Los cambios en el portal de compras del Estado generaron cuestionamientos de varios sectores que señalaban que era un retroceso para la fiscalización.
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El presidente Bernardo Arévalo anunció que quedará suspendida la implementación de los cambios efectuados en el sistema Guatecompras, mientras el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) retoma un proceso de consulta con distintos sectores.
Dicho proceso sería para revisar las modificaciones y atender los cuestionamientos surgidos en torno a la fiscalización de las contrataciones públicas.
La decisión ocurre después de varios días de críticas de sectores empresariales, políticos y usuarios de la plataforma, que advirtieron que las modificaciones podían limitar herramientas utilizadas para consultar y cruzar información relacionada con proveedores del Estado.
Durante la conferencia de prensa La Ronda, Arévalo explicó que el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, anunciará formalmente la suspensión de la implementación y la apertura de una nueva ronda de consultas.
"El ministro anunció en una entrevista que [...] vamos a suspender la implementación para permitir una ronda de consultas y que todo el mundo vaya verificando que efectivamente este es un mecanismo que no obstaculiza de ninguna manera la fiscalización", afirmó el gobernante.
Según Arévalo, la controversia alrededor de las modificaciones se originó por una "confusión alimentada por la desinformación" y aseguró que el objetivo del Ejecutivo no es restringir las posibilidades de fiscalización de periodistas, organizaciones sociales o ciudadanos.
El mandatario sostuvo que, por el contrario, los ajustes pretenden hacer más ágil la localización de información relevante dentro de Guatecompras y proteger los datos de personas que no mantienen ni han mantenido relaciones contractuales con el Estado.
Cuestionamientos
La suspensión ocurre luego de que distintos sectores cuestionaran públicamente los cambios.
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Por ejemplo, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), manifestó su "firme rechazo" y calificó las modificaciones como un retroceso en las prácticas de gobierno abierto que podía comprometer los estándares de transparencia de la administración pública.
Diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con el argumento de que las restricciones dificultaban el cruce de datos utilizado por ciudadanos, periodistas y organizaciones para investigar las contrataciones públicas.
La controversia se concentró principalmente en la modificación de la funcionalidad para buscar proveedores.
El Minfin había defendido que Guatecompras debía mostrar información vinculada directamente con personas individuales o jurídicas relacionadas con procesos de contratación pública, en lugar de permitir consultas sobre personas inscritas en registros tributarios, pero sin relación con compras estatales.
