La Comisión de Finanzas espera que el Ejecutivo reduzca entre Q7 mil millones y Q10 mil millones el proyecto de presupuesto 2027.
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El análisis del presupuesto 2027 en el Congreso, al viernes 6 de noviembre, está a la espera de una decisión del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin). Mientras tanto, la Comisión de Finanzas Públicas aún no cuenta con una cifra oficial de reducción que le permita ajustar el proyecto y definir las asignaciones para las instituciones del Estado.
El presidente de esa comisión, el diputado Guillermo Ralda, explicó que el Minfin podría plantear, de manera preliminar, una disminución de entre Q7 mil millones y Q10 mil millones respecto al monto inicial. Hasta el momento los diputados necesitan conocer la propuesta oficial para comenzar a trabajar sobre números concretos, indicó.
Ralda agregó que el ajuste también responde a la reducción temporal de impuestos y del Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP), que podría afectar la recaudación de este año y los ingresos previstos para 2027 si continúan las condiciones internacionales que inciden en los precios de los combustibles.
El diputado señaló que, una vez recibida la información, la comisión revisará las solicitudes de aumento presupuestario que presentaron ministerios, entidades de justicia, organizaciones no gubernamentales y fundaciones.
Entre las instituciones que solicitaron más recursos mencionó al Organismo Judicial (OJ), el Ministerio Público (MP) y otras entidades del sector justicia.
Además, Ralda afirmó que la comisión busca reducir el déficit fiscal de 4.4% a un rango de entre 3.3 % y 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), con una meta cercana al 3.4 %.
En busca de más fondos para 2027
Las audiencias públicas de la Comisión de Finanzas permitieron conocer las necesidades presupuestarias de distintas instituciones para el próximo año. Durante las reuniones, varios funcionarios solicitaron mayores asignaciones para ampliar programas, atender servicios y financiar proyectos.
El proyecto presentado por el Ejecutivo asciende a Q192 mil 045 millones y con las audiencias concluidas, los diputados deberán determinar qué solicitudes respaldan y cuáles podrían modificar antes de emitir el dictamen.
Una de las peticiones más altas fue la del Ministerio de Educación (Mineduc).
La ministra Anabella Giracca defendió una asignación de Q27 mil 898 millones, que representa Q1 mil 282 millones adicionales frente a los Q26 mil 616.5 millones vigentes. La cartera prevé utilizar esos recursos en el mantenimiento de centros educativos, la apertura de institutos y otros programas del sector.
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En el caso del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el ministro Abelardo Pinto planteó un presupuesto de Q5 mil 500 millones. La cifra supera en Q1 mil 503 millones los Q3 mil 996 millones asignados para 2026. La ampliación permitiría extender los programas sociales y atender a unas 500 mil familias.
El Ministerio de Gobernación (Mingob), a cargo de Marco Antonio Villeda, también presentó una propuesta de Q10 mil 490 millones. Entre los rubros que expuso durante la audiencia fueron Q365 millones para patrullas y motocicletas, Q444 millones para el Bono de Bienestar Policial y Q95 millones para la compra de armas.
Además, entre las asignaciones relevantes dentro del proyecto original corresponden al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) más de Q18 mil 615 millones, y al Ministerio de Comunicaciones, con Q10 mil 668 millones.
A las solicitudes ministeriales se sumó la del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que requirió Q2 mil 776 millones para preparar las elecciones generales de 2027. La entidad destinaría principalmente esos fondos a la contratación de personal y al funcionamiento de las juntas electorales.
Tras conocer estas peticiones del Ejecutivo, la Comisión de Finanzas deberá establecer qué instituciones recibirán los recursos solicitados y cuáles tendrán ajustes, considerando la capacidad de ejecución de las entidades y los resultados que podrán ofrecer con las asignaciones aprobadas.
El diputado Ralda estimó que el dictamen podría estar listo entre el 15 y el 20 de noviembre. Después, el proyecto deberá discutirse en el pleno, que tiene como fecha límite el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto de 2027. Si no consigue los votos necesarios, seguirá vigente el presupuesto de 2026.
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Tiempo y discusión
La intención de la Comisión de Finanzas es avanzar con el tema del presupuesto antes de la fecha límite del 27 de noviembre.
El diputado Ralda también señaló que ya existen acercamientos con la Junta Directiva del Congreso para evaluar la posibilidad de convocar, si fuera necesario, a sesiones extraordinarias y avanzar con el trámite del presupuesto.
Por su parte, el diputado Orlando Blanco, cuarto secretario de la Junta Directiva, advirtió que el calendario podría complicar la aprobación mediante el procedimiento ordinario. Es decir, se necesitarían tres sesiones plenarias, correspondientes a las tres lecturas del proyecto, sin embargo, todavía debe existir un dictamen de la comisión para iniciar la discusión.
Agregó que si la comisión no emite el dictamen a tiempo, la aprobación de urgencia nacional podría convertirse en la alternativa para resolver el trámite antes de que concluya el periodo de sesiones.
Cuestionan la calidad del gasto
Más allá de la posible reducción del monto del presupuesto 2027, planteado por el diputado Ralda, el analista Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), considera que la discusión no debería concentrarse únicamente en cuánto podría reducirse el monto original, sino en la forma en que se distribuirán y utilizarán los recursos públicos.
Quezada cuestionó que el proyecto mantenga asignaciones para los consejos de desarrollo y espacios presupuestarios que no tienen un destino suficientemente definido. Advirtió que estos mecanismos podrían facilitar el manejo discrecional de fondos durante el año electoral.
Según señaló, tanto el Ejecutivo como los diputados podrían beneficiarse de estos recursos para impulsar proyectos con fines clientelares y buscar respaldo político. Por esta razón, consideró que una reducción de entre Q7 mil millones y Q10 mil millones no resolvería los problemas de fondo si se mantienen las mismas prácticas de distribución del gasto.
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También señaló una contradicción entre la postura que el presidente Bernardo Arévalo, expresó en su momento, sobre los consejos de desarrollo y las disposiciones que se incorporaron al proyecto presupuestario desde el Minfin.
El analista interpretó esta situación como una señal de posibles acuerdos entre el Ejecutivo y los diputados para mantener espacios de asignación de recursos que podría reducir los enfrentamientos durante la negociación, debido a que ambos sectores tendrían acceso a fondos para sus proyectos.
Deuda pública
Sobre el financiamiento del presupuesto mediante deuda pública, Quezada señaló que la Ley Orgánica del Presupuesto establece restricciones para utilizar el endeudamiento en gastos recurrentes, como el pago de salarios y compromisos derivados de pactos colectivos. Una práctica que podría trasladar obligaciones financieras a la siguiente administración.
También consideró que el problema no se limita al nivel de endeudamiento, sino al destino de los recursos. Explicó que adquirir deuda puede tener sentido cuando financia proyectos productivos que mejoran las condiciones de vida de la población, pero representa un riesgo cuando se utiliza para sostener el funcionamiento del aparato estatal sin generar beneficios equivalentes.
En ese contexto, cuestionó que el presupuesto destine cada vez más recursos al funcionamiento del Gobierno, mientras la inversión pública pierde participación.
Según sus estimaciones, la inversión representa alrededor del 12% del presupuesto 2027, una proporción insuficiente frente al gasto destinado a planillas, bonos, pactos colectivos y crecimiento de la burocracia que limita la capacidad del Estado para construir hospitales, mejorar carreteras y desarrollar infraestructura portuaria.
También señaló que el aumento del gasto de funcionamiento termina desplazando recursos que podrían destinarse a obras y servicios públicos.
El costo para los ciudadanos
Quezada también cuestionó el argumento de que el aumento del presupuesto responde al incremento del costo de la vida, el crecimiento del gasto estatal no necesariamente se traduce en mejores servicios para la población, es decir, los ciudadanos pagan impuestos para financiar servicios públicos como salud y seguridad, pero muchos deben recurrir a alternativas privadas porque no reciben atención suficiente del Estado.
Por aparte, el analista económico de ASIES, Erick Coyoy, señaló que el proyecto 2027 plantea un incremento de 14% respecto al presupuesto de este año, pese a que los ingresos no muestran un crecimiento equivalente.
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Mencionó que la autorización de Bonos del Tesoro pasaría de aproximadamente Q22 mil millones en 2026 a cerca de Q45 mil millones para 2027 y este aumento representa un compromiso financiero que la población tendrá que pagar en los próximos años.
Coyoy consideró que el Congreso debería revisar el crecimiento del gasto y mantener la disciplina fiscal. También advirtió que, en un año electoral, no existen garantías de que una mayor disponibilidad de recursos se traduzca en inversión pública de calidad.
Sobre la posibilidad de aprobar el proyecto antes del tiempo estimado consideró que existen condiciones políticas para alcanzar los votos necesarios en el pleno.
Asimismo, Quezada considera que existen condiciones para que el Congreso apruebe el presupuesto 2027, debido a los acuerdos que han permitido reunir amplias mayorías en votaciones recientes.
Como lo ocurrido con la reelección de la Junta Directiva del Congreso y otros consensos entre diputados oficialistas y de oposición. Sin embargo, señaló que en el Congreso las negociaciones políticas pueden cambiar en poco tiempo.
Al ser consultado sobre las negociaciones entre bancadas por tema del presupuesto, Blanco refirió que no habría mayores dificultades políticas para aprobar el presupuesto 2027, no obstante, indicó que la comisión debe discutir los montos, las subejecuciones, las asignaciones cuestionadas y los mecanismos para evitar que los recursos se utilicen con fines electorales.
El papel del Congreso en las asignaciones
Quezada sostuvo que los diputados deben revisar y modificar la propuesta presentada por el Ejecutivo, pero cuestionó que incorporen asignaciones propias para organizaciones, obras y otros proyectos.
También criticó el papel que han adquirido los consejos de desarrollo en la ejecución de recursos públicos. Según indicó, estos espacios permiten que los diputados intervengan en la distribución de fondos y mantengan una influencia sobre las asignaciones que reciben las municipalidades.
Agregó que esta dinámica puede convertir a los consejos de desarrollo en mecanismos de gestión política de recursos, en lugar de concentrarse en atender las necesidades de las comunidades.
Mientras tanto, el analista Coyoy agregó que la ciudadanía debe exigir transparencia, fiscalización y cumplimiento de las normas presupuestarias, para evitar que el endeudamiento aumente sin beneficios concretos para la población.
Soy502 intentó contactar a diputados oficialistas y de oposición para conocer sus posturas sobre la negociación, pero al cierre de esta nota no fue posible obtener respuesta.
