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¡Se declara culpable! Exdiputada se acoge a Ley de Aceptación de Cargos

  • Por Karla Gutiérrez
16 de noviembre de 2023, 14:08
La exdiputada Daniela Beltranena se declaró culpable de dos delitos en el caso Cooptación del Estado. (Foto: Archivo/Soy502)

La exdiputada Daniela Beltranena se declaró culpable de dos delitos en el caso Cooptación del Estado. (Foto: Archivo/Soy502)

La exlegisladora Daniela Beltranena aceptó su responsabilidad por dos delitos en el caso Cooptación del Estado.

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La exdiputada Daniela Beltranena decidió someterse a la Ley de Aceptación de Cargos, en busca de una condena reducida por su implicación en el caso de corrupción Cooptación del Estado.

Persona de confianza de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y exintegrante de la bancada Partido Patriota, Beltranena aceptó su responsabilidad en los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.

La audiencia se llevó a cabo este jueves 16 de noviembre y estuvo presidida por la jueza Eva Recinos, quien emitió una sentencia de seis años de cárcel conmutables, a razón de Q5 diarios. Sin embargo, a esto deberá abonarse el tiempo que la exlegisladora estuvo en prisión preventiva.

Como parte del castigo, Beltranena tendrá que cancelar una multa de Q69,250.

Siguió los pasos de Otto Pérez

Al aceptar los cargos en su contra, la exparlamentaria sigue los pasos del expresidente Otto Pérez Molina, quien también se acogió a esa ley el pasado 6 de septiembre, por el mismo caso.

Él se declaró culpable de fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero, por lo cual se le sentenció a 8 años de cárcel; posteriormente, se le impuso el pago de Q4 millones en concepto de reparación digna a favor del Estado.

Según el artículo 491 Sexies del Código Procesal Penal, al acogerse a esta figura, la persona procesada puede optar una disminución del 50% en su condena, siempre y cuando tome la decisión antes de la apertura del juicio.

El caso

Según la investigación del MP y de la extinta Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG), funcionarios públicos integraron una maquinaria de lavado de activos para captar fondos para la campaña electoral del Partido Patriota en 2011.

La actividad ilícita de estas redes político-económicas se habría gestado y desarrollado durante el gobierno de Otto Pérez Molina. El caso se derivó de la investigación de La Línea y se le denominó Cooptación del Estado.

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