El cierre del ENADE 2026 selló un compromiso histórico entre el Gobierno y el sector privado para fortalecer las instituciones de justicia, frenar el crimen organizado e impulsar la economía nacional.
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La consolidación de un entorno de seguridad integral como condición primaria para sostener la estabilidad macroeconómica y estimular la atracción de capitales centró el cierre de la vigésima edición del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE 2026), foro que reunió a la cúpula empresarial, autoridades de gobierno, representantes del cuerpo diplomático, académicos y expertos internacionales.
En la jornada de clausura, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, y el presidente del comité organizador del evento, Juan Mini, ratificaron un acuerdo interinstitucional de largo plazo cuyo objetivo prioritario es reducir la tasa de homicidios de 16.8 a menos de 8 por cada 100 mil habitantes en un horizonte de diez años, consolidando la certeza jurídica como el pilar fundamental del crecimiento económico de Guatemala.
Durante la presentación del mensaje final del sector empresarial, Juan Mini enfatizó que los avances alcanzados durante las últimas cuatro décadas demuestran la capacidad del país para superar retos estructurales cuando existe una visión compartida entre la sociedad civil y el Estado.
Mini recordó que la tasa de violencia experimentó una notable reducción desde los 46.5 homicidios por cada 100 mil habitantes registrados en 2009 hasta los 16.1 reportados a mediados de 2026, lo cual representa una caída de más de dos terceras partes atribuible a la profesionalización de la Policía Nacional Civil, el uso de inteligencia criminal y la coordinación entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial.
"Lo que nos trajo de 46 a 16 homicidios por 100 mil habitantes no es lo mismo que nos llevará a menos de ocho", afirmó Juan Mini, presidente del Comité Organizador del ENADE 2026.
Avances y metas de seguridad
Para dar continuidad a esa trayectoria descendente, la dirigencia organizadora planteó la necesidad de implementar cuatro proyectos insignia diseñados para dinamizar el sistema de justicia penal y neutralizar el crimen organizado.
Estas propuestas abarcan el fomento de la denuncia anónima y protegida con incentivos económicos para la ciudadanía, la digitalización e interconexión tecnológica de todas las entidades del sector justicia, la ampliación territorial de las zonas seguras a cargo de la policía y el control estricto del sistema penitenciario mediante la edificación de cárceles de máxima seguridad que eviten la coordinación de delitos desde los centros de privación de libertad.
A su vez, el presidente de la República Bernardo Arévalo respaldó las metas propuestas por el sector empresarial y subrayó que la estrategia del Ejecutivo coincide en priorizar la recuperación del control territorial, la modernización de las fuerzas de seguridad y la erradicación de las redes de corrupción que intentan coaccionar la institucionalidad pública.
"Cada extorsión que paga un comerciante, cada territorio que controla el narcotráfico, cada quetzal que se lava, es inversión que no llega, empleo que no se crea y oportunidades que se niegan a nuestras familias", declaró Arévalo.
Pilar económico e institucional
En el balance de los resultados operativos presentados por el Gobierno, el mandatario destacó que las intervenciones coordinadas entre la fuerza pública y el Ministerio Público permitieron incautar más de 36 toneladas de estupefacientes en lo que va de la administración actual, asestando un impacto financiero al narcotráfico superior a los 3,500 millones de quetzales.
Asimismo, el jefe de Estado resaltó la captura de más de 2,290 personas vinculadas a la narcoactividad, la detención de 38 individuos requeridos en extradición por la justicia internacional y la reducción del 40 % en los casos de extorsión mediante operativos focalizados contra estructuras criminales en zonas urbanas.
En el ámbito de la modernización de la infraestructura pública y penitenciaria, el mandatario confirmó el avance en la construcción del centro de máxima seguridad El Triunfo, ubicado en Izabal, el cual albergará a más de 2,000 privados de libertad de alta peligrosidad, así como el inicio del proceso de adjudicación para una nueva prisión de alta seguridad en Masagua, Escuintla.
Arévalo explicó que estos recintos estarán operados por una promoción totalmente nueva de guardias penitenciarios para garantizar el cumplimiento riguroso de las penas y evitar la reproducción del delito desde el interior de los penales.
Proyectos y ciberseguridad
Mini reconoció el impacto positivo de normativas aprobadas por el Congreso como la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, la Ley de Alianzas Público-Privadas y las reformas contra el lavado de dinero y la delincuencia organizada, asegurando que constituyen las herramientas jurídicas para acelerar la competitividad de la economía guatemalteca.
No obstante, el directivo advirtió sobre los riesgos de aprobar iniciativas de carácter populista que puedan comprometer las finanzas municipales o la estabilidad tributaria de largo plazo.
Por su parte, el presidente Arévalo hizo un llamado urgente para avanzar en la aprobación final de una ley de ciberseguridad que proporcione un marco de gobernanza técnico y presupuesto adecuado para proteger los activos digitales, transacciones bancarias y plataformas comerciales del país.
El gobernante concluyó que la meta de transformar a Guatemala en un centro logístico e industrial regional exige la sostenibilidad de estas políticas de Estado más allá de los períodos de gobierno, invitando al sector privado a mantener la fiscalización y el acompañamiento técnico continuo.
