Analistas consideran que la agenda de seguridad sigue siendo una materia pendiente del gobierno del presidente, Bernardo Arévalo.
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A pocos meses de que el gobierno de Bernardo Arévalo complete su tercer año y con la convocatoria a elecciones generales prevista para enero de 2027, la seguridad vuelve a colocarse entre los principales desafíos de la administración.
Aunque algunos indicadores reflejan una reducción en determinados delitos y las autoridades han destacado operaciones contra estructuras del narcotráfico, recientes hechos violentos han reabierto el debate sobre la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado.
La incursión de un grupo armado en Huité, Zacapa; hechos de violencia registrados en distintos puntos del país y casos que vinculan a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) con la sustracción y comercialización de armas y municiones son algunos de los acontecimientos que han encendido las alertas.
A ello se suma la extorsión. Aunque las estadísticas reflejan una disminución en las denuncias, analistas advierten que es difícil establecer si esta reducción representa una baja real del delito o si las víctimas han optado por no acudir a las autoridades.
En agosto, por ejemplo, varias tiendas de una conocida cadena de supermercados cerraron temporalmente en Escuintla después de ataques armados que, según las investigaciones, estarían relacionados con el cobro de extorsiones.
Este escenario adquiere mayor relevancia ante la cercanía del proceso electoral, cuando la seguridad podría convertirse nuevamente en uno de los principales temas de campaña.
Evitar un mayor deterioro
Para el analista político Renzo Rosal, los sucesos ocurridos en Huité, sumados a otros hechos de violencia, evidencian que la estrategia de seguridad del Gobierno no ha producido mejoras sustantivas.
Rosal reconoce que la disminución de los homicidios es un dato positivo, pero considera que no puede atribuirse únicamente a la actual administración.
"Ese dato es cierto, pero no obedece a que el Gobierno lo coloque como un logro de este gobierno, sino más bien como un continuo, pero absolutamente insuficiente", afirmó.
A su criterio, con poco más de un año de gestión por delante, el desafío para la administración es evitar que la situación se deteriore.
"Lo único que le queda a este Gobierno es lograr que no se descarrile más el tema", señaló.
Entre las principales tareas pendientes mencionó recuperar el control de las cárceles y del Sistema Penitenciario, enfrentar de manera más frontal a las estructuras vinculadas con la extorsión y fortalecer las operaciones conjuntas entre los ministerios de Gobernación y Defensa contra el narcotráfico.
También considera necesario fortalecer los sistemas de inteligencia y emprender un proceso de depuración dentro de la PNC.
Cárceles y legislación, entre los pendientes
Francisco Quezada, investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), considera que buena parte de las propuestas planteadas inicialmente por el Gobierno en materia de seguridad y defensa continúa pendiente.
Según Quezada, hasta ahora no se perciben cambios estructurales y, en varios aspectos, se han mantenido prácticas utilizadas por administraciones anteriores.
Otro de los rezagos se encuentra en la legislación relacionada con ciberseguridad y ciberdelincuencia. Aunque en el Congreso se han discutido propuestas, considera que el país todavía carece de una normativa adecuada a las nuevas modalidades delictivas.
Quezada destacó como un avance la construcción de un nuevo centro de detención en Morales, Izabal, conocido como El Triunfo, aunque considera que esta infraestructura podría terminar siendo uno de los pocos legados concretos de la actual administración en materia penitenciaria.
El desafío de los grupos armados
Para Alejandro Rodríguez, de Impunity Watch, uno de los principales problemas que enfrenta Guatemala es la existencia de grupos armados que operan ilegalmente en distintas regiones.
El fenómeno, explicó, no se limita a las pandillas, sino que incluye organizaciones del crimen organizado con capacidad para movilizar armas y operar abiertamente, principalmente en áreas del interior del país.
Rodríguez considera que el contrabando, el tráfico interno y la portación ilegal de armas han contribuido al fortalecimiento de estas estructuras.
También advirtió que la actividad criminal suele cobrar especial relevancia en períodos electorales, por lo que Guatemala debe fortalecer sus capacidades para enfrentar a organizaciones de delincuencia transnacional.
Entre las tareas pendientes mencionó nuevamente la legislación contra ciberdelitos, pero puso especial atención en el Sistema Penitenciario.
A su criterio, la política carcelaria no puede concentrarse exclusivamente en la seguridad de los centros, sino que debe incluir programas de rehabilitación y reinserción que permitan a las personas privadas de libertad incorporarse posteriormente a la vida productiva.
Rodríguez también considera necesaria una reestructuración del Sistema Penitenciario debido a los focos de corrupción y a la operación de estructuras criminales desde las cárceles.
Otro desafío es fortalecer la investigación criminal. Aunque reconoce avances en el impulso de la Dirección General de Investigación Criminal, considera que el proceso ha avanzado lentamente y que el país todavía necesita capacidades especializadas para investigar estructuras complejas.
La seguridad rumbo a 2027
Los análisis coinciden en que Guatemala llegará al próximo proceso electoral con problemas de seguridad que permanecen sin resolver: cárceles desde donde operan estructuras criminales, extorsiones, circulación ilegal de armas, debilidades en inteligencia e investigación y rezagos legislativos frente a nuevas modalidades delictivas.
Para el Gobierno, el reto durante los meses restantes será contener estos problemas y evitar nuevos episodios que incrementen la percepción de inseguridad.
Para los partidos políticos, en cambio, el escenario abre nuevamente la posibilidad de que la seguridad se convierta en una de las principales ofertas de campaña de cara a las elecciones generales de 2027.
