Los motines constantes en cárceles de Guatemala evidencian las debilidades del sistema penitenciario.
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En Guatemala, los motines y la retención de guardias penitenciarios ya no sorprenden a los guatemaltecos, pues se han convertido en episodios recurrentes que exponen las dificultades del Estado para mantener el control de las cárceles.
Los incidentes recientes en Renovación I, en Escuintla, y El Boquerón, en Santa Rosa, aunque el Ministerio de Gobernación (Mingob) confirmó durante la mañana de este 5 de noviembre que los trabajadores penitenciarios fueron liberados, evidenciaron, una vez más, las debilidades del Sistema Penitenciario (SP) para controlar la forma en la los privados de libertad organizan disturbios y mantengan estructuras criminales desde el interior.
Problemas estructurales
Según Corinne Dedik, investigadora senior y especialista en temas penitenciarios, esta situación responde a problemas estructurales que se han acumulado durante años. Entre las principales debilidades identifica el hacinamiento, la infraestructura antigua y la falta de personal suficiente para supervisar a la población reclusa.
Dedik explicó que Guatemala cuenta con aproximadamente 4 mil guardias penitenciarios que deben resguardar a unos 23 mil privados de libertad, es decir, que alrededor de 2 mil agentes deben atender a más de 20 mil privados de libertad por turno. Sin contar la disminución de personal por vacaciones, enfermedades y otras ausencias.
También señaló que los guardias reciben una preparación inicial de entre tres y seis meses, según las necesidades institucionales, pero después tienen pocas oportunidades de capacitación. Además, la rotación de puestos y centros penitenciarios provoca que pierdan parte de la experiencia adquirida.
Añadió que que estas condiciones dificultan la supervisión de los centros y el trabajo de los agentes, pues la falta de controles facilita actos de corrupción y el ingreso de objetos ilícitos, que después los privados de libertad pueden utilizar para cometer otros delitos, entre ellos, los disturbios.
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También advirtió que el hacinamiento y la falta de clasificación de los reclusos, según el grado de peligrosidad, permiten que integrantes de distintas estructuras criminales compartan espacios, conversen y organicen actividades. Incluso pueden reclutar a nuevos integrantes dentro de las prisiones.
Asimismo, la falta de personal y las deficiencias en la supervisión limitan la capacidad de las autoridades para mantener el control dentro de las cárceles.
Falta de inversión
Además, indicó que desde 2010 la población reclusa aumentó aceleradamente, pero el sistema no recibió recursos suficientes para ampliar su infraestructura, contratar personal, mejorar la seguridad o incorporar tecnología. En consecuencia, la institución opera para atender aproximadamente tres veces más personas de las que tiene capacidad de recibir.
El diputado Víctor Valenzuela, integrante de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso, atribuyó la crisis a problemas acumulados durante varias administraciones.
También consideró que el SP ha recibido poca atención dentro del Mingob y planteó la posibilidad de crear un instituto penitenciario que permita reorganizar su funcionamiento e incorporar a otras instituciones.
Mientras tanto, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, señaló en su momento que recuperar el control de las cárceles requiere fortalecer la autoridad estatal y contar con personal comprometido con la ley.
Durante la graduación de la promoción 29 de guardias penitenciarios, destacó que esta es la primera generación formada bajo el nuevo modelo de carrera penitenciaria.
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Además, Villeda enfatizó que los cambios en el SP deben traducirse en nuevas prácticas que se mantengan de forma constante dentro de las instituciones.
Recuperar la gobernabilidad penitenciaria
Guatemala tiene en construcción dos centros carcelarios nuevos, uno de máxima seguridad en Izabal y otro en Masagua, Escuintla. Sobre este último, la investigadora señaló que acumula problemas administrativos que han impedido avanzar con la obra.
Asimismo Dedik considera importante especializar al personal que estará a cargo de su funcionamiento y esta profesionalización debe acompañarse de una reforma integral.
Según indicó, construir nuevos centros penitenciarios no resolverá por sí solo el problema si las autoridades no garantizan una administración adecuada y controles internos efectivos.
Por otro lado, Dedik respalda las iniciativas que buscan incorporar actividades laborales y educativas para los privados de libertad, considera importante que los privados de libertad mantengan limitado el tiempo de ocio. No obstante, advierte que los programas deben alcanzar a una cantidad mayor de personas, pues las oportunidades actuales no cubren las necesidades de la población reclusa.
Para la investigadora, recuperar la gobernabilidad penitenciaria requiere una reforma de Estado que no se limite a un período de gobierno.
Explicó que los cambios en otros países han tomado 10 años o más y que Guatemala necesita mantener los proyectos y las políticas institucionales, incluso cuando cambien las autoridades.
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Dedik enfatizó en que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar condiciones seguras dentro de los centros carcelarios, proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad y asegurar el acceso a derechos básicos, como la salud, la alimentación y un espacio adecuado para cumplir sus condenas.
Sin embargo, señaló que la falta de control en las prisiones también representa una vulneración de los derechos humanos, porque permite que se desarrollen dinámicas de violencia y que las autoridades incumplan su obligación de proteger a quienes permanecen bajo custodia estatal.
En ese sentido, refirió que las autoridades deben recuperar la gobernabilidad de los centros, pero cualquier intervención debe respetar los derechos de los internos y utilizar únicamente la fuerza necesaria para restablecer el orden.
Por su parte, el director del SP, Jorge Guillermo López, aseguró que las autoridades recuperaron el control de Renovación I y El Boquerón, y confirmó que los guardias retenidos fueron liberados y se encuentran a salvo.
Según explicó, durante los incidentes no hubo enfrentamientos, armas faltantes ni personal detenido, tampoco se reportaron daños en la infraestructura o personas privadas de libertad desaparecidas.
Además, López indicó que la respuesta institucional incluyó la coordinación con la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Policía Nacional Civil (PNC), el Ejército y el Organismo Judicial.
Asimismo, manifestó que la Inspectoría y los órganos de control investigan los hechos para establecer responsabilidades. También afirmó que el Estado no cederá ante las demandas de las organizaciones criminales.
Aunque las autoridades informaron que las fuerzas combinadas mantienen por ahora acciones de seguridad en Renovación I y El Boquerón, según Dedik, este flagelo no se resuelve con intervenciones de emergencia. Es decir, el Estado necesita recuperar la capacidad de administrar, supervisar y mantener el control de sus centros penitenciarios a largo plazo.
