Mientras la inversión privada en infraestructura muestra un dinamismo resiliente, el gasto público continúa enfrentando barreras estructurales.
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El reporte actualizado a enero de 2026 de la iniciativa público privada "Guatemala No Se Detiene", revela que, mientras el portafolio de inversión privada en infraestructura avanza con proyectos estratégicos, el gasto público de capital o CAPEX —que se refiere a los fondos que el Estado invierte en activos físicos como carreteras y puentes para generar beneficios a largo plazo— se mantiene en el 1.6% del PIB, una cifra que los analistas sitúan por debajo de los niveles necesarios para la competitividad nacional.
Los registros históricos de la inversión en infraestructura en Guatemala, desde 1996 hasta las proyecciones de 2025, exponen una brecha estructural que ha persistido de manera sistemática a lo largo de las últimas décadas.
Según el último informe de la Comisión de Infraestructura de "Guatemala No Se Detiene", el país ha logrado consolidar a enero de este año un portafolio de proyectos valorado en US$8,920 millones, lo cual representa un cumplimiento del 96% respecto a las metas a diciembre de 2026 (US$9,340 millones).
No obstante, al desglosar los datos, se evidencia una marcada disparidad entre el esfuerzo financiero del Estado y la actividad del sector privado, ya que, mientras la inversión privada mantiene una participación dinámica del 15% del PIB, el aporte estatal (CAPEX) se ha estancado en apenas un 1.6%, representando una brecha de más de 4 puntos porcentuales respecto al 6% de inversión pública ideal que requiere el país.
Desbalance en la formación de capital
Esta asimetría en la formación bruta de capital fijo —indicador que mide la inversión neta en activos fijos como maquinaria, infraestructura y equipos, ya sea por parte del Gobierno o empresas— se refleja con claridad en los indicadores de participación respecto al PIB, donde el gasto público de capital o CAPEX muestra señales de estancamiento frente a una inversión privada que empuja el crecimiento de la red vial y logística.
"La inversión pública es apenas 1.6% del PIB y la inversión privada es 15% del PIB. La inversión pública debería ser al menos 4% o 6% para subir la inversión privada a 18% y llegar a un total de inversión de 24% del PIB", dijo al respecto Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA).
Esta brecha no solo limita la capacidad de expansión de las carreteras nacionales, sino que condiciona la competitividad de Guatemala en el mercado regional al no contar con una base pública robusta que soporte el crecimiento comercial.
Portafolio actual
El informe institucional clasifica la ejecución de los 106 proyectos que integran el portafolio mediante un sistema de semáforo que permite identificar con precisión los puntos de parálisis administrativa.
En la actualidad, el 24% de los proyectos, equivalentes a US$2,536 millones, se encuentran en categoría "Rojo", la cual agrupa aquellas obras que están pendientes de iniciar, se hallan suspendidas por conflictos legales o carecen de una priorización vigente por parte del Gobierno central.
En contraste, el dinamismo se ha concentrado en áreas donde la gestión técnica o el financiamiento privado han logrado sortear las barreras burocráticas, permitiendo que un segmento del portafolio mantenga un ritmo de avance constante a pesar de las fluctuaciones políticas.
Asimismo, los datos presentados revelan que un 34% del portafolio, con un valor de US$3,786 millones, permanece en categoría "Amarilla", lo que implica que, aunque los proyectos cuentan con estudios técnicos iniciados y han sido declarados como prioritarios, aún carecen de la asignación financiera necesaria para su ejecución física.
Comparación de gobiernos
Durante los últimos 30 años, el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones ha oscilado según el gobierno de turno, pero un patrón se repite: ninguna administración logra ejecutar todo lo que tiene disponible.
Al respecto, el informe de Guatemala No Se Detiene revela que el mejor desempeño histórico fue el de Óscar Berger con 95.82% de ejecución, y el peor, por un gran margen, corresponde al gobierno de Bernardo Arévalo, que al cierre de 2025 apenas alcanzó el 69.29% — la ejecución más baja en tres décadas, solo superada en mal desempeño por Alfonso Portillo con 72.98%. Es decir, que el gobierno que más discurso anticorrupción tiene en su agenda, es el que menos dinero ha logrado convertir en infraestructura real.
Al compararlo con el gobierno de Alejandro Giammattei, cuyo mandato estuvo marcado por señalamientos de corrupción, se observa que logró ejecutar Q28,625 millones en infraestructura durante sus cuatro años —el monto más alto en la historia del CIV — con una ejecución promedio del 86.46%.
Por su parte, Arévalo lleva ejecutados apenas Q9,402 millones en dos años, con un ritmo que, de mantenerse así, colocaría su gobierno como el de menor inversión efectiva en infraestructura desde Álvaro Arzú.
Retos para la institucionalidad
El documento subraya que "el principal reto para Guatemala es lograr un Ecosistema de Inversión en Infraestructura" que permita la institucionalización de procesos de largo plazo.
Para resolver este estancamiento, Guatemala No Se Detiene enfatiza la necesidad de fortalecer entidades como la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP) y la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), las cuales fungen como catalizadores para pasar de la planificación a la obra gris.
Por otro lado, al analizar el avance hacia el cierre del presente año, la meta establecida para diciembre de 2026 busca elevar el CAPEX total a US$9,340 millones, lo que representa un incremento neto de US$420 millones en comparación con los registros de 2025.
Sin embargo, el éxito de esta proyección depende directamente de la capacidad del Estado para movilizar los proyectos que actualmente se encuentran en la fase final de ejecución.
Según el reporte, solo el 18% de las obras (US$442 millones) están en categoría "Azul", es decir, finalizadas o en proceso de cierre administrativo, lo que evidencia que el flujo de salida de proyectos concluidos es considerablemente menor al ingreso de nuevas propuestas en papel.
Tendencias históricas
En esa misma línea, el análisis de los diferentes períodos de gobierno desde 1996 a la fecha muestra que el gasto de capital público ha tenido picos de inversión que no logran sostenerse en el tiempo, resultando en una infraestructura fragmentada y con altos costos de mantenimiento.
Por el contrario, la inversión privada ha mantenido una tendencia al auge, especialmente en proyectos de conectividad urbana y logística portuaria, donde la predictibilidad financiera es mayor.
Mientras el sector privado continúa inyectando capital en vías alternas y servicios logísticos, el Estado guatemalteco enfrenta la tarea urgente de elevar su capacidad de ejecución presupuestaria.
Solo mediante un incremento real y sostenido en el gasto de capital público será posible alcanzar el objetivo de una inversión total del 24% del PIB, permitiendo que Guatemala no solo mantenga su ritmo de crecimiento actual, sino que logre una transformación profunda de su plataforma logística para las próximas décadas.
El documento resalta que, para equilibrar esta balanza, es imperativo que el sector público adopte modelos de contratación más ágiles, similares a los utilizados en las alianzas público-privadas que han demostrado ser exitosas en otros países de la región con indicadores de inversión superiores al 4% del PIB.
El informe concluye que la implementación efectiva de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria constituye la herramienta fundamental para corregir el desbalance entre los dos sectores.
