La recién sancionada Ley General del Sistema Portuario Nacional de Guatemala busca modernizar sus puertos impulsando la seguridad, certeza jurídica y apertura comercial.
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La recién sancionada Ley General del Sistema Portuario Nacional plantea cambios en tres áreas que, según el presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, diputado Jorge Ayala, son claves para modernizar los puertos del país como la seguridad, certeza jurídica y apertura a nuevas inversiones.
Seguridad
En materia de seguridad Ayala explicó que la normativa busca que el país cumpla plenamente con el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias.
Además, indicó que la nueva Autoridad Portuaria Nacional (APN) tendrá un papel central en el desarrollo de protocolos y controles de protección portuaria, mientras que el Ministerio de la Defensa mantendrá las funciones relacionadas con la soberanía y las aguas territoriales.
La ley también crea mecanismos de coordinación entre distintas instituciones para atender riesgos como el ingreso o salida de mercancías ilícitas y otras amenazas a las instalaciones portuarias.
Certeza Jurídica
En cuanto a la certeza jurídica, Ayala destacó como uno de los principales cambios la creación de nuevas figuras para desarrollar y administrar infraestructura portuaria. Entre ellas están el Contrato de Administración Portuaria (CAP) y el Usufructo Oneroso Portuario (USOP), mecanismos que permitirán establecer condiciones más claras para quienes estén interesados en invertir.
El diputado se refirió las áreas que actualmente operan bajo esquemas de arrendamiento y que podrían requerir nuevas inversiones o ampliaciones. La intención es que los proyectos cuenten con plazos suficientes para recuperar el capital invertido y que las condiciones de los contratos sean más previsibles.
Asimismo, el Decreto 20-2026 reconoce la certeza jurídica como uno de los principios del Sistema Portuario Nacional y establece distintos modelos de administración y contratación, incluidos esquemas de participación privada.
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Apertura de mercado
Sobre la apertura del mercado, Ayala señaló que la ley permitirá una mayor participación de capital privado, tanto mediante proyectos completamente privados como a través de alianzas con el Estado.
La apuesta es que la llegada de nuevos operadores genere competencia y obligue también a los puertos públicos a mejorar sus servicios.
En ese esquema, los desarrolladores tendrán libertad para establecer sus tarifas, aunque deberán mantenerse bajo condiciones que permitan una competencia efectiva y eviten tarifas por debajo de los costos.
La normativa establece como principio el fomento de la competitividad del sistema y contempla procedimientos competitivos para adjudicar proyectos portuarios.
Según Ayala, el objetivo es evitar que la falta de eficiencia de los puertos guatemaltecos termine provocando que la carga de importación y exportación se desvíe hacia terminales de países vecinos con mejores condiciones.
También sostuvo que la competencia debería beneficiar tanto a los usuarios de los puertos como al comercio exterior del país.
En ese sentido, la nueva legislación busca combinar mayores controles de seguridad, reglas más claras para las inversiones y la incorporación de nuevos actores al mercado portuario, con la expectativa de que esto contribuya a modernizar tanto las instalaciones existentes como los futuros proyectos.
Implementación efectiva
Desde el sector privado la nueva normativa portuaria puede ser un punto de partida para modernizar la infraestructura portuaria del país. Tanto el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) como la Cámara de Industria (CIG) enfatizaron la importancia de contar con reglas más claras, fortalecer la institucionalidad y generar condiciones para atraer inversión.
El CACIF consideró que la nueva legislación representa un avance para actualizar el marco jurídico del desarrollo portuario y generar mayor certeza jurídica y construir un sistema más eficiente y competitivo, acorde con las necesidades del comercio nacional e internacional.
También relacionó la modernización de los puertos con la competitividad del país, al señalar que una infraestructura portuaria más eficiente puede facilitar el comercio, promover inversiones y fortalecer la participación de Guatemala en las cadenas regionales y globales de suministro.
Agregó como otro beneficio la posibilidad de reducir costos logísticos y agilizar el movimiento de mercancías. "En la medida en que estos beneficios se consoliden, podrán traducirse en una mayor disponibilidad de productos y en condiciones más favorables para todos los guatemaltecos", indicó.
Por su parte, la CIG se refirió a esta nueva ley como un paso para superar el rezago histórico de Guatemala en materia portuaria. La organización señaló que el país necesita una visión de largo plazo que fortalezca la institucionalidad, dé certeza jurídica y permita atraer inversión pública y privada para ampliar y modernizar la infraestructura logística.
Además, resaltó el peso que tienen los puertos en el comercio exterior. "Se estima que el 75% del comercio exterior se moviliza por vía marítima, por lo que contar con un sistema portuario moderno y eficiente es fundamental para fortalecer las cadenas de suministro, reducir costos logísticos, mejorar el abastecimiento e incrementar la competitividad de Guatemala"
Sin embargo, la CIG señaló que la aprobación de la ley de puertos por sí sola no garantiza esos resultados y el impacto dependerá de una implementación técnica, transparente y coordinada entre las instituciones responsables, para que las disposiciones de la normativa realmente se traduzcan en mejoras para el sistema portuario.
¿Qué sigue tras la sanción?
Según Ayala, después de la sanción de la ley portuaria el siguiente paso será integrar el primer directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
Este estará conformado por un presidente designado por el presidente de la República, representantes de los ministerios de Economía, Comunicaciones y Gobernación, y un representante del Consejo de Usuarios del Sistema Portuario Nacional.
Una vez integrado, deberán nombrarse los primeros cuadros gerenciales, elaborar el reglamento de la nueva autoridad y comenzar a trabajar en la propuesta del Plan Integral de Desarrollo Portuario.
