Caso IGSS-PiSA: MP asegura que el fraude mató a 70 personas

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Luego de ser aplazado varios meses, el juicio en el que la Fiscalía buscará demostrar dos fraudes cometidos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) llegó a su tercera jornada y se ha centrado en alegatos de apertura e incidentes.

En los primeros dos días, todas las partes procesales ofrecieron un discurso inicial en el que detallaron su propósito dentro del debate. La mayoría de abogados, se centró en demostrar la inocencia de sus clientes.

Este 26 de octubre, se ha dado lugar a la presentación de incidentes que buscan señalar las supuestas falencias del proceso penal. Sin embargo, podría ser hasta finales de esta semana, cuando el Ministerio Público empiece a mostrar las pruebas contra las 20 personas que enfrentan juicio, por incurrir en fraudes que además de desviar fondos del Seguro Social, provocaron la muerte de unas 70 personas.

Los delegados de la Fiscalía y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) enfatizaron los decesos que el caso denominado IGSS-PiSA generó.

Según la investigación del Ministerio Público (MP), 16 de los acusados facilitaron que se otorgara de manera fraudulenta un contrato de más de 116 millones de quetzales a la empresa de origen mexicano, Droguerías PiSA.

El contrato correspondía a la prestación del servicio de diálisis peritoneal, pero las deficiencias en una compañía que únicamente se dedicaba a la distribución de medicamentos colocó en riesgo la vida de los afiliados del IGSS, de acuerdo a la Fiscalía.

A la fecha, el MP contabiliza 70 muertes causadas por complicaciones que nacieron del servicio que PiSA prestó a los pacientes renales, entre estos decesos, se destaca el de la mujer que encabezó la denuncia de las anomalías referidas, Sorayda Macz.

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Entre los involucrados en el caso IGSS-PiSA figura el expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez; el subgerente administrativo, Álvaro Manolo Dubón; y el representante legal de PiSA, Edgar René de la Peña.

Así también, Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling; enfrenta juicio por ser el vínculo entre la compañía y el IGSS, ya que las pesquisas dan cuenta que habría acordado el otorgamiento del contrato del Seguro Social, a cambio de un 16 por ciento de su valor. 

Otto Molina Stalling fue el vinculo entre Droguerías PiSA y el IGSS. (Foto: Jesús Alfonso/Soy502)

Para demostrar que los acusados incurrieron en los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude, cohecho activo y pasivo, el MP cuenta con interceptaciones telefónicas.

Con las escuchas telefónicas se demostrará la negociación fraudulenta que se registró de manera paralela al proceso de licitación, de acuerdo a la Fiscalía.

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Otras de las pruebas que el MP presentará son fotografías de las reuniones en las que participaron los acusados, los documentos que avalan la supuesta idoneidad de la compañía, el contrato y la constancia de que la Farmacéutica PiSA no existía hasta el 15 de mayo de 2014 y que solo fue constituida para beneficiarse con el contrato en mención.

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