Los Codedes nacieron con la promesa de descentralizar la inversión y acercar las decisiones a las comunidades.
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La elección de los nuevos representantes de organizaciones y sectores no gubernamentales ante los Consejos Departamentales de Desarrollo para el período 2027-2028 cerró la semana pasada. Estas personas asumirán en enero la responsabilidad de priorizar y aprobar proyectos que, por los montos de arrastre y posibles asignaciones extraordinarias, podrían alcanzar hasta Q20 mil millones en un año electoral. El volumen es histórico. También lo es el riesgo.
Los Codedes nacieron con la promesa de descentralizar la inversión y acercar las decisiones a las comunidades. En la práctica se han convertido, una y otra vez, en estructuras vulnerables a la opacidad, el clientelismo y la corrupción. El aumento acelerado de fondos sin controles estrictos equivalentes, la cooptación por cacicazgos locales y políticos, y la atomización de la inversión en obras muchas veces deficientes no son denuncias aisladas, son patrones documentados por organizaciones de la sociedad civil, medios y análisis económicos.
La baja ejecución de 2026, apenas alrededor de una cuarta parte del presupuesto a finales del tercer trimestre, genera un "bolsón" de recursos que se arrastra hacia 2027. Ese arrastre, sumado a aportes ordinarios y a la posibilidad de nuevos extraordinarios, concentra un poder discrecional enorme precisamente cuando las campañas se intensifican. La tentación de usar la obra pública como moneda de cambio electoral no es teórica, es una constante histórica en Guatemala.
Los nuevos representantes sociales tienen ahora una oportunidad y una carga. Su legitimidad dependerá de si logran romper con la lógica de los "proyectos a la medida" de grupos de poder y de si exigen planificación técnica, competencia real en las adjudicaciones y seguimiento real a la calidad de las obras. No bastará con estar presentes en las sesiones. Hará falta independencia, transparencia y disposición a confrontar intereses particulares.
El Gobierno y el Congreso también tienen una responsabilidad ineludible. Incrementar recursos sin fortalecer al mismo ritmo los mecanismos de control, la capacidad municipal y la fiscalización ciudadana es una receta conocida.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y otras voces han advertido siempre que montos de esta magnitud superan la capacidad real de ejecución y aumentan la vulnerabilidad a abusos, especialmente en año electoral.
Lo que menos necesita Guatemala es más dinero mal gastado. La corrupción institucional ha sido por mucho la principal causa de pobreza y pobreza extrema. Para reducir esta lacra social, lo que el país necesita ahora es que cada quetzal se convierta en caminos transitables, agua potable, escuelas dignas con educación de calidad y obras que realmente mejoren la vida de todos los guatemaltecos.
Los Codedes pueden ser instrumento de desarrollo o caja de resonancia del clientelismo. La diferencia la marcarán la calidad de quienes los integran, la vigilancia ciudadana y la voluntad política de poner límites claros.
El relevo de representantes sociales llega en el momento preciso. Queda por ver si se convierte en punto de inflexión o en otra página más del mismo capítulo. El país observa.
