Las disposiciones suspendidas obligaban a transportistas a instalar un limitador de velocidad e imponía multas por incumplimiento.
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La Corte de Constitucionalidad (CC) decretó la suspensión provisional de tres disposiciones de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial relacionadas con la implementación obligatoria del Sistema Limitador de Velocidad en vehículos de transporte colectivo de pasajeros y de carga.
De esta forma los transportistas ya no tendrán un sistema que limite la velocidad con la que los pilotos conducen, ni tampoco enfrentarán multas o sanciones por no implementar este dispositivo en sus unidades.
Ante la decisión, la Dirección General de Transportes (DGT) anunció que, si bien acatará la resolución, está en desacuerdo con la medida al considerar que afecta los avances alcanzados en materia de seguridad vial.
La resolución fue publicada este martes 10 de noviembre en el Diario de Centro América y corresponde al expediente 5185-2026.
Mediante el documento el tribunal constitucional conoció una acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Fenatrexp).
La acción fue presentada por Itiel Rosario Ordóñez Castillo, presidente de la Junta Directiva y representante legal de la organización, quien impugnó los literales a y d del artículo 2, así como el literal a) del artículo 3 de la referida legislación.
Según la resolución del Expediente 5185-2026 la Corte de Constitucionalidad #CC suspendió de forma provisional tres disposiciones de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial. https://t.co/Yh0RtNnSFq
En su resolución, fechada el 27 de octubre de 2026, la CC determinó que concurren los supuestos establecidos en el artículo 138 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
Dicha normativa permite suspender provisionalmente disposiciones legales cuando se considera que existe una inconstitucionalidad notoria susceptible de causar daños irreparables.
Por ello, el tribunal ordenó suspender las disposiciones impugnadas mientras se resuelve el fondo de la acción de inconstitucionalidad.
Sin embargo, la decisión no constituye una sentencia definitiva ni deroga la totalidad de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, sino que deja temporalmente sin aplicación los apartados específicos señalados.
¿Qué suspendió la CC?
La resolución tiene efectos sobre tres obligaciones y sanciones relacionadas con la instalación y certificación del Sistema Limitador de Velocidad.
La primera es el literal a del artículo 2, del Decreto 45-2016, que habla sobre la instalación obligatoria del dispositivo.
Las disposiciones que fueron suspendidas por la #CC afecta la obligación de instalar limitadores de velocidad en unidades de transporte colectivo y de carga, obtener un certificado de implementación y multas por incumplimiento de instalación del sistema. https://t.co/pwxdtutDyi
Esta disposición establecía que los propietarios o representantes legales de las empresas de transporte colectivo de pasajeros y de carga debían efectuar, por su cuenta, una modificación mecánica en el sistema de admisión de combustible de sus vehículos.
El objetivo era que las unidades desarrollaran una velocidad máxima de hasta 80 kilómetros por hora, mediante mecanismos mecánicos o electrónicos.
La legislación también prohibía que el costo de estas modificaciones fuera trasladado a los usuarios del servicio.
El segundo precepto es la literal d del mismo artículo 2, que habla sobre la certificación y registro, este regulaba la emisión del certificado de implementación del Sistema Limitador de Velocidad, documento que acreditaba que una unidad cumplía con los requisitos establecidos.
El certificado debía emitirse mediante una declaración jurada que hiciera constar la instalación del dispositivo.
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Asimismo, establecía que el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) sería responsable de refrendar los certificados y mantener una base de datos de las unidades que cumplieran con el requisito. Para ello, la normativa contemplaba la creación del Registro Único Nacional de Tránsito
La tercera disposición suspendida provisionalmente es el literal a del artículo 3 que habla sobre la suspensión del servicio y multas. Esta establecía sanciones contra los transportistas que incumplieran, dentro del plazo estipulado, con la implementación del Sistema Limitador de Velocidad.
La norma contemplaba la suspensión del servicio automotor durante seis meses y una multa equivalente a entre cinco y diez salarios mínimos.
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DGT acatará resolución, pero no la comparte
Tras la publicación de la resolución, la Dirección General de Transportes (DGT), dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), confirmó que suspenderá la aplicación de las disposiciones señaladas por la CC.
La institución manifestó que respetará lo resuelto por el tribunal constitucional mientras permanezca vigente la medida provisional y hasta que se emita una resolución definitiva.
Sin embargo, aunque anunció que cumplirá la orden, la DGT expresó su desacuerdo con las consecuencias de la suspensión, al considerar que el mecanismo constituye una herramienta para prevenir accidentes de tránsito y proteger la vida de pasajeros, pilotos y peatones.
La entidad señaló que el Sistema Limitador de Velocidad fue implementado para reducir la velocidad de los vehículos de transporte extraurbano y de carga, y destacó que mecanismos similares se utilizan en otros países centroamericanos.
Asimismo, lamentó que la acción de inconstitucionalidad se haya presentado cuando, según sus registros, el programa mostraba avances en su implementación.
La DGT argumentó que los hechos de tránsito relacionados con estas unidades continúan provocando víctimas mortales, por lo que considera necesario mantener herramientas de prevención y control de velocidad.
Según datos de la PNC hasta el 5 de noviembre último 35,871 vehículos ya cuentan con el Sistema Regulador de Velocidad, de ellos 31,340, son transportes de carga y 4,531 son unidades de transporte colectivo de pasajeros.
La DGT también informó que existen 224 empresas autorizadas para implementar estos dispositivos, distribuidas en 16 departamentos del país, mientras otras seis se encuentran en proceso de autorización.
En cuanto a las sanciones, precisó que entre el 2 de marzo y el 5 de noviembre de 2026 se impusieron 229 multas por incumplir con la instalación del sistema, de estas 171 correspondientes al transporte colectivo y 58 al transporte de carga.
La DGT también anunció que promoverá las acciones legales correspondientes ante la CC, dentro de los plazos establecidos, con el propósito de defender la vigencia de las disposiciones suspendidas.
