A poco más de tres meses de la convocatoria a las elecciones generales de 2027, el TSE enfrenta el reto de investigar posibles casos de campaña anticipada, ordenar un escenario con decenas de grupos políticas y ampliar un padrón que ya supera los 10.3 millones de ciudadanos.
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé convocar a las elecciones generales y al Parlamento Centroamericano el 22 de enero de 2027. El calendario preliminar plantea que la primera vuelta se realice el 27 de junio y una eventual segunda elección presidencial el 22 de agosto.
Mientras esas fechas se acercan, uno de los principales puntos de análisis se encuentra en las denuncias por posibles actos de campaña anticipada y promoción de imagen.
Carlos Roberto Garza, inspector general del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó en el Congreso que de las 259 denuncias recibidas por posibles actos de campaña anticipada y promoción de imagen, 50 ya fueron archivadas, mientras que 209 continúan en trámite.
Los expedientes involucran principalmente a personas individuales y funcionarios, entre ellos diputados, alcaldes, concejales y otros funcionarios públicos.
Fiscalización electoral
Sin embargo, el analista político Renzo Rosal, más que enfocarse en la cifra acumulada, considera necesario conocer qué hay detrás de esas denuncias, quiénes están señalados, qué tipo de conductas se investigan y qué decisiones ha tomado el Tribunal.
Desde su perspectiva, presentar únicamente el número de expedientes permite conocer la dimensión del fenómeno, pero no la efectividad de la fiscalización electoral.
Agregó que la pregunta central, es cuántos de esos casos han derivado en sanciones, a quiénes se les han aplicado y cuáles han sido los criterios utilizados para resolverlos.
Rosal mencionó que las reformas electorales de 2016 fortalecieron la capacidad sancionatoria del TSE, entre ellas el aumento de las sanciones económicas y administrativas dentro de sus competencias. Por esta razón considera que el seguimiento debe enfocarse en cómo se está utilizando esa facultad. "No me importa tanto el número, como cómo es el tratamiento que le está dando el tribunal", señaló.
El analista Jorge Wong considera que el TSE enfrenta importantes desafíos para garantizar la transparencia del proceso, particularmente ante las denuncias por posible campaña anticipada, los cuestionamientos a determinadas figuras políticas y la capacidad institucional para fiscalizar las actividades de los partidos y sus candidatos.
El #TSEGuatemala sostuvo una reunión de trabajo con la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, en la que se presentaron los avances, acciones estratégicas y desafíos relacionados con la preparación del próximo proceso electoral.
Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el desarrollo de herramientas tecnológicas, estrategias para contrarrestar la desinformación, jornadas de empadronamiento y mecanismos orientados a fortalecer la organización y transparencia electoral.
Este espacio de coordinación interinstitucional permitió dar a conocer las acciones que impulsa el TSE, en el marco de sus competencias, para garantizar un proceso electoral organizado, transparente y confiable, que promueva la participación ciudadana y fortalezca la institucionalidad democrática del país.
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Uno de los principales retos, según Wong, es el control de la propaganda electoral en las redes sociales, debido a las dificultades para identificar y sancionar las campañas impulsadas mediante cuentas que escapan de la fiscalización. El analista advirtió que las sanciones económicas podrían resultar insuficientes cuando un candidato obtiene ventajas electorales antes de ser sancionado. A ello se suma la influencia que pueden ejercer las plataformas digitales internacionales en los procesos políticos nacionales.
Wong también manifestó inquietud por la implementación del voto en el extranjero, especialmente por la necesidad de aclarar su cobertura, los mecanismos de participación y las garantías de transparencia.
Asimismo, señaló la importancia de revisar el funcionamiento del sistema informático utilizado para la transmisión y el conteo de resultados, tomando en consideración los cuestionamientos surgidos durante las elecciones anteriores. A su criterio, todavía existen aspectos pendientes de resolver que podrían generar dificultades durante el desarrollo del próximo proceso electoral.
Finalmente, el analista advirtió que la violencia electoral y los asuntos que eventualmente deban resolver los órganos de justicia electoral representan desafíos adicionales. En ese sentido, consideró que el desempeño del TSE no dependerá únicamente de sus magistrados, sino de toda su estructura institucional.
"A mí me da la impresión de que hay muchos cabos sueltos todavía, de que se van arreglando cosas en la marcha, expresó Wong, al insistir en que el objetivo fundamental debe ser garantizar elecciones limpias, resultados claros y autoridades electas cuyo mandato sea reconocido tanto nacional como internacionalmente.
Por su parte, la diputada Sonia Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, consideró el número de expedientes preocupante y será una prueba de fuego para el TSE determinar cómo se resolverá cada caso.
"El Tribunal Supremo Electoral tiene que ser muy riguroso y tiene que tener una capacidad técnica para analizar y resolver cada caso en particular", porque una actuación insuficiente podría dejar casos sin resolver, pero una interpretación incorrecta también podría derivar en arbitrariedades, agregó.
Zona gris
La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) permite a los partidos realizar proselitismo fuera del período electoral, como difundir su ideología, propuestas y posiciones políticas, organizar actividades, capacitar a sus integrantes y promover adhesiones o afiliaciones.
La propaganda electoral, en cambio, comprende acciones dirigidas a persuadir a los electores, difundir programas de gobierno o promover políticamente a ciudadanos, afiliados o candidatos.
La diferencia radica en que la LEPP establece que la propaganda electoral solo puede realizarse durante la segunda fase del proceso, que comienza 90 días antes de las elecciones y termina 36 horas antes de la votación.
Por esta razón, la diferencia depende de su contenido, finalidad y contexto, y le corresponde al TSE determinar si una conducta constituye una infracción electoral.
Sin embargo, Rosal advierte que durante este periodo pueden profundizar prácticas de propaganda solapada, en las que determinadas actividades se presentan como proselitismo, aunque puedan tener componentes de promoción electoral.
A esto se suma el financiamiento electoral, tanto público como privado; el cumplimiento de la normativa electoral; y el uso de redes sociales, desinformación y uso de la inteligencia artificial.
Rosal considera que estas herramientas pueden convertirse en nuevos espacios de disputa electoral que requieren fiscalización, especialmente porque su utilización puede dificultar la identificación del origen de los mensajes, la promoción de una imagen o la difusión de contenidos políticos.
Agrupaciones políticas
El escenario electoral se encamina a tener varios partidos, además de los comités que buscan convertirse en organizaciones políticas.
Según los datos actualizados del TSE se registran 27 partidos políticos inscritos y 20 comités pro formación que buscan constituirse como nuevas organizaciones políticas rumbo a las elecciones de 2027.
Rosal, sin embargo, expone que el punto central no es si la diversidad numérica sino realmente la diversidad de propuestas, intereses y agendas.
Considera que Guatemala tiene un número elevado de partidos, pero que muchas organizaciones mantienen planteamientos similares que puede generar una fragmentación que no necesariamente se traduce en mayor diversidad política.
Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), también considera que el pluralismo es necesario para la democracia, pero advierte que la proliferación de partidos puede debilitar la institucionalidad cuando las organizaciones se construyen alrededor de personalismos y con poca participación democrática interna.
"Son instituciones que se articulan para tener resultados electorales. Su contribución al desarrollo de una democracia institucionalizada es muy limitada", señaló Hidalgo.
Padrón electoral
Según datos del TSE a la fecha se registran al menos 10.3 millones de ciudadanos y busca superar los 11 millones antes de los comicios.
Para el 22 de octubre de 2026, según los datos del padrón actualizado, 5,534,298 mujeres representan el 53.81% y 4,751,213 hombres el 46.19% de los ciudadanos inscritos y en la actualidad se desarrollan jornadas de empadronamiento a nivel nacional hasta marzo 2027 donde cuando finaliza este proceso.
Rosal considera que el problema del empadronamiento no puede resolverse únicamente con campañas que repitan la necesidad de registrarse, sino el punto de la desconfianza hacia los partidos políticos y las instituciones, particularmente entre los jóvenes.
Entonces, el mensaje debe explicar para qué sirve votar y cómo las decisiones electorales pueden incidir en la vida de los ciudadanos.
Hidalgo coincide en que el distanciamiento ciudadano tiene relación con la falta de propuestas que respondan a los problemas nacionales.
Además, vincula el bajo crecimiento del padrón a la falta de prácticas democráticas internas entre la población que afecta principalmente a los jóvenes guatemaltecos a no encontrar incentivos para empadronarse.
Según Hidalgo, la falta de educación ciudadana dentro del sistema educativo también contribuye a que las nuevas generaciones no tengan suficiente información sobre la importancia de participar en los procesos electorales.
Vigilancia electoral
De cara a los próximos meses, ambos analistas plantean que la vigilancia deberá abarcar el financiamiento, las asambleas partidarias, la afiliación, la campaña anticipada, las redes sociales y el cumplimiento general de la normativa electoral.
Para la diputada Gutiérrez, estos desafíos evidencian un problema que va más allá de la elección de 2027 y es la necesidad de revisar el sistema político y electoral guatemalteco, del cual considera que no basta con modificar algunos artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sino aplicar una reforma más profunda que permita actualizar las reglas frente a las nuevas formas de hacer política en el país como las campañas a través de redes sociales.
"Hoy estamos expuestos a las redes sociales y no están claramente establecidas las reglas por parte del Tribunal Supremo Electoral", señaló.
Asimismo considera que la Inteligencia Artificial plantea desafíos para la democratización, el proselitismo y las campañas electorales y reglas deben adaptarse a esas nuevas herramientas. "No solamente está ambigua la legislación, sino que está fuera del contexto", afirmó Gutiérrez.
