Analistas y economistas cuestionan si la ayuda de Q3,480 millones realmente aliviará el bolsillo ciudadano sin comprometer las finanzas públicas.
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La propuesta del Ejecutivo para otorgar un subsidio de Q3,480 millones a los consumidores de diésel y gasolina regular enfrenta un severo escrutinio técnico en el marco del debate legislativo sobre esa iniciativa.
Mientras el oficialismo promueve la iniciativa de ley 6801 como un alivio urgente ante la carestía de los derivados del petróleo, el debate legislativo y analítico se traslada hacia la certeza de que el descuento llegará al ciudadano de a pie, la sostenibilidad del presupuesto estatal y el costo político de readecuar fondos de ministerios clave sin recurrir a endeudamiento público.
El proyecto plantea aplicar un descuento directo en bomba de Q12 por galón al diésel y Q3 a la gasolina regular durante un período de cinco meses, con fecha de finalización fijada para el 31 de diciembre de 2026.
Impacto real en la población
La principal interrogante en torno a esta iniciativa es si la rebaja de precios en los combustibles se traducirá de manera efectiva en frenar las alzas al pasaje del transporte público y los costos de flete de la canasta básica.
"Tal como está planteada la propuesta del subsidio en una iniciativa de ley que circuló hace unos días, no tiene el sustento necesario porque no se define con claridad el mecanismo por el cual se va a asegurar que el menor precio del diésel se traduce directamente en menores tarifas de transporte urbano y extraurbano para la población", señaló Erick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).
La falta de un esquema riguroso de fiscalización sobre las cadenas de distribución y la ausencia de controles a los expendedores intermedios siembran dudas entre los legisladores sobre el impacto real que percibirá la economía familiar.
A esta preocupación se suma la necesidad de revisar los precios de referencia que publica periódicamente el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Según Coyoy, de no corregirse la fórmula con la que se calcula el margen de ganancia de los importadores, el alivio financiero corre el riesgo de ser absorbido por la cadena de comercialización antes de llegar al consumidor final.
Además, la experiencia de esquemas de apoyo aplicados en meses anteriores demostró que, al concluir el beneficio estatal, las tarifas de bienes y servicios no revierten la tendencia al alza, dejando un efecto distorsionante en la economía popular y en los hábitos de consumo de la población.
Sostenibilidad y costo fiscal
Desde la perspectiva presupuestaria, recortar recursos a carteras estratégicas como el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Ministerio de Gobernación (Mingob) para financiar un alivio de corto plazo plantea un elevado costo de oportunidad para el desarrollo del país.
"Un subsidio no elimina ni abarata el precio internacional del petróleo, ni tampoco incrementa la oferta del combustible. Únicamente traslada la factura desde el consumidor privado hacia el presupuesto público", aseveró Hugo Maúl, investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
Maúl advirtió que el mecanismo actual resulta inequitativo, pues la evidencia empírica ha demostrado que por cada dólar que el Estado destina a estas transferencias (subsidio), el 20% más pobre de la población capta apenas unos 8 centavos, mientras que el 50% de mayores ingresos absorbe cerca de tres cuartas partes del beneficio.
"Como el beneficio se otorga por galón consumido, este favorece en mayor proporción a los propietarios de múltiples vehículos o a grandes flotillas comerciales, en lugar de proteger de forma directa y eficiente a los hogares de menores ingresos", advirtió el experto.
Asimismo, el investigador del CIEN enfatizó que los fondos públicos que se pretenden reorientar hacia el consumo de hidrocarburos dejarán de invertirse en obras de infraestructura vial, mantenimiento de carreteras y programas sociales de largo alcance.
Esta sustitución del gasto capital por gasto corriente genera reparos entre diversos sectores económicos, dado que la fluctuación de los precios internacionales del petróleo WTI responde a factores geopolíticos fuera del control del Estado guatemalteco, haciendo inviable sostener apoyos financieros de forma indefinida sin comprometer la estabilidad financiera de la nación.
Antecedentes y comportamiento de precios en bomba
La escalada de las cotizaciones internacionales del petróleo registrada entre marzo y abril, impulsada por un grave conflicto bélico en Medio Oriente, el cierre parcial del estratégico estrecho de Ormuz y ataques a infraestructura energética, ejerció una presión inmediata sobre la economía guatemalteca, impulsando al Gobierno a implementar medidas de contingencia para amortiguar el impacto en el mercado interno.
El primer subsidio a los combustibles de 2026 estuvo vigente del 28 de abril al 2 de julio, otorgando Q8 por galón de diésel y Q5 para gasolina regular y superior, lo que significó la erogación del erario de Q2 mil millones, ejecutados a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
En las estaciones de servicio, el impacto fue inmediato, ya que los combustibles, que promediaron Q24.52 por galón durante los meses del subsidio previo, rebotaron por encima de los Q42.50 por galón una vez venció el subsidio, bajo un barril de petróleo WTI cotizado en promedio en US$80.46.
Aunque en la primera semana de agosto se registraron ligeros ajustes a la baja en gasolinas (fijando la regular en Q38.89 y el diésel en Q42.79), las fluctuaciones han dejado al descubierto que la retirada del subsidio restituye de golpe la presión de precios hacia el consumidor.
Evaluación técnica y viabilidad
A pesar de las objeciones planteadas por los analistas, el margen de maniobra financiero existe si el Ejecutivo logra construir los acuerdos políticos necesarios dentro del Congreso para aprobar la readecuación presupuestaria.
"En el contexto actual que tenemos en Guatemala de expansión del déficit fiscal es completamente sostenible, al menos en el sentido de la erogación financiera para el subsidio", sostuvo Fredy Gómez, director ejecutivo de la consultora Cardinal.
Gómez añadió que la viabilidad fiscal existe a costa de sacrificar otros rubros, por lo que resulta indispensable evaluar si mecanismos alternativos, como transferencias monetarias directas o el fortalecimiento de programas productivos agrícolas, generarían un mayor bienestar social a largo plazo que la fórmula de desembolso tradicional a la cadena de distribución importadora.
Por su parte, desde el ámbito de la política monetaria, las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) descartan que la medida represente una solución permanente a las presiones sobre el IPC.
"Si se implementara un subsidio al combustible, su efecto sería temporal, es decir, mientras dura el subsidio", afirmó Álvaro González Ricci, presidente del Banguat.
"El impacto sobre la inflación es evidente, como lo vimos en mayo y junio de este año, sin embargo, tiende a revertirse, por lo tanto, no consideramos que tenga un efecto permanente sobre el ritmo inflacionario. Aunque vale indicar que sí tiene un efecto de alivio en el bolsillo de los guatemaltecos", dijo por su parte González Ricci.
El funcionario explicó que los incrementos de julio han estado focalizados en el rubro de transporte, por lo que no se perciben presiones inflacionarias de segunda vuelta ni alteración en las expectativas de los agentes económicos, manteniendo el ritmo inflacionario en un 2.70% y descartando la necesidad de ajustar la tasa de interés líder de la política monetaria.
