La aplicación de las leyes de la PNC y contra el terrorismo enfrentan obstáculos por la falta de reglamentos, limitaciones institucionales y dificultades del sistema de justicia.
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La aplicación de la Ley de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Decreto 15-2026) enfrenta obstáculos por la falta de reglamentos, limitaciones operativas del Ministerio de Gobernación (Mingob) y dificultades del sistema de justicia para procesar casos vinculados con estructuras criminales.
Autoridades, diputados y analistas difieren sobre si el principal problema está en las herramientas legales disponibles o en la capacidad institucional para aplicarlas.
Legislación estancada
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, señaló que la legislación contra las pandillas contempla Q200 millones para equipamiento de la PNC y del sistema penitenciario, además de endurecer penas y trasladar a tribunales de mayor riesgo los casos relacionados con estas estructuras.
Sin embargo, explicó que la normativa no modifica las condiciones para efectuar capturas. Los agentes deben actuar ante un caso de flagrancia o mediante una orden judicial, siempre que existan indicios de la comisión de un delito.Villeda agregó que una persona no puede ser detenida únicamente por su supuesta pertenencia a una pandilla.
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Sobre la nueva Ley de la PNC, Villeda indicó que todavía está pendiente la emisión de varios reglamentos que trabaja el Mingob.
El diputado José Chic considera que la normativa buscaba actualizar la estructura jerárquica de la Policía y fortalecer las subdirecciones vinculadas con investigación criminal. No obstante, señaló que persiste una debilidad institucional que ha limitado su implementación.
Chic también indicó que la PNC ha reportado más de 500 capturas de personas vinculadas con Barrio 18 y Mara Salvatrucha, pero solo cuatro casos estarían siendo procesados bajo dicha normativa.
A criterio del legislador, el problema también está en la capacidad del Mingob para ejecutar los recursos contemplados en la ley y dotar a la Policía de tecnología y equipo. Por ello, considera que antes de impulsar nuevas reformas debe mejorarse la ejecución presupuestaria y fortalecerse la investigación.
Por su parte, el diputado Héctor Aldana señaló que la legislación vigente todavía contiene herramientas para enfrentar extorsiones, pandillas y crimen organizado. También advirtió que estructuras criminales continúan operando desde los centros carcelarios.
En materia de inteligencia, Aldana recordó que la PNC cuenta con unidades especializadas y puede coordinar con otras instancias del sistema de seguridad.
Deficiencias operativas
Aldana también señaló problemas de armamento, municiones y capacitación. Afirmó que algunos agentes continúan utilizando armas antiguas y pueden pasar años sin recibir nuevos procesos de entrenamiento. A ello se suma la sustracción de armas y municiones dentro de la institución.
En agosto de 2026, el Mingob adjudicó la compra de 50 mil proyectiles y granadas de distintos tipos para uso de la PNC, por Q40 millones, según información de Guatecompras.
El diputado Jorge Mario Villagrán, presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, también ha cuestionado el nivel de entrenamiento policial para responder a las actuales contingencias de seguridad.
Leyes con problemas técnicos
Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), mantiene una postura crítica sobre la calidad técnica de la legislación en materia de seguridad.
A su criterio, la Ley de la PNC fue aprobada pese a advertencias sobre posibles problemas constitucionales, mientras que la normativa contra las pandillas presenta dificultades de aplicación en los tribunales.
Quezada considera que existen problemas de redacción para establecer cómo deben asignarse y procesarse los casos relacionados con integrantes de estructuras criminales.
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El analista planteó que el Congreso debe recuperar el carácter técnico de la legislación y revisar las normas ya aprobadas para corregir deficiencias que dificulten su aplicación.
Capacidades institucionales
César Vega, analista de Acción Ciudadana, considera que el debate debe separar las herramientas legales de las capacidades institucionales para utilizarlas.
Según Vega, la PNC y el Mingob tienen limitaciones para investigar estructuras criminales y responder a situaciones complejas debido a problemas de preparación, capacidad técnica y coordinación.
También señaló que la corrupción afecta los recursos destinados a equipamiento y entrenamiento, y puede facilitar vínculos entre integrantes de la Policía y estructuras del crimen organizado.
Para Vega, una reforma legal por sí sola no resolverá las deficiencias si las instituciones continúan debilitadas. Además, considera que las leyes contra pandillas deben analizarse junto con la capacidad del sistema de justicia para procesar los casos y las dificultades para investigar delitos complejos.
Sobre la posibilidad de adoptar en Guatemala medidas similares a las implementadas en El Salvador, Vega advirtió que ese modelo no puede trasladarse sin considerar las diferencias institucionales, políticas, territoriales y criminales entre ambos países.
El analista no descartó nuevas reformas, pero insistió en que la discusión debe incluir capacitación policial, combate a la corrupción, investigación criminal, coordinación institucional y funcionamiento del sistema de justicia.
También consideró necesario que las iniciativas tengan sustento técnico y respondan a las condiciones del país, en lugar de apostar únicamente por nuevas normas que después enfrenten dificultades para su aplicación.
