Las autoridades gubernamentales defienden el uso de los estados de excepción y expertos cuestionan la necesidad de continuar usándolos.
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El Gobierno de Bernardo Arévalo mantiene la defensa de los estados de excepción implementados desde enero de 2026 como una herramienta clave para recuperar el control territorial y contener la violencia.
Sin embargo, analistas en temas de seguridad y justicia advierten que, tras los resultados iniciales, estas medidas ya no serían necesarias para sostener las acciones operativas contra el crimen organizado.
Las disposiciones extraordinarias fueron decretadas luego de que el pasado 18 de enero la organización terrorista Barrio 18 perpetrara una serie de ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil, que dejaron más de 10 policías fallecidos y otra cantidad similar de heridos.
A partir de ese hecho, el Ejecutivo activó un estado de sitio y posteriormente, una cadena de estados de prevención que continúan vigentes en distintas modalidades y territorios.
De acuerdo con los registros del Ministerio de Gobernación (Mingob), solo se ha implementado un estado de sitio, el cual estuvo vigente del 18 de enero al 17 de febrero, y tres de prevención consecutivos, dos de carácter nacional y uno focalizado en seis departamentos: Guatemala, Petén, Huehuetenango, Escuintla, Izabal y San Marcos.
Actualmente, rige un cuarto estado de prevención que amplía su cobertura a Sacatepéquez, para un total de siete departamentos.
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El ministro de la Defensa Nacional Henry Sáenz aseguró que los estados de excepción han permitido fortalecer la presencia estatal en territorios donde previamente existían vacíos de control, ampliando el despliegue operativo en comunidades, rutas estratégicas y zonas fronterizas.
Según el funcionario, "estas acciones han facilitado operaciones militares contra el crimen organizado, incluyendo decomisos de armamento de alto calibre, como fusiles AK-47, y el combate sostenido al narcotráfico, particularmente en regiones como Petén".
Además, destacó que las estrategias han impactado las fuentes de financiamiento ilícito mediante la erradicación de cultivos ilegales y el control en fronteras.
En la misma línea, el presidente Bernardo Arévalo ha sostenido que los estados de excepción han sido efectivos para enfrentar la crisis de seguridad y contribuir a la protección de la población, al permitir una respuesta más amplia y coordinada entre instituciones.
"Ya no serían necesarios"
Analistas en temas de seguridad y justicia cuestionaron la necesidad de continuar con estas medidas y coinciden en que, si bien fueron pertinentes en el momento inicial de la crisis, su prolongación no necesariamente responde a una necesidad operativa real.
Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, señaló que el uso del estado de sitio en enero respondió a una situación extraordinaria provocada por la violencia vinculada a estructuras criminales, particularmente en el sistema penitenciario.
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Sin embargo, indicó que, tras el control inicial, la transición hacia estados de prevención pudo resultar innecesaria y subrayó que, "pese a la vigencia de estas medidas, la población mantuvo una dinámica relativamente normal y no se evidenciaron restricciones significativas a derechos fundamentales".
No obstante, advirtió que "el problema estructural persiste, especialmente en el Sistema Penitenciario, que considera continúa siendo vulnerable".
A su criterio, más allá de los estados de excepción, "se requiere una política institucional sostenida que permita recuperar el control de las cárceles y desarticular las redes criminales que operan desde su interior".
"De lo contrario, las medidas extraordinarias podrían repetirse sin generar soluciones de fondo", precisó la experta.
El analista en temas de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) Francisco Quezada, planteó que existe una falta de coherencia entre la declaratoria de los estados de excepción y las acciones ejecutadas por el Gobierno.
Según explicó, los operativos implementados para contener la violencia no requirieron, en la práctica, la suspensión de garantías constitucionales.
Quezada sostuvo que los estados de excepción "son herramientas diseñadas para situaciones extremas en las que el Estado no puede actuar bajo el marco ordinario, debido a la gravedad de la amenaza".
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En ese sentido, cuestionó si era necesario restringir derechos fundamentales cuando las acciones de seguridad pudieron ejecutarse sin dichas limitaciones.
Asimismo, advirtió sobre los riesgos que implica la normalización de estas medidas, al señalar que su uso recurrente "podría debilitar las garantías individuales y abrir la puerta a posibles abusos de poder".
Desde su perspectiva, los resultados en la reducción de la violencia se lograron principalmente por operativos focalizados y no por la aplicación de regímenes de excepción.
El analista también calificó la utilización de estas herramientas como un recurso que pudo tener un componente mediático, orientado a demostrar una respuesta inmediata ante la crisis, pero sin una justificación plenamente alineada con las acciones realizadas en el terreno.
