Autoridades precisan que aún existen la necesidad de mantener un marco jurídico que permita desarrollar acciones excepcionales.
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El Gobierno decretó el sexto estado de Prevención consecutivo, luego de concluir el estado de sitio que fue impuesto tras los ataques armados registrados el pasado 18 de enero contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), hechos que dejaron como saldo más de 10 oficiales fallecidos.
La medida fue oficializada este miércoles 6 de mayo mediante el Decreto Gubernativo 7-2026, publicado en el Diario de Centro América y aprobado en Consejo de Ministros.
El nuevo estado de prevención tendrá vigencia por 15 días y regirá en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango.
Según el decreto, la disposición responde a la continuidad de acciones estatales orientadas a prevenir y reprimir hechos contra las fuerzas de seguridad y el orden público.
El Gobierno decreta el sexto estado de Prevención consecutivo que regirá en Guatemala, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango. pic.twitter.com/EXkTcdgWzi
La medida busca evitar ataques armados atribuidos a integrantes de maras o pandillas y otras actividades violentas que, según el Ejecutivo, ponen en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y el desarrollo integral de los habitantes.
El Gobierno argumentó que aún persiste la necesidad de mantener un marco jurídico que permita desarrollar acciones excepcionales y coordinadas de las fuerzas de seguridad del Estado en áreas consideradas estratégicas, particularmente en departamentos con presencia de centros de detención o zonas fronterizas.
De acuerdo con el contenido del decreto, el estado de Prevención tiene como finalidad permitir la continuidad de operativos para prevenir perturbaciones graves de la paz y del orden público.
La medida también busca garantizar la protección efectiva de los derechos humanos y el funcionamiento institucional dentro del marco constitucional.
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Durante la vigencia de la medida, el Organismo Ejecutivo podrá limitar reuniones al aire libre, manifestaciones públicas y espectáculos, los cuales podrá impedir cuando sea considerado necesario.
También se faculta a las autoridades a disolver grupos o reuniones donde se utilicen armas o se incurra en actos de violencia.
Asimismo, el decreto autoriza restricciones a la circulación y estacionamiento de vehículos en determinados lugares y horarios, además de permitir registros y controles en puntos específicos definidos por las fuerzas de seguridad.
El Ejecutivo indicó que las medidas deberán aplicarse conforme a la Constitución y a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por Guatemala.
También se establece que las disposiciones no podrán utilizarse para limitar garantías judiciales indispensables ni afectar el funcionamiento de organismos del Estado o partidos políticos.
La estrategia de mantener estados de prevención consecutivos comenzó tras la ola de violencia registrada en enero, cuando ataques armados contra agentes de seguridad provocaron una de las jornadas más violentas contra la PNC en los últimos años.
Desde entonces, el Gobierno decretó un estado de sitio y luego estados de Prevención con los cuales ha sostenido las medidas extraordinarias para mantener operaciones de seguridad y contener el accionar de estructuras criminales.
