El tramo de Cocales - Tecún Umán quedó abandonado en 2016 tras el escándalo de sobornos de la empresa Odebrecht, cuyo contrato se firmó en 2012 y comenzó a ejecutarse en 2013.
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Hace más de 14 años, el Congreso de la República aprobó uno de los contratos más conocidos y cuestionados en la historia política del país: se trata del proyecto de una carretera de 140 kilómetros de extensión a cargo de la empresa brasileña Norberto Oderbrecht.
La obra, según el contrato firmado con el Gobierno de Guatemala, empezó a construirse el 24 de junio de 2013. Sin embargo, pocos meses después, el 25 de noviembre de ese mismo año, fue modificado el Contrato. Esto motivó una auditoría de la Contraloría General de Cuentas, ya que elevaba sustancialmente el costo por kilómetro y el monto total de US$384.3 millones (casi Q3 mil millones), alcanzaría solo para 48 kilómetros y los 140 kilómetros previstos desde el inicio.
El 5 de febrero de 2016, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) realizó la última supervisión al proyecto. En este se observa que la obra debía construirse en 1096 días y que, en ese momento, faltaban 144 días para entregar el proyecto. Sin embargo, en aquella ocasión, las autoridades indicaron que los avances reportados de la obra, no correspondían con el avance físico.
El mayo de 2016, hace diez años, Odebrecht tomó la decisión de detener la obra, no solo por los hallazgos del Gobierno, los señalamientos de la Contraloría de Cuentas, sino por el escándalo que había estallado en Brasil dos años antes con la Operación Lava Jato, en donde se expuso una red de corrupción goblal que operaba en múltiples países, incluyendo a Guatemala. En diciembre de 2014, la fiscalía brasileña reveló documentos con anotaciones de supuestos sobornos al exministro guatemalteco, Alejandro Sinibaldi. El exfuncionario llamó a ese documento "papelito shuco".
Carretera ya puede repararse
Desde mayo de 2016, la carretera que iniciaría en Cocales, comunidad ubicada en Patulul, Suchitepéquez y que concluiría en Tecún Umán, en Ayutlá, San Marcos, quedó paralizada, con tramos sin reparar, sin señalización y con múltiples daños por falta de mantenimiento, esto por el proceso penal que rodea el caso contra Odebrecht.
Sin embargo, en junio de 2025, las autoridades del CIV corroboraron que ya no existen impedimentos legales que frenen el avance de la obra y que el Gobierno tiene vía libre para realizar una licitación y reanudar el proyecto.
Actualmente, en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) existe un proyecto vigente identificado con: 0116139 - AMPLIACIÓN CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 OCCIDENTE, COCALES - TECÚN UMÁN. Cuya responsabilidad recae en el CIV, según el documento al que Soy502 tuvo acceso.
El documento data del 5 de julio de 2018, dos años después del cierre del abandono de los trabajos y en este se lee que la situación del terreno está en "proceso de legalización", haciendo referencia a la situación de la ruta. Actualmente se encuentra en "emisión de opinión técnica".
Proceso penal vigente
Pese a que la relación entre Guatemala con la empresa brasileña inició en 2012, cabe destacar que este caso en particular tiene diferentes fechas a las cuales se hacen alusión. En 2013 inicia el contrato, en 2014 estalló el escándalo en Brasil, en 2016, la compañía decidió abandonar la obra y en 2018 inició un proceso penal tras la presentación de denuncias por parte del Ministerio Público y la entonces Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Desde el inicio del proceso penal, en 2018 cuando se dio a conocer este caso, ha acumulado una gran cantidad audiencias en las que se ha visto desfilar personajes políticos, funcionarios de gobierno de turno y abogados implicados en coordinar los supuestos sobornos.
Entre los principales sindicados en este caso, resaltan los nombres del exministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), Alejandro Sinibaldi y el excandidato presidencial, Manuel Baldizón.
Sentencia por sobornos
El pasado 1 de diciembre de 2025, el Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por María Eugenia Castellanos, sentenció a dos implicados en el caso Odebrecht, señalados de coordinar con representantes de la constructora brasileña el pago de supuestos sobornos realizados mediante transferencias bancarias.
El primero de los condenados fue el abogado Diego Chacón Yurrita, a quien le fue impuesto 9 años de prisión por los delitos de asociación ilícita (seis años inconmutables), y falsedad ideológica (3 años conmutables).
En tanto que el segundo, Pablo Yanes fue absuelto de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos.
El 11 de septiembre de 2025, el juez Mario Hichos, del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal dictó falta de mérito a favor del abogado Francisco Gallardo. A Gallardo se le acusaba de tener nexos en el caso por su posible participación en acuerdos fraudulentos, por lo que se le imputó los delitos de asociación ilícita, colusión, tráfico de influencias y obstrucción a la Justicia.
El 18 de septiembre de 2025, la Corte de Constitucionalidad (CC), confirmó la anulación de los convenios de colaboración eficaz, cuyo fallo había sido emitido por la Sala Primera de Mayor Riesgo.
Los acuerdos anulados se refieren a la colaboración expresada por los exdiputados del Partido Patriota (PP), Edgar Cristiani y Emilenne Mazariegos, quienes habrían aportado información dentro del Odebrecht.
Sinibaldi enviado a juicio
Con fecha 4 de junio de 2025, la CC revocó un amparo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ordenó que el exministro, Alejandro Sinibaldi, enfrentará juicio por el caso Odebrecht.
La decisión de la alta corte en materia constitucional obedece a que revocó un amparo que en marzo de 2024 emitió la CSJ, con el confirmaba la resolución del juez de Mayor Riesgo B, Manolo López, de cerrar definitivamente el caso contra Sinibaldi.
Con esta resolución, Sinibaldi deberá enfrentar debate oral y público por los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo.
Ligado a proceso
El juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Abelina Cruz Toscano, resolvió el 16 de mayo de 2025 ligar a proceso penal al abogado Roberto Horacio Sánchez Roca por su presunta vinculación al caso Odebrecht, por los delitos de asociación ilícita y falsedad ideológica.
En la imputación contra Sánchez se le señala de integrar una estructura criminal liderada por el exministro de Comunicaciones, en la cual, supuestamente, se dedicó a la creación de empresas para dar la apariencia de legalidad al dinero que había obtenido de procedencia ilícita.
Nueva fase
El 12 de mayo de 2025, el MP dio a conocer que, a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el juzgado de Mayor Riesgo D, emitió las órdenes de captura contra siete personas, posiblemente involucradas en el caso Odebrecht.
En esta ocasión, como producto de dicha petición fue capturado el abogado Roberto Horacio Sánchez Roca, quien fue ligado a proceso penal, posteriormente.
La audiencia de recusación contra la jueza A del Juzgado Quinto Penal, Judith Secaida, prevista para el 23 de enero de 2025 por la Sala Tercera de Apelaciones fue suspendida porque todas las partes no se presentaron.
La queja contra Secaida fue planteada por el ahora exjefe de la FECI, Rafael Curruchiche, con el argumento de que la jueza no debía continuar conociendo el caso debido a su supuesta imparcialidad en las investigaciones.
La última acción ejecutada en este caso ocurrió el 13 de abril de 2026, cuando la CSJ anuló las órdenes de captura emitidas contra el extitular de la CICIG, Iván Velásquez; la fiscal, Luisa Adriana Camargo; la exfiscal General y jefe del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana; y el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Esto sucedió luego de que la Cámara de Amparo de la CSJ determinara que dichas órdenes emitidas por la Sala Tercera de Apelaciones carecían de sustento legal.
El caso Odebrecht: línea de tiempo
La constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A. operó en Guatemala entre 2012 y 2016, con un único contrato documentado: la ampliación a cuatro carriles de 140 kilómetros de la carretera CA-2 Occidente (Cocales–Tecún Umán).
El caso destapó una de las redes de corrupción más grandes en la historia reciente del país, involucrando a un expresidente, una exvicepresidenta, un exministro, un excandidato presidencial y más de un centenar de diputados.
Octubre de 2012: Aprobado en el Congreso
El 11 de octubre de 2012, un total de 111 diputados aprobaron de urgencia nacional el Decreto 29-2012, que autorizó la obra a cargo del Ministerio de Comunicaciones. El financiamiento total: US$399.4 millones. De estos, US$280 millones provendrían del BNDES (Brasil) y un total de US$119.4 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Diciembre de 2012: Firma de contrato
El contrato fue firmado entre la Constructora Norberto Odebrecht S.A. y la Dirección General de Caminos (DGC) del Ministerio de Comunicaciones. El froyecto fue nombrado: Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-2 Occidente, tramo Cocales–Tecún Umán (140 kilómetros). Por un monto total de US$364 millones.
Mayo de 2013: Inicio de obras
El proyecto inició en mayo de 2013 desde Cocales, Suchitepéquez, con destino a Tecún Umán, San Marcos.
Mayo 2014: Operación Lava Jato
La operación Lava Jato en Brasil expone la red global de corrupción de Odebrecht. En diciembre de 2014, la fiscalía brasileña reveló documentos con anotaciones de supuestos sobornos al exministro guatemalteco Alejandro Sinibaldi. Documento al que el exministro se refirió "papelito shuco".
Mayo 2016: La obra se paraliza
En mayo de 2016, Odebrecht paralizó la construcción de la CA-2 Occidente en Guatemala. Al revisarse la obra, el gobierno constató que el avance financiero no correspondía al avance físico. Una modificación del contrato disparó el costo por kilómetro: el presupuesto solo alcanzaría para 48 km de los 140 previstos. El 70% de los materiales debían comprarse en Brasil aunque en Guatemala fueran más baratos (incluido el asfalto).
2016: EE.UU. confirma los sobornos
Estados Unidos anunció que Odebrecht pagaría US$2,600 millones en multas por orquestar esquemas de soborno en al menos 12 países de América Latina. El Departamento de Justicia de EE.UU. confirmó que Odebrecht pagó US$18 millones en sobornos a funcionarios guatemaltecos entre 2013 y 2015.
Enero 2018: MP y CICIG presentan caso
El Ministerio Público y la CICIG presentaron formalmente el caso Odebrecht, estableciendo que Sinibaldi gestionó y concertó el pago de sobornos con directivos de la constructora brasileña.
Agosto 2020: Sinibaldi se entrega
Alejandro Sinibaldi se entregó a la justicia guatemalteca en agosto de 2020, tras haber estado prófugo desde 2015. En octubre de 2020, la jueza Erika Aifán lo ligó a proceso en el caso Odebrecht. En un testimonio de 41 páginas, Sinibaldi detalló el entramado de corrupción, involucrando a 108 exdiputados del Congreso con sobornos de entre Q250 mil y Q500 mil por voto.
Enero 2023: capturan a investigadores
El MP emitió órdenes de captura contra la exfiscal general Thelma Aldana, la exsecretaria del MP, Mayra Véliz, el exmandatario de la CICIG, David Gaitán, y el abogado Juan Pablo Carrasco, por los delitos de obstrucción de justicia y abuso de autoridad, por la forma en que negociaron los acuerdos de colaboración con directivos de Odebrecht. En esta oportunidad Sinibaldi y Baldizón, acusados en el caso, quedan libres con medidas sustitutivas.
Febrero de 2023: nuevas capturas
El MP informó la captura de 5 personas vinculadas al caso Odebrecht por lavado de dinero: dos abogados y tres representantes de empresas. Estaban acusados de haber formado parte de la red de Baldizón mediante la creación de empresas offshore en Panamá.
2023 y 2024: cerrado caso contra Sinibaldi
En julio de 2023, el juez Juan José Jiménez cerró el caso Odebrecht contra Sinibaldi, evitando que fuera a juicio. En abril de 2024, la jueza Abelina Cruz cerró el caso Construcción y Corrupción contra Sinibaldi, eximiéndolo de delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, financiamiento electoral no registrado y lavado de dinero. La jueza Cruz también devolvió Q4 millones a Carlos Batres Gil y aceptó tanto a Baldizón como a Sinibaldi como querellantes contra el exfiscal Sandoval.
La jueza Erika Aifán, quien giró la orden de captura original contra Baldizón, renunció en 2022 y salió del país denunciando persecución en su contra.
Junio de 2025: CC ordena juicio contra Sinibaldi
La Corte de Constitucionalidad revocó el amparo que la CSJ había concedido a Sinibaldi, ordenando que enfrente juicio por su implicación en los sobornos de Odebrecht.
Además, el CIV anuncia que no existen impedimentos legales para reactivar la construcción de los 140 kilómetros de la obra que Odebrecht dejó inconclusa. Inician los análisis para realizar una nueva licitación.
Abril de 2026: anulan órdendes de captura
El 13 de abril de 2026, la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocó las órdenes de captura emitidas contra personal de la extinta CICIG y exfiscales de la FECI.
