Las respuestas de las autoridades evitan profundizar en los aspectos que han provocado cuestionamientos sobre la actuación policial.
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Pese a los pronunciamientos de la Presidencia, Ministerio de Gobernación (Mingob), Policía Nacional Civil (PNC) y Ministerio Público (MP), persisten interrogantes sobre las capturas, manejo de las evidencias y avances de la investigación del doble asesinato ocurrido en el Campo Marte.
Y es que la muerte del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, continúa generando cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades encargadas de investigar el crimen.
Las dudas se incrementaron después de que un juez dictara falta de mérito a favor de los hermanos Choc Toz, quienes habían sido capturados por su presunta vinculación con el ataque armado.
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Destaca que alrededor de su captura crecieron los señalamientos sobre una supuesta implantación de pruebas durante el procedimiento policial.
Desde que ocurrió el doble crimen y se conocieron las capturas, al menos cinco preguntas permanecen sin respuesta concreta por parte de las instituciones responsables de la seguridad y la persecución penal.
Esto a pesar de que las autoridades han emito pronunciamientos oficiales ya que sus respuestas no han permitido esclarecer aspectos esenciales de las actuaciones policiales y judiciales.
Además, pese a las solicitudes de periodistas para que las autoridades comparezcan públicamente y aclaren las dudas, no se ha convocado a una nueva conferencia de prensa destinada a responder estas interrogantes.
1. ¿Quiénes efectuaron las capturas?
La primera pregunta pendiente se relaciona con la identificación de los agentes policiales que participaron en la detención de los hermanos Choc Toz y las unidades responsables del procedimiento.
También permanece sin esclarecer públicamente quién dirigió el operativo, qué instrucciones recibieron los agentes y bajo qué circunstancias se produjeron las aprehensiones.
En su pronunciamiento, la PNC informó que equipos especializados de la Inspectoría General y de la Dirección Especializada en Investigación Criminal (DEIC) trabajan para esclarecer el caso.
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La institución agregó que sus unidades de investigación y supervisión evalúan minuciosamente el procedimiento de captura de los hermanos.
No obstante, el comunicado no identifica a los policías que participaron en las detenciones ni precisa quién estuvo a cargo del operativo, esto contrasta con la rapidez con la fueron divulgadas la identidad y las fotografías de los hermanos Choc Toz.
El Mingob manifestó que cualquier cuestionamiento sobre las actuaciones policiales deberá ser examinado por las autoridades competentes, con respeto al debido proceso.
La respuesta tampoco establece quiénes ejecutaron las capturas ni si los agentes involucrados continúan desempeñando sus funciones habituales.
2. ¿Qué ocurrió con el arma supuestamente incautada?
Uno de los señalamientos más delicados surgidos después de las capturas es la presunta siembra de un arma de fuego a los detenidos.
Entre las principales interrogantes que se plantean está el origen del arma, las circunstancias de su localización, los agentes que participaron en su incautación y los procedimientos utilizados para resguardar la evidencia.
También se desconoce públicamente si el arma fue sometida a peritajes balísticos, análisis de huellas dactilares u otros procedimientos científicos que permitan establecer su posible relación con el ataque.
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El MP informó que durante las diligencias se han recabado, resguardado y remitido para análisis técnico y científico diversos indicios y elementos de interés criminalístico, sin embargo, la Fiscalía no especificó si entre esos elementos se encuentra el arma cuestionada.
Además, la Fiscalía argumentó que, debido a la reserva de las actuaciones y para preservar la eficacia de las diligencias, no divulgará detalles adicionales sobre los indicios recabados.
Aunque la reserva puede justificar que determinados elementos de una investigación permanezcan bajo confidencialidad, la explicación no permite establecer qué ocurrió específicamente con el arma cuya supuesta incautación ha generado cuestionamientos.
Además, debe resaltarse que los señalamientos de la supuesta plantación de pruebas deben considerarse denuncias pendientes de esclarecimiento, no hechos judicialmente acreditados.
3. ¿Quién investiga a los policías?
La tercera interrogante gira alrededor de los mecanismos de control y las posibles responsabilidades de los agentes que participaron en las detenciones.
En su comunicado la Policía señala que equipos de la Inspectoría General y de la DEIC llevan a cabo labores de investigación interna y externa y confirma que se está evaluando el procedimiento de captura de los hermanos Choc Toz.
No obstante, la institución no precisa si existe un expediente disciplinario formal en contra de los agentes determinados, si alguno ha sido separado temporalmente de sus funciones o qué hechos concretos se están examinando.
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Al respecto, la Presidencia, indicó que el mandatario Bernardo Arévalo instruyó a las instituciones del Ejecutivo a colaborar con el MP y realizar las investigaciones correspondientes dentro de sus competencias, para establecer la verdad y determinar responsabilidades.
El Ejecutivo también confirmó que existe una investigación interna en curso, pero no identificó a los funcionarios investigados ni detalló el alcance de las diligencias.
Asimismo, el Mingob se limitó a señalar que los cuestionamientos sobre actuaciones policiales deben ser examinados por las autoridades competentes.
Por lo tanto, aunque existe confirmación de una revisión interna, aún no se ha explicado si las pesquisas incluyen una posible manipulación de evidencias ni qué consecuencias administrativas podrían derivarse.
4. ¿Por qué se solicitó la falta de mérito?
La resolución judicial que benefició a los hermanos Choc Toz constituye otro de los puntos que generan duda en el caso.
La falta de mérito es una figura procesal que se aplica cuando el juez considera que no concurren los presupuestos necesarios para dictar auto de procesamiento, sin embargo, su otorgamiento no equivale a una declaración definitiva de inocencia ni impide que las investigaciones continúen.
La pregunta central es qué elementos llevaron a solicitar la falta de mérito, si esa petición efectivamente fue formulada por el MP y cuáles fueron las razones expuestas ante el órgano jurisdiccional.
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Gobernación confirmó que tuvo conocimiento de la resolución judicial, manifestó que respeta la decisión del juez competente y recordó que el ministro Marco Antonio Villeda señaló que las detenciones no constituían una determinación de culpabilidad y que las investigaciones seguían.
Sin embargo, el pronunciamiento no explica cuáles fueron las circunstancias que motivaron la decisión judicial, que beneficio a los hermanos Choc Toz.
El MP tampoco detalló en su respuesta los argumentos procesales relacionados con la falta de mérito, pues centró su comunicación en la continuidad de las investigaciones y no precisó fue esa institución quien solicitó utilizar la figura procesal.
La ausencia de una explicación pública sobre este aspecto impide conocer qué elementos fueron considerados insuficientes y si la resolución judicial estuvo relacionada con las dudas surgidas alrededor de las capturas.
5. ¿Qué pasó con la investigación del doble asesinato?
La quinta pregunta aborda el asunto principal sobre los avances para identificar a los responsables de las muertes de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro, aspecto que ha sido relegado a segundo plano debido a las controversias relacionadas con las capturas de los hermanos Choc Toz.
Las interrogantes persisten y el MP informó que lleva a cabo diligencias para establecer las circunstancias del crimen, determinar el móvil e individualizar a todas las personas que pudieran estar vinculadas.
La Fiscalía también confirmó que la investigación cuenta con acompañamiento técnico de aliados internacionales, mediante mecanismos de cooperación, sin embargo, no identificó a esos aliados ni explicó el alcance de su participación y tampoco informó sobre posibles responsables o resultados periciales, entre otros.
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La Presidencia aseguró que se continúa recopilando información y trabajando sobre distintas líneas de investigación bajo la conducción del MP y el Mingob reiteró que la PNC seguirá colaborando con la Fiscalía en las diligencias que legalmente correspondan.
Algo que resalta es que durante la conferencia de prensa que dio el ministro de Gobernación señaló que al menos cuatro personas participaron directamente en el crimen que dejó dos fallecidos, pero no han dado más detalles al respecto.
Aunque estas respuestas confirman que las investigaciones continúan, ninguna de las instituciones ha proporcionado información pública suficiente para establecer qué avances concretos se han conseguido en la identificación de los responsables del doble asesinato.
Sin respuestas directas
Los comunicados oficiales de las instituciones tienen un elemento en común y es que reiteran su compromiso con el esclarecimiento del crimen, pero evitan profundizar en los aspectos que han provocado cuestionamientos sobre la actuación policial.
La Presidencia ha insistido en que no corresponde adelantar conclusiones, Gobernación ha destacado el respeto a las decisiones judiciales, la PNC ha anunciado investigaciones internas y medidas de modernización y el MP ha invocado la reserva de las actuaciones.
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Cada institución ha expuesto argumentos relacionados con sus respectivas competencias, pero las respuestas disponibles no permiten reconstruir las circunstancias de las capturas ni conocer el alcance de las investigaciones sobre posibles irregularidades.
La falta de explicaciones detalladas adquiere especial relevancia porque los cuestionamientos no se limitan a la identificación de los responsables de un doble asesinato, sino que también involucran la actuación de agentes encargados de garantizar la seguridad pública.
Mientras tanto, diversos sectores exigen esclarecer el asesinato de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro y determinar si los procedimientos desarrollados después del crimen se ajustaron a la ley.
