algunos trabajadores a denunciar a las empresas para las cuales laboran, aunque aclaró que se trata de una apreciación personal.
Denuncias pueden tardar semanas en atenderse
Aunque las supervisiones de oficio no abarcan sistemáticamente todos los puestos de seguridad privada, la Digessp sí realiza verificaciones cuando recibe denuncias de trabajadores, usuarios o ciudadanos.
Estas pueden presentarse por teléfono o correo electrónico y deben incluir información suficiente para identificar el lugar donde ocurre el supuesto incumplimiento.
Sin embargo, Santizo reconoció que las verificaciones no siempre se realizan inmediatamente después de recibir una denuncia.
Su atención puede tardar aproximadamente dos semanas o más, dependiendo de la programación mensual de supervisiones y de los datos proporcionados por el denunciante.
El director explicó que algunas quejas carecen de información precisa sobre el lugar o las circunstancias denunciadas, lo que puede retrasar las diligencias.
Durante las verificaciones, la institución puede comprobar si los guardias están acreditados, cuentan con contrato laboral y poseen las autorizaciones correspondientes para utilizar armas de fuego.
Cuando se detectan posibles incumplimientos de las obligaciones bajo su competencia, la Digessp solicita documentación a la empresa y le concede un plazo para presentar pruebas.
Si se establece una infracción, puede iniciarse un procedimiento sancionatorio. Según Santizo, las multas por faltas leves oscilan entre 10 y 20 salarios mínimos.
Dependiendo de la gravedad de los incumplimientos, también pueden aplicarse medidas como la suspensión o cancelación de la autorización de la empresa.
El costo de contratar seguridad privada
Santizo también señaló que las condiciones laborales de los guardias pueden verse afectadas por los precios que algunos clientes están dispuestos a pagar por los servicios de seguridad privada.
De acuerdo con el funcionario, el costo mensual de contratar el servicio de un guardia puede rondar los Q8,500, monto que contempla salarios, prestaciones laborales, uniformes, equipo, autorizaciones e impuestos.
Sin embargo, aseguró que algunos clientes ofrecen entre Q5,000 y Q6,000 mensuales por ese servicio, lo que genera presión económica sobre las empresas proveedoras.
A criterio del director, esta diferencia puede provocar que las compañías reduzcan costos en aspectos que terminan afectando las condiciones laborales de sus agentes.
"Y muchas veces el que termina sacrificado es el guardia", concluyó.
Ley Silla busca garantizar espacios de descanso
En el Congreso de la República se encuentra la iniciativa 6412, conocida como Ley Silla, que propone reformas al Código de Trabajo para regular la disponibilidad de asientos en los centros laborales.
El diputado Byron Rodríguez, del bloque Todos y ponente de la propuesta, explicó que la iniciativa no ha registrado avances y permanece en primera lectura desde el año pasado.
Según el legislador, algunos sectores han expresado preocupación por la posibilidad de adoptar disposiciones similares a las implementadas en México, donde se prohíbe obligar a los trabajadores a permanecer de pie durante toda su jornada laboral.
La propuesta guatemalteca plantea que los empleadores proporcionen suficientes asientos o sillas con respaldo para que los trabajadores puedan utilizarlos durante el desempeño de sus funciones o en períodos de descanso dentro de la jornada laboral.
