Un incidente durante la fiscalización del diputado Chic al Conader por supuestas anomalías financieras en dietas y viáticos derivó en versiones encontradas y posibles acciones legales.
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Una diligencia de fiscalización del diputado José Chic en el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (Conader) terminó en un intercambio de señalamientos, luego de que surgieran diferencias por el ingreso a una sala de reuniones y la solicitud de información financiera.
Según Chic, durante la diligencia pretendía conversar con una funcionaria y solicitar información financiera. El diputado sostiene que su fiscalización encontró, entre otros datos, una proyección superior a Q1.7 millones en dietas y viáticos, de los cuales se habrían ejecutado Q934 mil. También cuestionó pagos por sesiones, viáticos para funcionarios y gastos de representación.
Chic afirmó que al consultar sobre algunos viajes que justificarían esos fondos no obtuvo respuestas claras.
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Además, se señaló que durante la diligencia se habría intentado impedir su ingreso y que ocurrió un intento de agresión de las que anunció acciones legales, además de exigir la renuncia del presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, Gerardo Aguirre.
Por su parte, Mónica Morataya directora ejecutiva del Conader aseguró que el diputado no tuvo restringido el ingreso, sin embargo, cuestionó que interrumpiera una sesión oficial, se instalara en la mesa de trabajo y exigiera información de manera inmediata, sin seguir los procedimientos establecidos.
Morataya sostuvo que la institución mantiene disposición para atender los procesos de fiscalización conforme a la ley y negó que se hayan producido actos de violencia o discriminación contra el legislador. Además, informó que se evalúan denuncias por los hechos ocurridos.
El incidente ocurre en medio de cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos en el deporte y la ejecución de fondos de proyectos como la remodelación del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores donde la Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) es el ente encargado, y que hasta el momento, ha cancelado en cuatro ocasiones las citaciones en el Congreso para dar seguimiento al caso.
