Parte de los ingresos recaudados se destinan a municipalidades, consejos de desarrollo, fondos para la Paz, reparación de carreteras y programas de gasto social.
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Luego de que el Congreso aprobara de urgencia nacional la exoneración de impuestos a los combustibles, surgió la inquietud de responder a una pregunta clave: ¿Cómo se distribuye lo recaudado con estos impuestos, qué instituciones reciben los montos y cuánto?
Las leyes que regulan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) establecen que parte de lo recaudado debe dirigirse determinados sectores.
¿A dónde se dirige el IVA de los combustibles?
En el caso de IVA se estipula que se apoye directamente a las municipalidades, Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), fondos para la Paz y gastos sociales, mientas que en el caso del IDP el aporte directo es para comunas y mantenimiento de carreteras.
Asimismo, las leyes plantean una asignación de manera general y no precisan los proyectos específicos en los que deben utilizarse los recursos cada año.
En el caso del IVA, cuya tasa es del 12%, la legislación establece destinos específicos para cinco de esos 12 puntos porcentuales.
Esto significa que, de cada Q100 que ingresan al Estado por concepto de ese impuesto, Q41.67 tienen un destino determinado.
De ese monto, Q12.50 corresponden a municipalidades; Q8.33 a los Codedes; Q4.17 están vinculados a los Fondos para la Paz; y Q16.67 se trasladas a gasto social.
Dentro del gasto social se contemplan recursos para áreas como seguridad alimentaria, educación primaria y técnica, seguridad ciudadana, derechos humanos y alimentación escolar.
Los restantes Q58.33 de cada Q100 recaudados no forman parte de esos cinco puntos con asignaciones específicas y se destinan al denomina Fondo Común, con el cual se financian los demás gastos del Estado.
¿A dónde va lo recaudado del IDP?
En el caso del IDP la distribución es diferente, debido a que el impuesto se establece como una cantidad fija por galón y el aporte destinado a municipalidades y al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) depende del tipo de combustible.
En el caso del diésel, de cada Q100 recaudados por concepto de IDP, aproximadamente Q77 tienen destino específico para el CIV, principalmente para atender la conservación y mejoramiento de la red vial.
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Para la gasolina superior, de cada Q100 recaudados por IDP, Q27.66 tienen destino específico y de estos, Q21.28 corresponden al CIV y Q6.38 a las municipalidades.
Mientras que, en la gasolina regular, Q28.26 de cada Q100 recaudados tienen un destino establecido y se distribuyen en Q21.74 para el CIV y Q6.52 para las municipalidades.
Soy502 solicitó a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) información para establecer cuánto recaudó durante 2025 por IVA e IDP relacionados con los combustibles, así como los ingresos obtenidos durante el primer semestre de 2026.
También se pidió una proyección de cuánto dejaría de percibir el Estado si ambos impuestos fueran suspendidos durante seis meses (que era la propuesta inicial del Congreso, que al final quedó de tres meses), detallando por separado la pérdida correspondiente al IVA y al IDP.
La consulta también incluyó el impacto que tendría la medida sobre la meta de recaudación tributaria de 2026 y las posibles consecuencias administrativas para la SAT.
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la Superintendencia no había respondido las interrogantes.
"No es una solución adecuada"
Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), consideró que suspender temporalmente ambos impuestos no constituye una solución adecuada para enfrentar el incremento de los precios de los combustibles.
Explicó que, en el caso del IVA, la aplicación de una exención resulta administrativamente compleja porque el impuesto funciona mediante créditos y débitos fiscales a lo largo de la cadena de importación y comercialización.
Esto incluye al importador, almacenador, transportista y estación de servicio, por lo que una modificación tendría que considerar cómo se aplicaría el tratamiento tributario en cada uno de esos eslabones para que el beneficio llegue efectivamente al consumidor.
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A criterio del economista, cualquier propuesta debería contar previamente con una opinión técnica de la SAT y del Ministerio de Finanzas Públicas.
Respecto del IDP, Barrientos señaló que el mecanismo sería más sencillo, pero advierte que la reducción en el precio sería limitada frente al costo actual de los combustibles.
También destacó que suspenderlo reduciría los recursos destinados al mantenimiento vial y aunque reconoce las deficiencias existentes en el estado de las carreteras y considera insuficiente el trabajo realizado por el CIV, sostiene que quitar los recursos disponibles agravaría el problema.
Según Barrientos, la ejecución relacionada con conservación vial debe analizarse además dentro de los rubros de funcionamiento y mantenimiento y no únicamente como inversión, debido a la naturaleza del gasto que realiza la unidad encargada de estas labores.
David Casasola, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), advirtió que eliminar el IVA y el IDP a los combustibles puede atenuar temporalmente el aumento de precios, pero no resolverlo.
Destacó que el origen del problema es internacional y no existe certeza sobre cuánto tiempo se mantendrán esas condiciones.
A su criterio, una reducción de impuestos puede parecer viable en el corto plazo, pero corre el riesgo de quedarse corta si los precios continúan aumentando.
Por ello, considera necesario analizar la medida de forma integral y acompañarla de ajustes en el gasto público para evitar que una menor recaudación amplíe el déficit fiscal y comprometa la disciplina de las finanzas públicas.
También recordó que eliminar impuestos puede ser más sencillo que restablecerlos. Casasola planteó evaluar mecanismos focalizados a través del Ministerio de Desarrollo Social, ya que el encarecimiento de los combustibles no afecta únicamente a transportistas o propietarios de vehículos.
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Puntualizó que el impacto también se traslada a otros sectores y puede golpear con mayor fuerza a hogares vulnerables, incluso mediante mayores riesgos alimentarios.
Sobre la baja ejecución de las instituciones que reciben recursos de estos impuestos, señaló que el problema de fondo es la rigidez que generan los destinos específicos.
El experto consideró necesario revisar esos "candados", pues garantizan recursos independientemente de los resultados de las entidades.
Aunque advirtió que eliminarlos sin una evaluación de largo plazo podría dejar sin financiamiento necesidades futuras, como el mantenimiento de carreteras.
