Guatemala es otra desde el pasado 25 de abril. Los periodistas, acostumbrados a enfrentarnos con una realidad de vorágine y a saltar de primicia en primicia, a duras penas podemos seguirle el paso a los acontecimientos. Para muestra, el viernes 8 de mayo. El mismo día en que se escribió una nueva página en la Historia de la era democrática, cuando el mandatario Otto Pérez Molina anunció la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, ocurrió un hecho noticioso que podría considerarse casi tan relevante como éste.
Me refiero al anuncio hecho por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-, de que se había desarticulado, por primera vez en este país, a un “Bufete de la Impunidad”, una situación inédita, también.
Todos “sabíamos” que en este país es habitual que abogados pícaros sobornen a jueces deshonestos a cambio de prebendas o ventajas para sus defendidos. La práctica es tan rutinaria que los letrados decentes tienen que desarrollar estrategias paralelas cuando saben que les toca enfrentarse con una realidad tan lamentable. Pero ver a estos “operadores de justicia” detenidos y esposados ya es otra cosa. No había ocurrido nunca.
El comisionado Iván Velásquez, en la rueda de prensa posterior a darse a conocer las capturas de los abogados José Arturo Morales Rodríguez y Ruth Emilza Higueros Alay, aseguró: “Que los jueces vendan sus decisiones genera una gran tristeza”. Le doy toda la razón. Llora sangre que muchos guatemaltecos lidien con un sistema judicial tan corrupto, en el que, aunque estén conscientes de su inocencia, también tengan claro que demostrarla pueda estar acompañada de pagos de cientos de miles de quetzales, además de tiempo tras las rejas si no “llegan al precio”.
La ciudadanía por lo general ha puesto sus ojos en las maniobras corruptas que ocurren en el Organismo Ejecutivo. Y también en las del Legislativo, donde nadie olvida el robo de los Q82,8 millones descubierto en 2008. Pero esa misma ciudadanía habla poco de lo que ocurre dentro del Organismo Judicial.
La valiente decisión de la magistrada Claudia Escobar de dar un paso al frente, renunciar a su magistratura y además denunciar presiones del diputado patriota Gudy Rivera le valió todo tipo de amenazas. No solo a ella, sino también a las jueces y juezas que la acompañaron en su denuncia.
Por ella y por todos los operadores de justicia que día a día hacen su trabajo con honestidad, el #RenunciaYa no debe de entenderse solo como un llamado de atención a la clase política, de la que los guatemaltecos estamos tan cansados. Es preciso que este clamor se escuche en los pasillos del Organismo Judicial. No más magistrados corruptos. Que dimitan quienes tengan manchadas las manos con el sucio dinero de quien compra una resolución que condena a un inocente, o bien que libera a un culpable. Las manifestaciones deben llegar, y pronto, a hacerse sentir a las puertas de donde, en más ocasiones de las tolerables, la justicia no es pronta ni cumplida. Exactamente donde se ejerce la impunidad.
