El Gobierno de Nicaragua decidió dar asilo político a Gustavo Adolfo Herrera Castillo porque, según él, es un perseguido político de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP).
En el diario oficial de ese país fue publicado el acuerdo que beneficia a Herrera, conocido como operador político del Gobierno del Partido Patriota y relacionado con una estafa millonaria al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
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Uno de los señalamientos contra Herrera es que intervino en la elección de Fiscal General y la designación de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones en el 2014.
Herrera solicitó el asilo político al Gobierno de Daniel Ortega señalando que se inició una nueva persecución penal por parte del MP y la CICIG, pese a que ya había sido clausurado el caso en su contra.
Herrera hace mención de una comunicación en la que se notifica que ese mismo caso cerrado fue elevado a mayor riesgo. Ese informe supuestamente corresponde al 20 de abril de 2018.
