Para que la Terminal de contenedores de Puerto Quetzal (TCQ) inicie operaciones necesita una serie de autorizaciones, entre ellas la de depósito aduanero que da la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Sin embargo, el estado del contrato de la empresa está en un limbo judicial en manos de la Procuradoría General de la Nación (PGN). De esta forma, el jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, informó que se había enviado un oficio a la procuradoría para requerir información sobre el estado del contrato.
Sat envía diligencia a PGN para conocer estado contrato TCQ para poder emitir una resolución @soy_502 pic.twitter.com/RZI2Aod3iy
"El oficio nos sirve para esclarecer y tener la certeza de que el contrato sigue vigente y para hacer las consultas sobre qué se va a pasar", señaló Solórzano.
Según explicó el titular del ente recaudador, el Código Aduanero Centroamericano (Cauca) establece que debe existir un contrato en el que la empresa tenga la facultad de poder hacer uso del terreno para explotar la terminal.
De esta forma, si se anula el contrato, la SAT no podrá luz verde a la operación en la terminal.
"Esperamos tener una respuesta pronta y dependiendo la respuesta tomaremos la decisión", apuntó.
Solórzano no quiso dar escenarios hipotéticos y prefirió esperar la respuesta de la procuradoría que espera que sea "pronta". Según dicta la Constitución de la República, la SAT cuenta con 30 días para analizar la respuesta recibida.
