Financiar la democracia con deuda de largo plazo es hipotecar la democracia futura.
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El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 no solo es el más grande de la historia de Guatemala con Q192,045 millones, sino el que más claramente desnuda la tentación de financiar el presente con la factura del futuro.
Dentro de ese monto, Q42,750 millones provendrían de bonos del Tesoro, un incremento del 83.6% respecto a los Q23,278 millones del presupuesto vigente de 2026, y un déficit fiscal del 4.4% del PIB que nos devuelve a niveles de pandemia.
En medio de esa discusión macro, un rubro pequeño pero simbólico merece atención: la deuda política. Esa figura, creada por el artículo 21 de la Ley Electoral, establece que el Estado paga US$ 2.00 por cada voto válido para presidente y diputados.
No es una deuda financiera, es el financiamiento público a los partidos. En 2026, año preelectoral, el TSE tuvo asignados Q20 millones para ese fin dentro de un presupuesto de Q829 millones que incluye Q500 millones para preparar los comicios. Es el saldo residual de 2023.
El salto llega en 2027. El aporte al TSE pasa de Q779.9 millones a Q2,333.3 millones, y el propio TSE ya solicitó Q2,776 millones para operar el proceso electoral. De esos Q2,333 millones, Q1,966.2 millones -84 de cada 100 quetzales-se financiarían con bonos del Tesoro.
Allí dentro no solo está la logística de más de 100 mil voluntarios de juntas electorales, el empadronamiento y el TREP, sino la semilla de la próxima deuda política: si votan seis millones, hablaremos de más de Q180 millones que el Estado deberá pagar en cuatro cuotas hasta 2031.
El problema no es que exista financiamiento público, ya que sin él, los partidos solo dependerían del dinero "privado", principalmente del crimen organizado. El problema es cómo lo pagamos. La Ley Orgánica del Presupuesto en su artículo 61 dice que no se puede hacer deuda para financiar gastos corrientes. El ICEFI calcula que Q22,915 millones de los bonos solicitados para 2027, el 53.6% irían a funcionamiento. Pedimos prestado a diez y quince años para pagar elecciones, sueldos y la deuda política misma.
Eso rompe una tradición que mantuvo a Guatemala como un país de deuda moderada. Pasar de 28% a 29.4% del PIB en un año electoral, con 14% más de gasto que 2026 y solo 20.1% destinado a inversión frente a 67.1% a funcionamiento, no es expansión, es electoralismo fiscal. La deuda per cápita llegaría a Q17,238, un 33% más que en 2024.
El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para corregirlo. No se trata de recortar al TSE ni de eliminar la deuda política, sino de exigir lo que piden la Red de Centros de Pensamiento, CIEN, ASIES, ICEFI y el Observatorio del CACIF: el desglose real del gasto electoral, la prohibición efectiva de financiar gasto corriente con bonos y el techo responsable al endeudamiento. Hay que tomar en cuenta que los gobiernos son temporales, la deuda no.
Financiar la democracia con deuda de largo plazo es hipotecar la democracia futura. Si no ponemos candados fiscales ahora, mañana no habrá recursos para lo prometido en campaña ni para sostener el sistema electoral. El Congreso debe priorizar transparencia y disciplina sobre la tentación del gasto electoral financiado con bonos.
