El sector privado organizado accionará en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de suspender las licencias a la minera San Rafael.
“La decisión de la Corte tiene una repercusión grave sobre los trabajadores, sus familias y las comunidades”, comentó el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Antonio Malouf.
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Al término de la conferencia, la cúpula del sector privado se desplazó hasta la Corte de Constitucionalidad para presentar la apelación correspondiente.
Maluof también lamentó que esta incertidumbre jurídica afecta a otras inversiones que quieran llegar al país.
Sector empresarial accionará legalmente tras la suspensión provisional de la minera San Rafael @soy_502 pic.twitter.com/sOTi8xIB7L
— Roberto Caubilla (@RobertoCSoy502) 6 de julio de 2017
Por su parte, Andrés Dávila, representante de la minera, confirmó que el Ministerio de Energía y Minas realizó un diálogo previo con la comunidad pese a que el Instituto de Estadística señala que en el municipio de San Rafael Las Flores no hay población Xinca.
“Una de sus preocupaciones era por el tráfico pesado y la empresa decidió poner límites de velocidad para no afectar a las comunidades”, comentó.
Los daños
El representante de la empresa minera apuntó que desde que fueron notificados se suspendieron las operaciones en El Escobal y Juan Bosco.
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Además detalló que con esta medida se está afectando a 85 mil guatemaltecos y 600 empresas.
“Se perderían 17 mil empleos directos”, añadió.
