Sector privado y autoridades firman alianza por la seguridad en ENADE 2026

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El Encuentro Nacional de Empresarios impulsó un acuerdo interinstitucional para reducir los homicidios a la mitad y fortalecer la certeza jurídica como motor del desarrollo económico.

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El sector empresarial organizado e instituciones clave del Estado formalizaron una alianza estratégica para fortalecer el sistema de justicia e impulsar un entorno propicio para la inversión en Guatemala, en el marco del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE 2026).

El encuentro empresarial, organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), se centró en la premisa de que la seguridad integral representa un pilar indispensable para sostener la estabilidad económica y la atracción de capitales.

Al respecto, el presidente de Fundesa, José Miguel Torrebiarte, destacó que los avances en certeza jurídica e inversión ya reflejan un dinamismo favorable para el país.

Según expuso Torrebiarte en su discurso inaugural, la Inversión Extranjera Directa superó los 1,880 millones de dólares al cierre de 2025, lo que representó un incremento del 8.8% respecto al año anterior.

Asimismo, el directivo subrayó que el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 4.3% y proyecta un desempeño del 4.1% para el cierre de 2026, un comportamiento que, según indicó, ya no se explica únicamente por el ingreso de remesas familiares.

Diagnóstico de la violencia

A pesar de los avances macroeconómicos y la calificación de riesgo crediticio a un escalón del grado de inversión, la delincuencia genera un impacto financiero equivalente al 7.7% del PIB, según las proyecciones expuestas por Torrebiarte y respaldadas por la dirigencia empresarial.

En cuanto a los indicadores de violencia, Fundesa destacó que la tasa de homicidios descendió de 46.4 por cada 100 mil habitantes en 2009 a 16.3 a mediados de 2026, lo que representa una reducción acumulada superior al 65%, aunque los datos reflejan un estancamiento en los años posteriores a la pandemia.

Respecto a la crisis en el sistema penitenciario, Torrebiarte detalló durante su intervención que el 70% de las extorsiones se coordinan desde el interior de las cárceles.

Asimismo, el diagnóstico presentado por la institución revela que la infraestructura penitenciaria alberga a 24 mil privados de libertad —lo que supone una sobrepoblación del 300%— con únicamente 2,000 guardias por turno y un presupuesto asignado del 0.08% del PIB, cifra inferior al promedio centroamericano del 0.17%.

En el ámbito judicial, Torrebiarte expuso que únicamente el 5% del Presupuesto General de la Nación se destina al sector justicia.

De acuerdo con las proyecciones de Fundesa y el Flujograma de Justicia Criminal, el Organismo Judicial enfrentará en 2027 un déficit presupuestario de 2,141 millones de quetzales para cubrir sus requerimientos de cobertura, tomando en cuenta que el 91.7% de su asignación actual se consume en gastos fijos de funcionamiento.

"La seguridad es una condición indispensable para el desarrollo y Guatemala ya ha demostrado que puede avanzar en temas de seguridad", declaró el presidente de Fundesa, al proponer una meta de país para reducir la tasa de homicidios a menos de ocho por cada 100 mil habitantes hacia el año 2036.

Prioridades del sector empresarial

Por su parte, el sector empresarial organizado representado en el foro hizo un llamado al Ejecutivo, al Congreso y al sector justicia para articular cuatro prioridades inmediatas: trabajar como un solo sistema con rendición de cuentas, regular la ley contra el lavado de dinero conforme a estándares internacionales, recuperar el control de los centros penales y consolidar una justicia independiente.

"La seguridad no es un tema aparte de la economía, es su base. Ningún inversionista llega a donde no puede proteger a su gente", afirmó Carlos Arias, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

Arias subrayó que dos de cada 10 empresas en el país han sido víctimas de extorsiones y enfatizó que la agenda legislativa reciente —como la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y las reformas al sistema portuario— debe complementarse con leyes de ciberseguridad y contrataciones del Estado para consolidar la institucionalidad y el desarrollo de Guatemala.

Durante el foro se llevó a cabo la firma de un acuerdo de cooperación entre las autoridades del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Instituto de la Víctima, con el propósito de unificar bases de datos, acelerar procesos penales y establecer metas medibles en el combate a la delincuencia.