Gabriel García Luna cumple 120 días al frente del Ministerio Público (MP), cuyo balance se inclina por la depuración institucional tras una administración de ocho años.
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Este 17 de septiembre se cumplen cuatro meses desde que aquel 17 de mayo, durante la madruga, el Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) electo, Gabriel García Luna, asumiera funciones para el período 2026-2030, como encargado de la persecución penal en el país.
En sus primeros 120 días al frente del MP, sus acciones han sido vistas por analistas como "algo natural", después de una administración de ocho años que no sólo fue cuestionada a nivel nacional, sino también internacionalmente.
El balance de la gestión de García Luna se inclina hacia la depuración institucional en la que se han visto envueltos funcionarios de la línea de mando, así como fiscales allegados a la anterior administración de Consuelo Porras.
En lo que respeta al ejercicio de la acción penal, sobresalen las solicitudes de órdenes de aprehensión contra exfiscales, así como el retiro del derecho de antejuicio contra un juez y un alcalde y la petición de sobreseimiento del proceso penal a favor de líderes indígenas.
Proceso de liquidación
Con esto, uno de los hechos que cobró notoriedad y ha estado en mira del actuar del MP, fue el anuncio que el propio García Luna hizo al asegurar que iniciaría un proceso de liquidación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a partir del 18 de mayo.
Días después, el 20 de mayo, destituyó al jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, considerado como uno de los más próximos a la exfiscal Porras.
En esta línea, también resalta la orden de aprehensión solicitada contra el exfiscal Curruchiche, y el exjefe de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, Saúl Sánchez Molina, las cuales fueron denegadas el pasado 29 de julio por la jueza de Diligencias Urgentes María Benilda Sandoval Valdez.
Primeros cambios y disposiciones internas
Durante la conferencia de prensa ofrecida tras su toma de posesión, García Luna no sólo dio a conocer la renuncia del secretario General del MP, Ángel Pineda, considerado uno de los personajes claves de la gestión de Porras, sino informó que este sería sustituido por Edwin Santiago Chavajay Chavajay.
Además, se dio la designación de la secretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación, Shirley García Ovalle, y el secretario de Asuntos Informáticos, Rony López Galindo.
En las posteriores 48 horas de su asunción en el cargo, a través de las circulares SG/G 2026-000005 y SG/G 2026-000006, el nuevo Fiscal General dejó claro cuáles serían, a lo interno, las disposiciones que seguiría para la dirección de la institución.
De esa cuenta, se ordenó a las fiscalías a informar, con al menos 24 horas de anticipación sobre diligencias y actividades operativas, así como el uso indebido de la actividad fiscal y la imagen institucional, que incluye la prohibición de la utilización de redes sociales.
Renuncias, traslados y destituciones
Entre las renuncias aceptadas sobresale la presentada por el exjefe de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, Sánchez Molina, quien tras ser traslado para dirigir la Fiscalía de Secuestros, prefirió renunciar.
A esta se agrega Óscar Sagastume Álvarez quien presentó su renuncia como director de Investigaciones Criminalísticas. A la renuncia de Sánchez, también se añade las dimisiones presentadas por Melvin Portillo, quien fungía como secretario de Política Criminal.
Además, se conoció de la renuncia de Miguel Estuardo Ávila, quien se desempeñó como secretario contra la Corrupción durante la gestión de Porras. También trascendió la salida del encargado de Comunicación Social, Juan Luis Pantaleón.
En cuanto a traslados destacan el efectuado a Gilberto Porres, esposo de la exfiscal Porras, quien, de la Fiscalía Contra la Corrupción, pasó a la Fiscalía de Palencia, quien luego fue destituido junto a nueve fiscales.
A estos se suma, el caso de la Fiscal Cinthia Monterroso, quien, pese a ser nombrada el 2 de junio como jefe de la Fiscalía Regional de Occidente, el 19 de ese mismo mes fue destituida.
En la lista de fiscales destituidos, sobresalen nombres como Noé Nehemías Rivera Vásquez, fiscal de sección de la Fiscalía de Derechos Humanos, y Marilyn Solange Castillo Castillo, quien dirigía la Fiscalía de Delitos Administrativos, y Rocksy Gabriela Arriola López, agente fiscal de la Unidad de Métodos Especiales de Investigación
Entre los traslados más sonados resalta el de Raúl Figueroa, quien pasó a formar de la Fiscalía contra Secuestros.
Procesos penales
En lo que respecta al ejercicio de la acción penal, sobresalen las solicitudes de retiro de inmunidad contra el juez Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo Penal por la relación con un proceso penal tramitado por el juzgador relacionado por presuntos hechos de corrupción con la intervención judicial de un hotel de la zona 13.
También la petición de antejuicio promovida contra el alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias Suerias, por una denuncia de la Contraloría General de Cuentas (CGC), que solicitó investigar al jefe edil por posibles irregularidades en los procedimientos de la Ley de Contrataciones del Estado durante el otorgamiento de una licencia municipal.
Además, se suma la solicitud de sobreseimiento efectuada al juez Mynor Moto, titular del Juzgado Tercero Penal, en el proceso penal contra cuatro exlíderes de los 48 Catones de Totonicapán que fueron procesados por los delitos de asociación ilícita, terrorismo y obstrucción de la averiguación de la verdad y sedición.
Un actuar silencioso
Analistas consideran que el balance de García Luna, durante sus primeros cuatro meses, es natural tras un cambio tras una administración tan extensa y cuestionada.
El consultor asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Francisco Quezada, al calificar la gestión, explica que el actuar del MP ha sido silencioso y cauto, para tomar decisiones drásticas y adversas.
Quezada afirma que en profundidad no se ha visto nada, ya que se ha ido por simbolismos, por lo que le aconseja que siga una línea técnica y no política.
"No es mediático"
El analista independiente Renzo Rosal, afirma el Fiscal General ha tenido poca presencia, pues su agenda no obedece a un concepto mediático como si lo fue en la gestión de su sucesora.
Agrega que, aunque esto parece ser sano, la percepción que da es que se le esta pasando la medida, sobre todo porque no se conoce nada de lo que ésta haciendo el MP.
El analista considera que el nuevo Fiscal debería tener una estrategia de comunicación y presencia pública en donde él y su equipo no sólo se exponga un poco más, sino también se sepa cuál es la ruta que se esta siguiendo.
Agregó que estos más de cien días aún no es notorio cuál es el proyecto de García Luna al frente del MP.
"Hasta ahora, no se sabe si el proyecto de García Luna le apunta a modernizar la institución solo con equipo, recurso humano, tecnología. No sé sabe de qué se trata. Para mi, esa pregunta aún no ha tenido respuesta", opinó.
Señaló que lo único que se ha conocido es de algunas destituciones, remociones, cambios, traslados y algunos casos en los que ha intentado hacer la diferencia como es el caso de la solicitud de retiro de inmunidad del juez Fredy Orella, titular del Juzgado Séptimo Penal.
Finalmente, Rosal asegura que no se sabe que va a pasar con procesos de arrastre del MP, así como aquellos han sido emblemáticos de los últimos tres gobiernos que han sido cuestionados por actos de corrupción.
