La propuesta también busca involucrar a la Contraloría General de Cuentas en la verificación y fiscalización de los procesos.
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El Gobierno busca que organismos y organizaciones internacionales apoyen durante 2027 el desarrollo de una serie de proyectos considerados estratégicos en áreas de salud, educación, seguridad, carreteras, aeropuertos, puertos, deporte y transporte ferroviario.
La propuesta está contenida en el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027, que el Organismo Ejecutivo entregó al Congreso de la República el pasado 2 de septiembre y que quedó registrado como la iniciativa 6841.
En el artículo 122, del proyecto de Ley el Gobierno pide al Organismo Legislativo facultar a siete entidades públicas para suscribir convenios con agencias del Sistema de Naciones Unidas, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos u otros organismos internacionales.
La disposición considera inversiones estratégicas aquellas que generen un impacto significativo en el bienestar de la población, así como en la competitividad económica, movilidad y conectividad del país.
Para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) se contempla la construcción o intervención de centros y puestos de salud destinados a incrementar la cobertura y calidad de los servicios en los 114 municipios con los índices más altos de pobreza.
En el caso del Ministerio de Educación (Mineduc), la propuesta incluye Institutos Regionales de Educación en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Santa Rosa, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Zacapa, Petén, Sololá, Quiché y Retalhuleu.
Al Ministerio de Gobernación (Mingob) se le permitiría utilizar este mecanismo para el desarrollo y construcción de centros de detención de máxima seguridad y centros de cumplimiento de condenas.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) busca concentrar cuatro intervenciones, las primeras son el Anillo Regional C-50 y el desarrollo de rutas nacionales y departamentales contempladas en el Plan Conecta.
Las otras dos intervenciones mencionadas son el desarrollo de caminos rurales incluidos en el programa Avenidas para el Buen Vivir y los proyectos relacionados con el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Para el Ministerio de Cultura y Deportes se plantean la construcción de ciudades deportivas en Chimaltenango, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Petén y San Marcos.
En el proyecto de presupuesto 2027 el Ejecutivo busca que el Congreso faculte a varias instituciones para suscribir convenios de intervenciones e inversiones estratégicas con organismos internacionales. pic.twitter.com/QRRMq5gN6m
Asimismo, se busca que la Empresa Portuaria Quetzal suscribía convenios para la modernización y ampliación de Puerto Quetzal.
Por último, se busca que la institución Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) tenga autorización para proyectos ferroviarios, en este caso resalta la construcción del sistema de tren ligero denominado Metro Riel.
Este proyecto de movilidad vial busca conectar la zona 12 de Villa Nueva con la zona 17 del municipio de Guatemala, asimismo, Fegua también buscaría una conexión del Tren Maya de México con Guatemala.
El mismo artículo 122 incorpora un mecanismo de control, pues el Ejecutivo propone que se instruya a la Contraloría General de Cuentas (CGC) para que, a petición de las entidades que suscriban los convenios, realice acciones de verificación y fiscalización de los procesos.
El objetivo de esto sería garantizar la transparencia en la ejecución del gasto público y que el desarrollo de los proyectos sea auditado sin obstáculos.
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La autorización todavía depende del Congreso, que debe discutir y eventualmente aprobar el proyecto de presupuesto para que estas disposiciones puedan tener vigencia durante el ejercicio fiscal 2027.
El Legislativo recibió formalmente la propuesta a principios de septiembre y corresponde a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda emitir un dictamen y posteriormente al pleno analizar su contenido.
¿Qué busca el Gobierno?
César Vega, coordinador general de Acción Ciudadana, explicó que la posibilidad de que el Estado suscriba convenios con organismos internacionales para desarrollar infraestructura no representa por sí misma una figura ajena al marco jurídico guatemalteco.
A su criterio, la incorporación de proyectos y entidades específicas en el proyecto presupuestario puede interpretarse como una apuesta por utilizar este tipo de convenios para reducir riesgos de corrupción en la contratación de obra pública.
Recordó que "no es secreto" y que "está plenamente documentado" cómo la creación de obra pública, "está fuertemente capturada por redes político-empresariales" que acaparan la contratación de estos proyectos.
Vega señaló que existen experiencias en Guatemala en las que los convenios con organizaciones internacionales han permitido reducir riesgos vinculados con la contratación pública.
Sin embargo, advirtió que esa modalidad no elimina automáticamente esos riesgos de opacidad en los proyectos.
El analista destacó que recurrir a un organismo internacional no debe convertirse en una garantía automática de transparencia.
Asimismo, consideró necesario que las instituciones publiquen información sobre la implementación de cada proyecto y que exista fiscalización institucional, además del seguimiento de medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil.
