La polémica Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), por la que son investigados Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, cambió su nombre a APM Terminals Quetzal, haciendo referencia a su nueva propietaria, la empresa holandesa APM.
El cambio se celebró con un evento de reinauguración comercial nueve meses después de que recibió el primer buque.
- RECUERDA:
“Esta terminal ha tenido una historia turbulenta. Hemos decidido trabajar juntos con el país para volver al camino correcto”, recordó Henrik Pedersen, representante comercial de la compañía europea.
Para el próximo año, APM Terminals Quetzal espera tener una nueva grúa, para lo cual invertirá 15 millones de dólares.
Además, la terminal espera recibir 260 buques el próximo año, una cantidad que duplica a la recibida en 2017.
Futuro legal incierto
Pedersen respondió sobre la situación en la que se encuentra la concesión de la operación portuaria y señaló que el proceso sigue en curso y confió en que el resultado será positivo para su empresa.
“Son especulaciones, pero tenemos fe en que el proceso de nulidad tendrá un resultado positivo”, comentó el representante.
La nueva grúa de APM Terminals Quetzal costara $15millones @soy_502 pic.twitter.com/L7y3p96H9i
— Roberto Caubilla (@RobertoCSoy502) 21 de noviembre de 2017
Pedersen señaló que cuando se solucione este proceso aumentarán otras inversiones y se estará trabajando para desarrollar el área y ubicar una zona franca.
Pasos legales contra TCB
La empresa Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), primer propietario de TCQ, se encuentra inmerso en un proceso legal señalado de sobornar a las autoridades para conseguir la concesión.
Superintendente @foppaguate indicó que la terminal recaudó Q86millones desde que inició operaciones en febrero @soy_502 pic.twitter.com/6QXlm0DGWz
— Roberto Caubilla (@RobertoCSoy502) 21 de noviembre de 2017
Antes de que el Ministerio Público y la Comisión contra la Impunidad destaparan la trama, APM Terminals compró la empresa TCB y sus terminales en el mundo, incluyendo la de Guatemala.
“Tomamos acciones legales contra la empresa porque ocultaron esa información en el proceso de venta”, apuntó Pedersen.
