Mediante la aprobación de una nueva ley, se busca impedir que los privados de libertad cometan extorsiones.
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Casi un año después de haber sido presentada en el Congreso, comenzó el proceso para su aprobación una iniciativa de ley que busca disminuir las extorsiones que proceden de las prisiones.
El proyecto está registrado bajo la nomenclatura 6223 y plantea bloquear la señal telefónica y de internet en las cárceles que funcionan en el país y desde donde, según las mismas autoridades de seguridad, procede la mayoría de extorsiones.
Para el efecto, se propone obligar a los proveedores de esos servicios a implementar y mantener sistemas inhibidores, de tal manera que los reos no puedan acceder a telecomunicaciones no autorizadas.
La iniciativa también establece que la Superintendencia de Telecomunicaciones estaría a cargo de verificar el cumplimiento de esa norma, que alcanzaría a centros de prisión preventiva, máxima seguridad y cumplimiento de condena.
Sanciones
El proyecto de ley también propone sanciones que irían del 1 al 2 % de la renta neta bruta reportada por las operadoras autorizadas, en caso de que no cumplan con las citadas disposiciones.
Por otra parte, indica que la implementación del plan respectivo tendría que durar no más de seis meses después de la entrada en vigencia de la ley, mientras que los sistemas inhibidores se tendrían que establecer en no más de ocho meses.
La viabilidad de estas propuestas deberá ser analizada por la Comisión de Gobernación del Congreso, la cual tendrá que emitir el dictamen respectivo. Si este fuera favorable, la iniciativa regresaría al pleno de diputados para su aprobación, lo cual podría darse en tres lecturas o de urgencia nacional.
