La comisión técnica conformada específicamente para analizar los posibles cambios al delito de financiamiento electoral ilícito aún no logra acuerdos, pero ya cuenta con tres propuestas en las que se podrían basar las modificaciones. El problema es que podría beneficiar a los dignatarios y funcionarios que están acusados de cometer esta falta, incluido el presidente Jimmy Morales, temen los expertos.
Tres iniciativas ha recibido la comisión. Una de ellas es la del equipo técnico, conformada por asesores del diputado del Frente de Convergencia Nacional, Rodolfo Castañón. En esta se plantea no solo reducir las penas, sino individualizar la culpa.
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En la actualidad, el Código Penal establece que los responsables de cometer financiamiento electoral ilícito dentro de una agrupación política son las personas individuales o jurídicas que aporten, reciban o autoricen la recepción de los recursos de dudosa procedencia o de personas que prefieren guardar el anonimato.
Con la reforma planteada por los técnicos oficialistas se carga la culpa a la persona encargada en administrar los fondos del partido político. Además, se reducen las sanciones a 3 y 5 años y multas de 20 mil quetzales a 50 mil quetzales; cuando en la actualidad es de cuatro a doce años de prisión y multas de Q200 mil a Q500 mil. La idea ha sido incrementar las penas.
La bancada Convergencia también presentó una propuesta. En ella se divide el delito en dos: el financiamiento electoral no registrado y el anónimo. El primero lo cometería quien reciba aportes y los reporte al ente fiscalizador; y el otro para quien financie y carezca de recibo contable. Establece sanciones de prisión que van de seis meses a cinco años de cárcel y multas de 20 mil quetzales a 400 mil.
El diputado Oliverio García Rodas, quien ya había trabajado una propuesta cuando presidía la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, planteó dejar el delito para quienes aporten, reciban o autoricen contribuciones de forma anónima y no se registren en el libro contable de la agrupación política. En ella reduce las penas y las deja en prisión de tres a cinco años, la cual se incrementará en dos terceras partes cuando lo cometa quien ejerza un cargo público o de elección popular.
Borradores
Los diputados Raúl Romero y Juan José Porras coincidieron en que los documentos que tiene la comisión aún se tratan de borradores y que pueden cambiar, por lo que no son letra muerta.
Romero explicó que el presidente de la Comisión definió dejar algunos días para que los legisladores tengan el tiempo de analizar las propuestas y en una próxima reunión, que aún no tiene fecha, se analicen modificaciones.
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"Es probable que ninguna de las tres quede como fueron presentadas, incluso, podría armarse un nuevo planteamiento", aseguró el legislador.
Beneficia a acusados
Carlos Bezares, abogado constitucionalista, aseguró que las tres propuesta planteadas podrían beneficiar a los funcionarios y dignatarios que están siendo investigados por el Ministerio Público (MP).
En este momento, los diputados Roberto Villate, del extinto Líder; y Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, perdieron su inmunidad luego de una solicitud del MP para investigarlos por dicho delito. Mientras que el presidente Jimmy Morales fue protegido por los legisladores.
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De acuerdo con el abogado, sí es necesario hacer una distinción entre financiamiento ilícito y anónimo, pues el primero regularmente proviene de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero. Mientras que el segundo se esconde en el anonimato y pretende que sus empresas no sean identificadas para que después sean beneficiadas con obras.
Para Bezares, ninguna de las tres propuestas está bien planteada, pues reducen penas y, al menos dos, quitan la responsabilidad a los directivos de las agrupaciones.
Pacto de corruptos
En septiembre del año pasado, diputados de diferentes bancadas, incluyendo de la UNE, que había sido de oposición, acordaron modificar el delito de financiamiento electoral ilícito, lo cual los beneficiaría. No obstante, la Corte de Constitucionalidad frenó el cambio, pero ahora ordenó reformarlo con el fin de aclarar su contenido.
En 2017, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales presentó una iniciativa que reformaba el Código Penal, en el que se incrementaban las penas a 16 años de cárcel y se hacía una distinción entre financiamiento ilícito y anónimo. Sin embargo, esta propuesta no ha sido retomada en la sala especial que dirige Castañón.
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