Los intentos que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha hecho para elegir a su próximo presidente se han caracterizado por una silla vacía, la de la vocal VII, antes ocupada por Blanca Stalling. Aún no se nombra a su sucesor, pese a que han transcurrido más de siete meses desde que la togada fue ligada a un proceso penal.
En torno a la designación de quién la suplirá, existe una maraña de interpretaciones legales que impiden que el pleno esté integrado en su totalidad. Por un lado, el Consejo de la Carrera Judicial resolvió el 12 de mayo cesar a la magistrada de su cargo por los señalamientos en su contra.
Cabe destacar que la decisión no fue unánime, ya que algunos integrantes del Consejo consideran que la Constitución no faculta a nadie para desaforar a un togado. El expediente fue remitido al Congreso para la designación del décimo tercer magistrado.
Sin embargo, ante la duda de legalidad, el Organismo Legislativo decidió pedir la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad (CC) para definir si podía nombrar un sucesor y si debía provenir del listado que la comisión de postulación entregó en su momento.
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El último 28 de septiembre, la CC se abstuvo de emitir opinión al considerar que no se trataba de un tema de materia constitucional y que el Legislativo cuenta con el marco jurídico para solventarlo.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, añade a las dudas del Congreso los recursos que Stalling ha planteado a fin de dar marcha atrás a la decisión que la desaforó del cargo al que se niega a renunciar.
Ibarra explica que, aunque la influencia de Stalling se ha reducido desde que está en prisión, sigue teniendo contactos que la favorecen, entre ellos jueces que habrían llegado a las Cortes de Apelaciones con ayuda de la sindicada. "Hay quienes la favorecen no por ella misma, sino por lo que representa como una figura emblemática de la cooptación del Estado", acota.
Stalling fue capturada el 8 de febrero tras ser descubierta huyendo con una peluca para ocultar su identidad. Aunque en esa ocasión fue enviada a prisión, logró un mes después que una Sala de Apelaciones le concediera medidas sustitutivas.
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP, Francisco Sandoval, mencionó el día que se decretaron medidas sustitutivas que existen chats de Stalling hacia funcionarios del Organismo Judicial en tono intimidatorio.
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Sin embargo, en abril, la libertad de la togada quedó en suspenso por resolución de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ, que amparó de manera provisional al Ministerio Público (MP).
En ese entonces, Stalling continuaba gozando mensualmente de su salario de 31 mil 980 quetzales pese a estar procesada, mientras figuraba como magistrada separada.
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Fue hasta el 12 de mayo que el Consejo de la Carrera Judicial resolvió cesarla del cargo en definitiva dando lugar a la duda de cómo se procederá en este caso que se diferencia del de otros magistrados señalados como Vladimir Aguilar y Douglas Charchal, quienes optaron por renunciar a su investidura.
Stalling permanece a la espera de las audiencias en las que se determinará si enfrentará juicio por los delitos de tráfico de influencias y resistencia al arresto. El primero habría surgido del supuesto intento que hizo por incidir en uno de los jueces a cargo del caso IGSS-Pisa para beneficiar al hijo de ella, Otto Molina.
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