Arévalo deberá tomar una decisión sobre los dos decretos que le fueron remitidos por parte del Organismo Legislativo.
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El presidente Bernardo Arévalo tiene en sus manos dos decretos aprobados por el Congreso de la República que buscan reducir el impacto del alza de los combustibles, pero mediante mecanismos distintos lo cual genera incertidumbre respecto a qué decisión tomará sobre ellos.
Ambos decretos surgieron de la necesidad de bajar los precios de los carburantes, que se dispararon desde febrero pasado debido a tensiones geopolíticas, el primero establece un apoyo económico y precios máximos.
Mientras que con la segunda opción se exonera temporalmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) de los combustibles.
Dos decretos aprobados
La situación abre cuatro posibles escenarios para el mandatario, incluida la posibilidad de sancionar ambas normativas, una alternativa que plantea interrogantes sobre cómo se aplicarían simultáneamente.
El Decreto 21-2026, Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos, fue aprobado por el Congreso el 8 de septiembre.
La normativa establece un apoyo económico de Q2,500 millones y fija precios máximos de Q39 por galón de diésel, Q39 para la gasolina regular y Q41 para la gasolina superior.
Sin embargo, su trámite quedó detenido después de que el diputado Allan Rodríguez, del bloque Vamos, presentara objeciones.
Sin embargo, el 24 de septiembre último, el pleno improbó esos planteamientos con 58 votos, por lo que el decreto fue remitido al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación o veto.
A esto se sumó el Decreto 22-2026, Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles, aprobado el 22 de septiembre con 148 votos, que de entrar en vigencia duraría hasta el 31 de diciembre de 2026.
Según estimaciones del Congreso, la eliminación de ambos tributos representaría, con los precios utilizados para ese cálculo, una reducción de hasta Q9.41 por galón de gasolina superior, Q9.10 para la regular y Q6.34 para el diésel y gas oil.
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Cuatro escenarios
Con ambos decretos trasladados al Ejecutivo, Arévalo debe resolver si los sanciona o ejerce el veto, lo cual abre cuatro escenarios, que son: vetar el Decreto 21-2026 y sancionar el 22-2026, sancionar el 21-2026 y vetar el 22-2026, vetar ambos o sancionar las dos normativas.
Este último escenario genera una interrogante adicional, debido a que los decretos utilizan mecanismos distintos para reducir el costo que paga el consumidor y no establecen expresamente cómo deberían armonizarse entre sí.
Ante esa situación, Soy502 consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) cuál sería la interpretación jurídica del Ejecutivo si ambos decretos son sancionados.
También se preguntó si los Q39 para diésel y gasolina regular y Q41 para gasolina superior funcionarían únicamente como techos máximos o si permitirían que el precio disminuya todavía más por la exención tributaria, es decir, si ambos beneficios podrían acumularse.
También se consultó si el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) emitirían un criterio coordinado.
La SCSP indicó que la Secretaría General de la Presidencia se encuentra estudiando las implicaciones de ambas normativas antes de que el mandatario tome una decisión.
"Este análisis permitirá establecer los distintos escenarios para la decisión del Gobierno", respondió la institución.
La Secretaría agregó que el criterio que orientará al Ejecutivo será "el interés general" y que se busca que la población cuente lo antes posible con una respuesta ante el incremento internacional de los combustibles.
También señaló que, conforme al artículo 178 de la Constitución, el Ejecutivo dispone de un plazo de 15 días a partir de la recepción de cada decreto para estudiarlo y adoptar la decisión correspondiente.
Sin embargo, la Presidencia evitó anticipar cuál de los cuatro escenarios podría adoptar Arévalo y tampoco adelantó cómo se aplicarían las normas en caso de que ambas sean sancionadas.
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"Mientras concluye este análisis, no es posible adelantar interpretaciones sobre los escenarios planteados en su consulta. Informaremos oportunamente sobre la decisión y lo que corresponda", respondió la Secretaría.
Plantean optar por exoneración
El diputado Héctor Aldana, del bloque Vamos, resaltó que la decisión está ahora en manos del mandatario y recordó que las dos normativas tienen orígenes y mecanismos diferentes.
Aldana explicó que el Decreto 21-2026 surgió de una propuesta del Ejecutivo y contempla un apoyo económico, mientras que el Decreto 22-2026 nació en el Congreso y establece la exoneración de los impuestos.
A criterio del legislador, la aprobación del segundo decreto modificó el escenario que existía cuando fueron planteadas las objeciones al primero, pues estas buscaban cuestionar el mecanismo del subsidio y planteaban como alternativa la eliminación temporal de impuestos.
"El dilema es que ahora tenemos dos decretos, uno que contempla un subsidio y otro que contempla la exoneración de impuestos", afirmó el legislador.
Aldana sostuvo que corresponde al presidente valorar si sanciona ambos, veta los dos o permite que únicamente uno entre en vigencia.
El diputado manifestó como postura personal que Arévalo debería vetar el Decreto 21-2026 y sancionar el 22-2026, al considerar que la exoneración tributaria es el mecanismo que debería aplicarse.
"Hoy lo que el país necesita es la exoneración de los impuestos. Espero que hoy, si tome una decisión correcta, ya muchas malas decisiones ha tomado", sentenció el congresista.
