El sector del transporte de carga pidió acelerar la implementación del Decreto 21-2026 para reducir la presión sobre los costos de operación.
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El sector de transporte de carga se declaró una crisis operativa y financiera debido al incremento sostenido del precio del diésel, que, según sus cálculos, ya representa cerca de la mitad de los costos de operación por viaje.
La Unidad Gremial Estratégica del Transporte de Carga de Guatemala (UGET) advirtió este 18 de septiembre que el aumento del combustible supera la capacidad de absorción de las empresas transportistas y de los contratos comerciales vigentes.
Según informó Héctor Fajardo, directivo de la Coordinadora Nacional de Transportes (CNT), la situación que estaría reduciendo la liquidez necesaria para mantener las operaciones y garantizar el abastecimiento.
Fajardo explicó que la UGET pide como medida inmediata que se complete la implementación del Decreto 21-2026, aprobado por el Congreso de la República el 8 de septiembre.
Asimismo, agregó que exigen que paralelamente se construya un mecanismo permanente de estabilización de precios para enfrentar futuras variaciones.
El directivo precisó que entre junio y el 17 de septiembre de 2026 el precio del galón de diésel en modalidad de autoservicio pasó de Q27.29 a Q49.39, un incremento de Q22.10 y que en estaciones de servicio completo se observaron precios de hasta Q50.89 por galón.
Agregó que el diésel representa actualmente alrededor del 43.52% del costo total de operación del transporte de carga, luego de aumentar 14.41 puntos porcentuales dentro de su estructura de costos.
Según los datos presentados en la conferencia se estima que una unidad que consume aproximadamente 649.5 galones mensuales por lo que "enfrenta un incremento de gasto de alrededor de Q12,055, tomando como referencia el promedio de precios observado en septiembre".
"Si se utiliza como referencia el precio máximo identificado por el sector, el aumento alcanzaría aproximadamente Q14,354 mensuales por unidad", agregó Fajardo.
Advierten impacto en precios
Augusto Toledo, presidente de la CNT, precisó que el precio del diésel ha aumentado a una velocidad mayor que las tarifas de los fletes, por lo que parte de la presión estaría siendo absorbida inicialmente por las empresas transportistas.
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Sin embargo, advirtió que esa diferencia eventualmente puede trasladarse al comercio y posteriormente a los consumidores mediante mayores costos de distribución de alimentos, productos y mercancías.
Los transportistas reconocieron la aprobación del Decreto 21-2026, que contempla Q2,500 millones y establece precios de referencia de Q39 por galón para el diésel y la gasolina regular, y de Q41 para la gasolina superior.
No obstante, señalaron que al 17 de septiembre la medida todavía no se reflejaba en las estaciones de servicio, por lo que solicitó al Congreso resolver las objeciones pendientes y completar el trámite necesario para que el decreto pueda avanzar hacia su sanción, promulgación y publicación.
También advirtieron que el alcance del mecanismo sería temporal, pues según sus estimaciones los Q2,500 millones tendrían una duración máxima aproximada de 99 días si los recursos se destinaran exclusivamente al diésel.
Agregaron que el período sería menor si también se utilizan para subsidiar las gasolinas regular y superior, razón por la cual sostienen que las medidas temporales pueden reducir la presión inmediata, pero no resuelven la volatilidad de los precios en el largo plazo.
Además de acelerar la entrada en vigencia del decreto, Fajardo solicitó implementar un Fondo de Estabilización permanente y contracíclico, basado en una fórmula matemática dinámica.
Indicó que la propuesta guarda relación con planteamientos presentados alrededor de la iniciativa 6726 ante la Comisión de Finanzas del Congreso.
Asimismo, pidió establecer una mesa técnica permanente entre autoridades del Ejecutivo, entre ellas los ministerios de Energía y Minas y Economía, así como la Superintendencia de Administración Tributaria, transportistas y sectores productivos.
El directivo llamó a las bancadas del Congreso a integrar una comisión específica que analice el problema sin vincularlo a intereses partidarios y que permita construir una solución técnica de largo plazo.
